Infolatam
Bógotá, 16 agosto
Por Román Ortiz

En Colombia como en cualquier otra democracia, los inicios de un gobierno son momentos políticos especiales. La opinión pública suele percibirlos como nuevos principios desconectados de todo lo anterior. De manera mágica, espera que los obstáculos que frenaban la solución de los problemas se hayan ido con la administración saliente. El nuevo ejecutivo necesita ser sensible a las demandas de la sociedad; pero al mismo tiempo está obligado a recordar qué es posible y conveniente y también qué resulta irrealizable o potencialmente catastrófico. Se trata un esfuerzo para armonizar el entusiasmo por el futuro con la dura lógica política definida por relaciones de poder y recursos disponibles.

Esta coyuntura, cargada de oportunidades, pero también con posibilidades de conflicto, es uno de los escenarios preferidos de los terroristas. Retan al nuevo ejecutivo con acciones armadas y tratan de seducir a la opinión pública con promesas de paz. La idea es enviar a la una contra el otro, debilitar la legitimidad de los recién llegados a la cúpula del Estado y alimentar en la opinión pública el ansia por un proceso de negociación que les permita fortalecerse. Esta es la estrategia detrás del carro bomba que detonaron las FARC el pasado 12 de agosto en el centro de Bogotá. Se trata de un esfuerzo fútil porque la administración Santos y la opinión pública colombiana han dado repetidas señales de ser inmunes al chantaje. Pero demuestra la voluntad de la guerrilla por perseverar en la violencia y reafirma la lucha contra el terrorismo como una de las prioridades del nuevo gobierno.

El ataque terrorista contra Bogotá fue el último de una serie de movimientos de la guerrilla para tratar de afectar la transición que culminó con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia.  Para empezar, Alfonso Cano en su calidad de líder de las FARC liberó un video conocido a comienzos de agosto donde lanzaba un mensaje a UNASUR y se manifestaba dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno colombiano. Un comunicado que “casualmente” llegó en los mismos días en que el presidente Chávez afirmaba en una cumbre de esta organización que el conflicto colombiano era una amenaza a la paz regional y los países miembros debían unirse para impulsar un plan de paz. Muy rápidamente, el video de las FARC provocó una cadena de especulaciones entre la prensa y la academia sobre la posibilidad de que la guerrilla estuviese dispuesta a negociar su desmovilización.

Entretanto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desactivaron una cadena de intentonas terroristas todas ellas destinadas a perturbar la toma de posesión del nuevo presidente el 7 de agosto. Finalmente, cuando las medidas de seguridad tomadas durante los días de de la ceremonia presidencial comenzaron a reducirse, se produjo el ataque terrorista contra un blanco relativamente poco protegido como la cadena de radio CARACOL.

Esta combinación de oferta de conversaciones y escalada militar colocó al recién llegado gobierno en una difícil disyuntiva. Por un lado, minimizar la relevancia del ataque y responder a la oferta de diálogo de la guerrilla con lo que se daba una señal de debilidad ante el terrorismo o reafirmar el rechazo a cualquier diálogo mientras continuara la violencia y aparecer como opuestos a explorar la posibilidad de una negociación. La respuesta llegó clara del nuevo mandatario al día siguiente del atentado: no habría ninguna posibilidad de diálogo con las FARC mientras la organización no abandonase el terrorismo. En palabras del presidente Santos, “hasta que no veamos eso, esta llave [de la negociación] se mantendrá muy guardadita”. Una afirmación que vino acompañada de una desautorización a cualquier mediación nacional o internacional puesto que la apertura de cualquier canal de diálogo era de exclusiva competencia del gobierno colombiano.

Esta secuencia de acontecimientos se parece notablemente a la dinámica estratégica que siguió al comienzo del segundo mandato del presidente Uribe en 2006. Entonces, el jefe del Estado colombiano dejó vislumbrar que podría estar abierto al diálogo con la guerrilla bajo ciertas condiciones. Esta posición fue respondida por las FARC con una propuesta para avanzar en la liberación de algunos de secuestrados que fue recibida favorablemente por el gobierno. En ese contexto, a mediados de octubre de 2006, se produjo el ataque terrorista contra la Escuela Superior de Guerra en el centro de Bogotá. Como respuesta, el gobierno rechazó cualquier contacto con la guerrilla y optó por mantener la presión militar. En ese entonces, la decisión de la administración Uribe fue recibida con fuerte críticas por sectores políticos e intelectuales que la acusaron de cerrar las puertas a una posibilidad de paz. Hoy, la opinión pública colombiana está suficientemente hastiada de las estratagemas de las FARC como para que no hubiese voces en contra de la actitud asumida por el nuevo gobierno. Como señaló el presidente Santos, “los engaños se han venido acumulando a través de la historia”.

Para los amigos de las teorías de la conspiración queda la duda de que el atentado pueda ser obra de oscuras tramas de extrema derecha decidas a quebrar cualquier posibilidad de diálogo entre el gobierno y las FARC. Lo cierto es que a la vista del comportamiento de las FARC no parece que haga falta ningún agente externo para boicotear unas expectativas de paz que el grupo ha manipulado estratégicamente; pero nunca ha concretado. De hecho, después de décadas de conversaciones, no ha sido posible arrancarle a la guerrilla una promesa de desarme a cambio de un conjunto de condiciones concretas y aceptables. Más allá de eso, no existe ningún precedente de un atentado con carro bomba en el centro de una gran ciudad colombiana del que se haya demostrado que fue ejecutado por un grupo de extrema derecha. Todo ello sin olvidar que las FARC negaron sistemáticamente su responsabilidad en el ataque contra el club social El Nogal en 2003 hasta que las investigaciones realizadas por la Fuerza Pública demostraron sin lugar a duda su culpabilidad.

Así las cosas, la principal conclusión derivada del atentado de Bogota podría ser la confirmación de que las FARC apuestan por más de lo mismo. Como en otras ocasiones, el objetivo es tratar de desestabilizar las instituciones democráticas, desgastar la imagen del gobierno y buscar un escenario de conversaciones que permita el fortalecimiento de la organización. En este sentido, el comportamiento de las FARC no se separa un ápice del habitual en grupos terroristas como ETA  en España, el PKK en Turquía o los Naxalitas en la India. Todos ellos son minorías radicales cuya única relevancia proviene de su voluntad de usar la violencia para promover proyectos ideológicos rechazados masivamente por sus sociedades. Como consecuencia, si optan por desmovilizarse, saben que están condenados a la completa insignificancia. En consecuencia, las ofertas de negociación son solamente una estratagema y la perseverancia en el terror su única alternativa para tratar de conservar influencia sobre el escenario político. En tales circunstancias, la única opción para un Estado democrático es confrontarlos con todos los instrumentos legales a su disposición.