Infolatam
Sao Paulo, junio 2010
Por Lourdes Sola

La historia de las democracias modernas incluye transformaciones sociales que, por ser desarrolladas y llevadas a cabo sin una escalada de conflictos, son "revoluciones silenciosas". Son gestadas por cambios difusos en las preferencias colectivas, desembocan en la formación de consensos amplios y en nuevos criterios de legitimidad política. Asistimos a un ciclo de cambios de este tipo aquí y en América Latina en tiempos de inflación.

En Brasil, poco a poco, la estabilidad económica fue adquiriendo el valor de un bien público para diversos estratos sociales y de visibilidad para administradores y políticos electos, como consecuencia de las frustraciones, los ensayos macroeconómicos y los debates que se daban.

Parte del éxito se debió a la naturaleza transversal de las nuevas demandas sociales, que cruzaron las fronteras de clase. Pero siempre en contramano de los impulsos particulares de los intereses organizados entonces dominantes, sindicales o patronales  – nuestra modalidad de "coalición de la inflación".

El ciclo transformador culminó con la URV y el Plan Real, pero no se ha agotado en su dimensión económica. En primer lugar, por el método inédito de relación con la ciudadanía. Además de descubrir los secretos y sorpresas, sus arquitectos aprovecharon la participación cooperativa de los ciudadanos en el nuevo experimento monetario. Sin lo cual, la incorporación de la URV a los cálculos cotidianos de la población y un traspaso al Real no habría ocurrido. 

Seguirán otros efectos extra-económicos. La Ley de Responsabilidad Fiscal presentó nuevas formas de "accountability", es decir, de responsabilización y de rendición de cuentas por parte de los administradores. El modus operandi de la clase política cambió en función de las pruebas de que el populismo económico con un fuerte sesgo corporativista dejó de rendir beneficios electorales. Los términos de competencia electoral han cambiado. En 2002, ningún candidato de la oposición cuestionó las medidas disciplinarias del antiguo tipo de derroche.

Una "Carta a los brasileños" y las políticas del primer mandato del presidente Lula completaron el ciclo. Desde la óptica política, el saldo neto fue la resocialización de la clase política: los candidatos de la izquierda, derecha o centro, hoy en día, hacen sus cálculos políticos con un ojo puesto en el poder de fuego de los mercados y otro en el del electorado.

La Ley de la Ficha Limpia, como movimiento social y como una norma codificada inaugura un ciclo de transformación aún más profundo. A continuación presento al lector argumentos para validar la siguiente hipótesis: por su origen, lógica y dinámica políticas, la Ley restaura la exigencia de un fuerte vínculo entre la participación política y el "accountability" (rendición de cuentas combinada con responsabilización) que caracteriza a las democracias de calidad. El énfasis exclusivo en el primer término de esta ecuación sin el segundo, es la quintaesencia de los populismos con sesgo plebiscitario.

Uno de los rasgos distintivos de la "Ficha Limpia" como método de participación política es su transversalidad: la misma voz en estratos sociales diversos, dio impulso a la creación de consenso en torno a nuevos criterios para el acceso al poder. Por otra parte, es autónomo en relación con los actores políticos y el modo dominante de hacer política: impuso su agenda al margen de un Ejecutivo hiperactivo y de un Congreso más atento a sus propias prioridades y a las del gobierno.

Esta dinámica perversa fue desarticulada (temporalmente), el proyecto aprobado casi textualmente en las dos casas, de cara al electorado. Sin embargo, es contra el telón de fondo del modo dominante de hacer política, que la Ley de Ficha Limpia puede lograr una revolución silenciosa. En primer lugar por su autonomía y carácter no partidista.

Contrasta así con el destino de los movimientos sociales que han abdicado de su autonomía original, atraídos por la fuerza gravitacional del Estado, manipulada eximiamente por el gobierno como un agente de redistribución de los recursos públicos. Atraídos principalmente por el privilegio de exención de rendición de cuentas y de responsabilización, en cuanto al uso de estos recursos: caso de las Centrales Sindicales y de los movimientos por la reforma agraria.

Pero aún hay otro tipo de transversalidad, que da aliento a los que juzgan que la democracia brasileña puede más. La codificación de los nuevos criterios en la legitimidad política continuará envolviendo también a los actores del sistema de Justicia. El STE se ha pronunciado, las acciones impugnatorias llegarán al Tribunal Supremo, bajo el escrutinio de los fiscales y los medios de comunicación. El TCU ya lista a los gestores sospechosos. Es esta dinámica política que establece lo que llamamos en la jerga de la ciencia política el "accountability" horizontal, (entre las instituciones y los poderes). Para diferenciarla de la modalidad vertical de responsabilización, ejercida por la ciudadanía en relación con los poderes constituidos.

La "Ficha Limpia" como ideología, representa un avance en términos de las dos modalidades. Por lo tanto, tiene en su núcleo el requisito de un fuerte vínculo entre la participación política y la rendición de cuentas, sea a los poderes constituidos, sea a la ciudadanía.

¿Por qué inaugura un ciclo de transformador? Debido a que rompe con la lógica política perversa de erigir la participación política como condición suficiente del progreso democrático, como corresponde al sesgo corporativista de nuestro legado político. Un sesgo que vuelve a ganar cuerpo, con alma plebiscitaria, en detrimento de la representatividad del sistema de partidos.

En los terminos de Werneck de Viana, "las viejas formas de representación recupereraron el vigor, fortaleciendo sus vínculos con el Estado, y adoptando una perspectiva instrumental en relación a los partidos"  -con el apoyo de bancadas transpartidarias. El gobierno del PT, profundizó el legado, con los Consejos, como el de Desarrollo Económico y Social,  "de formato inequivocamente  corporativo con el fin de ejercer tareas de mediación directa entre el gobierno y la sociedad".