Atenea
Madrid, 28 de junio de 2010
Por Sonia Alda

Cada víctima que se suma a la larga e imparable lista de muertes por causa del crimen organizado, en México, cuestiona nuevamente la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Caderón. En las encuestas de las últimas semanas, crece el rechazo de la ciudadanía contra de la estrategia de la "guerra", que parece que está contribuyendo a alimentar una violencia, que todo el mundo rechaza.

Entre las últimas noticias más impactantes que han trascendido a la prensa internacional, destaca la emboscada de un grupo armado que provocó la muerte de 10 policías en el estado de Michoacán, en medio de un repunte de la violencia vinculada al narcotráfico. Pocos días después de esta noticia, el mismo presidente firmó un documento llamado "La Lucha por la Seguridad Pública".

El documento no expresa autocrítica alguna, ni modifica ninguno de los planteamientos de esta política de seguridad. De hecho exime de cualquier responsabilidad al actual gobierno sobre el creciente poder del crimen organizado y del aumento de la violencia. Sin embargo, no por ello deja de plantear cuestiones de interés relacionadas con las causas que explican el origen, la complejidad y la dimensión de este problema.

En opinión del presidente mexicano, los Estados Unidos tienen responsabilidades importantes sobre el origen y el desarrollo del narcotráfico, ya que el vecino del norte es el mayor consumidor de drogas del mundo. Así mismo critica de manera abierta y directa, en el mismo documento, la falta de restricciones a la venta de armas en los Estados Unidos, ya que ha hecho posible la adquisición de equipos de armamento de gran potencia a las bandas del crimen organizado. Un aspecto que ha favorecido su fortalecimiento y aumento de la violencia.

Sin embargo, no se implica únicamente al país vecino, hay también responsabilidades nacionales que están directamente relacionadas con el crecimiento de un mercado de drogas nacional, con la debilidad institucional y la inexistencia de políticas preventivas, cuando Calderón llegó al poder.

Ciertamente han de contemplarse todos estos motivos para analizar el problema, pero el documento nada habla de las posibles deficiencias que pueda tener la forma en que el actual gobierno ha llevado a cabo esta guerra contra el crimen organizado. Lejos de disminuir o controlarse, la ola de violencia del narcotráfico ha ido en aumento desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra los poderosos cárteles de la droga.

Desde entonces han muerto 23.000 personas por la violencia del narcotráfico. Este incremento incesante de víctimas pone de manifiesto la fortaleza creciente de las bandas del crimen organizado, alimentado por las causas expuestas, pero también por la incapacidad y las limitaciones de la política aplicada.

Son numerosas las críticas que recibe la política de seguridad pública gubernamental debido a su carácter particularmente represivo, más que preventivo, la tendencia a eliminar las policías municipales en pro de una única policía nacional debido a los inconvenientes que se derivan, la falta de recursos y de su incapacidad para lograr mas ayuda internacional. Entre todas estas críticas la más destacable quizás sea la intervención de las Fuerzas Armadas, debido al riesgo de militarización de la seguridad ciudadana.

Máxime cuando los resultados no están garantizados en la medida en que no están preparadas y organizadas para afrontar este tipo de problema. A ello habría que agregar la posible corrupción al tomar contacto con el crimen organizado, ya que ésta es una de las principales herramientas empleadas por las bandas criminales para asegurar su subsistencia.

El rechazo popular, particularmente en las áreas más afectadas por el narcotráfico, a la forma de combatirlo y sus resultados, desde 2006, debería obligar a replantear al gobierno la manera de hacer frente a un problema que, como ya anuncian las encuestas, va a convertirse en la principal preocupación ciudadana.