Con el género y sin el pecado
Semana
Bogotá, 22 de agosto de 2010
Por Alfredo Rangel
“El pronunciamiento de la Corte Constitucional que invalidó el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos debe verse más como una oportunidad que como un problema. Nos puede permitir quedarnos con la ayuda norteamericana, pero quitarnos de encima el falso estigma de tener nuestro territorio lleno de ‘bases militares norteamericanas’. Es decir, podríamos quedarnos, al contrario de lo que dice el adagio popular, con el género y sin el pecado. Y esto es muy conveniente…
Ahora el gobierno colombiano tiene ante sí tres opciones: tramitar en el Congreso el acuerdo tal y como se acordó con Estados Unidos, presentarlo con modificaciones y no presentarlo. Creo que la mejor opción es la última, porque nos permite: 1) ahorrarnos el debate de una estéril discusión interna, 2) evitar el perverso efecto distractivo de un trámite parlamentario en momentos en que la agenda legislativa está tan abultada con proyectos de enorme interés nacional en muchos campos, 3) eludir el riesgo de que eventuales modificaciones introducidas en nuestro Congreso obliguen a su reconsideración en el Congreso norteamericano, con inciertos resultados, y 4) desarmar el discurso anticolombiano de algunos gobiernos vecinos y de otras hierbas que ocultan mal sus simpatías ideológicas con la guerrilla.
Pero, simultáneamente, nos permite seguir aprovechando, y aún con más intensidad, la cooperación norteamericana en el marco de acuerdos anteriores vigentes que han sido tan útiles en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Solo a título de ejemplos, el ataque al campamento de Raúl Reyes, las operaciones Jaque y Camaleón, y los golpes contra los más importantes capos del narcotráfico de los años recientes, se han realizado con la ayuda de los acuerdos anteriores y sin que hubiera entrado a operar el acuerdo que tumbó la Corte.
Porque, en realidad, lo que el nuevo acuerdo adicionaba a los anteriores, siendo importante, era más bien marginal. Ahora los aviones norteamericanos que interceptan las comunicaciones de la guerrilla y de los narcos ya no podrán despegar y aterrizar desde siete bases militares colombianas, sino desde cinco, que de todas maneras, y con un poco más de esfuerzo, garantizan la cobertura de todo el territorio. El suministro de información en tiempo real a las Fuerzas Militares colombianas ya no será una obligación contractual de los militares norteamericanos sino un gesto de confianza. La presencia de tripulantes colombianos en todos los vuelos de dichos aviones ya no será un requisito sino una demostración de buena fe. En fin, lo importante que se pierde es subsanable sobre la base de la buena voluntad y el ánimo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia.
Poco nos debe importar que con la decisión de la Corte y la no presentación del acuerdo al Congreso los malquerientes del Estado colombiano se froten las manos con satisfacción. O que disfruten con la falsa ilusión de creer que se resquebrajaron la cooperación y nuestra alianza con Estados Unidos. En realidad nada grave ha pasado y este no es un problema de orgullo nacional o de principios, sino de pragmatismo y conveniencia. De todas formas, el acuerdo se cayó por una decisión autónoma de una de nuestras altas Cortes, y no como resultado de ninguna presión externa.
Pero lo que se gana en términos políticos y diplomáticos al renunciar al tratado no tiene en la práctica ningún costo operacional significativo ni afecta nuestra capacidad de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y esto último es realmente lo importante”.
