Infolatam
Madrid, 18 septiembre 2010

Del mismo examen se desprenden también resultados que arrojan dudas acerca de la posibilidad de que la mayoría de los países logren cumplir varias metas. De hecho, algunos estarán lejos de alcanzarlas si se mantiene el ritmo de avance registrado hasta 2008. Además, aun cuando otros han logrado progresos importantes, hacia 2015 continuarán presentando grandes rezagos. Esto es evidente en lo que se refiere al muy elevado nivel de pobreza extrema que seguirán registrando los países de menor desarrollo de la región.

Hasta 2008, el avance en la reducción de la pobreza logrado por algunos de los países de menor ingreso por habitante desde 1990 ha sido más lento que el alcanzado por los de mayor desarrollo relativo. También resulta preocupante constatar que cinco de los siete países de menor ingreso por habitante de América Latina progresaron a un ritmo insuficiente para alcanzar en 2015 el segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio: lograr la enseñanza primaria universal. Ambos resultados no quedan reflejados en el agregado regional debido a la alta gravitación en ellos de los dos países más poblados de América Latina: Brasil y México. Estos resultados tampoco se aprecian en las evaluaciones mundiales del progreso alcanzado por las distintas regiones, ya que estas esconden grandes diferencias entre los países que las integran.

Teniendo en cuenta el marco general de una agenda para el desarrollo con igualdad en la región —cuyo horizonte estratégico es “crecer para igualar e igualar para crecer” (CEPAL, 2010b)— las distintas dimensiones de la desigualdad cobran distinta importancia en los países de la región de acuerdo a su nivel de desarrollo. Por ello el diagnóstico de las situaciones de rezago y las propias orientaciones de política para superarlas que se señalan en el informe toman en consideración el nivel de ingreso por habitante de los países. En otras palabras, si bien esas dimensiones de la desigualdad están presentes en todos los países, en algunos el desafío de la inclusión social reclama con mayor urgencia avanzar en la garantía de pisos mínimos de bienestar para cumplir las metas del Milenio. Es el caso de los países de menor desarrollo, los que pese a los progresos logrados desde 1990, todavía presentan niveles muy elevados de pobreza extrema.

Siendo igualmente importante la garantía de los derechos, en los países de desarrollo medio y alto de la región la superación de las desigualdades efectivas constituye una tarea impostergable para progresar hacia el logro pleno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este caso, las desigualdades entre distintos grupos y estratos de la población se manifiestan claramente en el mercado de trabajo y en la educación, y su eliminación constituye un derecho y una condición necesaria para acceder a empleos de calidad. En razón de la importancia relativa de la superación de las distintas formas que asumen las desigualdades en los países, la evaluación del progreso hacia las metas del Milenio que se presenta en el documento así como la organización de la información estadística, se realiza a partir de una clasificación de los países en distintos grupos según su nivel de desarrollo relativo.

En base a este enfoque el informe presenta las siguientes conclusiones principales y orientaciones de política a partir del examen de las tendencias registradas, con sus logros y rezagos, en los distintos ODM en los países de América Latina y el Caribe1

•          La importancia de una superación sostenida de la pobreza sobre la base de estrategias y políticas que apunten a la efectiva inclusión social de los grupos excluidos y vulnerables, más allá de la provisión de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades básicas. Para ello, sin abandonar los necesarios programas sociales de atención a los estratos más rezagados y mejorando su eficiencia y eficacia, las políticas públicas deben adoptar una orientación universalista y solidaria (no contributiva) en los sistemas de protección y seguridad social. Este es un componente central de las políticas públicas orientadas a interrumpir los mecanismos mediante los cuales se reproduce la desigualdad entre generaciones. En este marco, también resulta fundamental —junto con la generación de empleo productivo y decente— promover el acceso a los niveles educativos que permiten situarse fuera del umbral de la pobreza y su culminación efectiva y, especialmente, garantizar la igualdad en la calidad de la educación y en sus sinergias positivas con las dinámicas y demandas emergentes del mercado laboral en la región.

