Gobierno en la encrucijada
Pulso
La Paz, 28 de junio de 2010
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"…El punto de quiebre en la relación Gobierno-indígenas llegó con la negociación por el anteproyecto de Ley Marco de Autonomías. Los indígenas pidieron aplicar la disposición constitucional de reconocérseles sus territorios ancestrales y gozar de autonomía -con sus competencias y recursos en iguales condiciones que el resto de los gobiernos sub nacionales-; el Gobierno afirmó que es inconstitucional pretender vulnerar los límites departamentales, republicanos éstos.
Ocurre que, como se había señalado desde antes de su aprobación mediante referéndum, la Constitución Política del Estado (CPE) tiene contradicciones esenciales, que en su momento fueron explicadas y justificadas desde diversas ópticas, pero que en la práctica están resultando cuando menos amargas para los conductores del proceso de cambio, pues habilitan interpretaciones conflictivas entre sí, como las que se discuten estos días.
No es aventurado afirmar que la luna de miel entre el Gobierno del Presidente indígena con sus bases indígenas ha terminado. Desde el inicio mismo del proceso que llevó a Morales a la Presidencia, los pueblos indígenas fueron actores fundamentales, y en la medida de su aporte se les hicieron promesas y se generaron expectativas inmensas, pero éstas no están siendo satisfechas y, por el contrario, se ahonda la brecha entre discurso y práctica gubernamental sobre estas materias.
La marcha convocada para esta semana tuvo su origen en la señalada disputa por la ley autonómica, pero pronto nutrió su pliego petitorio con otras: cuestionan la tuición del Órgano Electoral Plurinacional sobre sus elecciones por usos y costumbres, así como piden se respete la promesa de concederles 15 y no siete escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional; exigen detener los proyectos de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y de una planta hidroeléctrica en Cachuela Esperanza. A éstas se suman otras tal vez menores, pero no menos importantes para los indígenas.
En el escenario de conflicto planteado por la CIDOB pronto aparecieron los otros actores de la población indígena originaria campesina. Así, mientras la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) manifiesta su apoyo al Gobierno (finalmente, los cocaleros pertenecen a la rama de los colonizadores), la Conamaq apoya las demandas de los marchistas, la CSUTCB mantiene una posición expectante, pero cada vez menos afín al oficialismo y la APG acaba de logar acuerdos con el Ministro de Autonomías.
La respuesta del Gobierno al escenario de conflictividad planteado ha sido, cuando menos, desafortunada. Siguiendo una línea discursiva reeditada en las últimas semanas, se ha acusado a los dirigentes indígenas y las ONG que los asesoran de ser agentes financiados por USAID -la agencia de cooperación del Gobierno de EEUU, identificada como fuente de toda conspiración-. La paranoia ha llegado al punto de poner al Ministro de Autonomías en el trance de asegurar que la agencia estadounidense financia la ONG de la que fue Director antes de enrolarse a las filas del oficialismo.
La respuesta a estos ataques era previsible: afirmar que los indígenas actúan motivados por intereses externos y acicateados por el dinero es mostrar un evidente desprecio por sus demandas y expectativas, por su capacidad de plantear reivindicaciones y movilizarse en pos de éstas.
Estamos, pues, vislumbrando una encrucijada peligrosa para el devenir del proceso de cambio. De un modo u otro habrá de imponerse una de las dos visiones que hoy se enfrentan: o los indígenas podrán interpretar y aplicar la CPE según su forma de ver y vivir el mundo -permitiendo de esta manera la existencia de una verdadera plurinacionalidad- o la racionalidad burocrática acabará imponiéndose una vez más sobre las demandas que antes eran bandera de lucha y hoy son obstáculo para la modernización de la patria".
