Colombia busca a 50.000 desaparecidos

Infolatam
Bogotá, 20 de octubre de 2010

Las claves

  • Colombia está entre las naciones con mayor número de desapariciones forzadas del mundo.
  • Desde el martes, Colombia participa en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas.

La búsqueda de 50.000 desaparecidos se ha tornado en un gran drama en Colombia, donde el conflicto armado sigue arrojando víctimas, quedan muchas fosas sin exhumar y heridas sin cerrar, mientras las familias no cesan en su lucha por recuperar a sus seres queridos.

La decisión del Congreso de aprobar el martes la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, adoptada en 2006 por la ONU, es un paso firme para encontrar la verdad.

Con casi 50.000 casos, Colombia está entre las naciones con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo, confesó a Efe el coordinador de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Defensoría del Pueblo, Andrés Peña.

Y en un contexto “difícil” porque “los países que han empezado a destapar a sus desaparecidos están en situación de postconflicto”, cuando en Colombia sigue viva la confrontación armada.

Según este abogado especialista en Derechos Humanos, “se requiere un proceso de mayor transición, de voluntad política y que los actores comiencen a contar la verdad” para tener resultados en el delicado proceso de búsqueda y reparación.

Todo en un ambiente de extrema “tristeza” porque si bien la mayoría de los victimarios “son miembros de grupos ilegales, paramilitares principalmente y guerrillas, una parte muy importante corresponde a agentes del Estado”, dijo Peña.

A junio pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda, creada en 2000, había registrado 47.757 casos, mientras que la Fiscalía General, encargada de la búsqueda, exhumación e identificación, contabilizaba 27.000 bajo el reconocimiento de que le queda mucho por analizar.

El freno de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, liderada por Luis González, es que cuenta con 18 equipos y sólo nueve forenses para realizar ese complejo proceso a lo largo y ancho del país.

Todo comienza con la confesión del victimario sobre el crimen y el lugar de la matanza; después los fiscales se introducen en las espesas selvas en busca de las fosas, lo que suele llevar días de trabajo y caminatas.

En sus instalaciones también se realiza la identificación con técnicas de ADN y pruebas bucales. Allí trabajan doctores y especialistas que a diario analizan, hueso a hueso, cajas repletas de esqueletos sobre una mesa de quirófano.

Para González, esto ha sido posible gracias a la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 como marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales, que arrancó confesiones a los ejecutores.

Pero, a pesar de los esfuerzos, sólo se han recuperado 3.200 cuerpos, de los que 1.200 han sido identificados.

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