•          Dada su relevancia para superar de manera sostenida la pobreza y dar acceso a las redes de protección y seguridad social a la población, el empleo productivo y decente posee un lugar central en la promoción de una agenda de desarrollo con igualdad. Por una parte, en este ámbito se requiere promover estrategias de convergencia productiva que permitan reducir las disparidades en la calidad del empleo y en las remuneraciones entre los distintos estratos productivos de las economías latinoamericanas y caribeñas. Por otra parte, es fundamental avanzar en la generación de empleo decente, como condición previa de lo anterior, mediante la promoción del respeto efectivo de los derechos de participación y negociación colectiva vigentes en los acuerdos internacionales y el fortalecimiento de las instancias de diálogo social entre los actores del mundo del trabajo, de manera que los incrementos de productividad vayan asociados a beneficios para los trabajadores y a su protección social.

•          Los países de la región deben desarrollar políticas y programas que permitan revertir, en los plazos más breves posibles, la pérdida de recursos del medio ambiente y el deterioro de los ecosistemas. Si bien el cambio climático es un fenómeno sumamente relevante que merece políticas específicas, el núcleo de la sostenibilidad ambiental del desarrollo se relaciona con la pérdida de biodiversidad asociada a algunas de las principales actividades económicas de la región. Por ello, en última instancia, es fundamental avanzar en la modificación estructural de los sistemas de producción y de consumo para poder transitar hacia una economía verde que logre revertir el deterioro de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos no renovables. Todo esto requiere, además de la conciencia de los actores privados y de la sociedad civil, un Estado fortalecido con instrumentos de regulación efectivos y que incorpore en sus políticas y programas nacionales los principios del desarrollo sostenible.

•          En el informe se destaca que la eliminación de las desigualdades basadas en el género posee especial relevancia para una agenda del desarrollo capaz de incorporar, además del principio de igualdad, el valor de la diferencia que permite establecer medidas de acción positiva para eliminar las inequidades y discriminaciones de género. Las políticas públicas en este ámbito deben apuntar en tres direcciones complementarias: i) la efectiva autonomía económica de las mujeres, velando por la no discriminación en el mercado laboral, tanto en el acceso al empleo como en su calidad y en las remuneraciones; ii) la garantía de su autonomía física, que, además de relacionarse con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, se vincula estrechamente con el cumplimiento de la nueva meta 5.B sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva, y iii) la promoción del empoderamiento de las mujeres mediante una mayor participación efectiva en distintas esferas de decisión, tanto en el sector privado como en los organismos públicos. En este ámbito, es clave que las leyes de cuotas sigan elevando la participación de las mujeres en los parlamentos nacionales.

•          El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constituye un nuevo ámbito en que se manifiestan las desigualdades entre países y dentro de ellos. En la medida en que no todos logran acceder a estas nuevas herramientas, o lo hacen con evidentes diferencias de calidad, emerge una nueva forma de exclusión social: la brecha digital. Para lograr una difusión efectiva e igualitaria de los beneficios económicos y sociales de las TIC en el marco de la sociedad del conocimiento se requiere de políticas que garanticen, además de su acceso universal, una equidad en la calidad y promoción de estas tecnologías, sobre todo en la educación y la gestión gubernamental (gobierno electrónico) en sus distintos niveles (central, regional, provincial y local).

•          Por último, en el informe se subraya la importancia de la articulación de un pacto social en los países de la región para avanzar en esta nueva agenda de desarrollo y en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con igualdad. Esta alianza entre actores sociales y políticos clave debería proveer las condiciones mínimas para un pacto fiscal por la equidad distributiva, que permita generar mayores recursos fiscales y, a partir de ahí, fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal a los umbrales básicos del bienestar y avanzar en el cierre de las brechas sociales. Por este motivo, en el capítulo IX del informe se consignan las diferencias que existen entre los países latinoamericanos para poder generar recursos suficientes a partir de este pacto fiscal y la necesidad de complementarlos con flujos provenientes de la asistencia oficial para el desarrollo en el caso de los países de menores ingresos.