Infolatam
La Paz, (Bolivia) 14 MARZO 2010
Por Fernando Molina

Tres leyes están debatiéndose desde el inicio de la legislatura. Una ya fue aprobada y otra se halla en los últimos trámites. Serán las primeras del refundado Estado Plurinacional de Bolivia. Se seleccionaron de entre centenares de proyectos de ley que hacen fila esperando a ser considerados por la Asamblea Legislativa. Puede suponerse, entonces, que muestran cuál es la escala de prioridades (al menos temporales) del régimen.

Primera ley: la Asamblea concede atribuciones especiales al Presidente para que éste designe, interinamente, jueces y otras autoridades judiciales. Segunda ley: la Asamblea identifica más delitos de corrupción, endurece las penas, facilita los procesos y permite que los funcionarios sean enjuiciados de acuerdo a estas nuevas normas, es decir, retroactivamente. Tercera ley: la Asamblea autoriza el enjuiciamiento de los ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, y de dos ex magistrados de la antigua Corte Suprema.

No hay que ser un lince para saber qué figura aparecerá ante nuestros ojos cuando los andamios se retiren y los martillos descansen. