Por Boris Gómez Úzqueda

Bolivia tiene por vocación productiva la energía. La energía derivada en procesos de valor agregado del gas natural, desde hoy hasta los próximos 100 años. No es la minería ni el agro ni la industria. Serán los negocios relacionados con la exportación de electricidad, de nuevos combustibles, de plásticos y de gas.

Hay un hecho fáctico global: vender petróleo y gas en el mundo es un negocio altamente rentable. Bolivia debe estar en ese circuito de países especializados en venta de energía. Y para los estados constituye una principal fuente de ingresos, vía ‘goverment take’ o participaciones accionarias en proyectos conjuntos. Los negocios en energía van a generar ingresos a través de impuestos y, de consolidarse un nuevo modelo compartido entre Estado e inversionistas, ingresos por rentabilidad en vez de ‘rentismo’.

Con la generación de proyectos de gas se van a generar proyectos sociales, de infraestructura y de nuevas industrias desde la construcción y la operación de refinerías, ductos, plantas, vías de acceso, hasta la perforación de pozos, servicios industriales, de metalmecánica, legales, financieros y otros.

La fluctuación de precios del barril de petróleo fija el rumbo de la economía global. Y en el caso de los precios del gas su fluctuación nos pone, nuevamente, a la vanguardia para diseñar y empezar a ejecutar en el quinquenio 2010-2015 proyectos para industrializar el gas en vez de exportarlo como materia prima. El ‘miedo’ a que la fluctuación de precios del gas haga del gas boliviano ‘poco apetecible’ debe acicatearnos para producir gas con valor agregado: el tan mentado proyecto de gas a líquidos (GTL), termoeléctricas, petroquímica de plásticos de nueva tecnología y otros proyectos que van a apuntalar al país, en un plazo de cinco a diez años, como exportador absoluto de productos especializados de energía.

La actividad de hidrocarburos y de energía en el continente y en el país no va a cesar; por el contrario, va a incrementarse y empujar al nuevo modelo de desarrollo económico a través del gas natural: para domicilios, para industrias, para electricidad barata, para combustibles ambientalmente apropiados y para el encadenamiento con nuevos compradores y consumidores externos.
Ciertamente, en el caso interno se debe insistir en formular una nueva política energética sustentada en una nueva ley de hidrocarburos, que sea el instrumento para la ‘cohabitación’ entre el modelo de ‘nacionalización’ con actuales contratos y el surgimiento de un nuevo modelo de asociación de negocios compartidos entre el Estado e inversionistas privados en programas de exploración de nuevas áreas, de desarrollo de nuevos reservorios, de certificación de reservas y de proyectos de industrialización (claramente puede ejecutarse una megaplanta de exportación de LNG, de GTL, de úrea y fertilizantes, de conversión a electricidad y de petroquímica de nueva tecnología a partir del metano/etano).

La consolidación de mercados nuevos y actuales para superar cuotas de producción/exportación de gas (poco menos de 41 MMm3/D millones de metros cúbicos y elevar la producción de petróleo de 50.000 bpd y del consumo interno, que debería estar ya sobre los 8 MMm3/D) es una tarea inmediata en este periodo para superar el problema del ‘gas seco’ que se produce actualmente, porque tiene menos petróleo, con menos producción de condensado para refino, reduciendo así volúmenes de diésel, gasolina y gasolina de aviación, lo que obliga a salir del círculo vicioso importación/subvención de estos productos. A menor producción de gas, ciertamente menores ingresos.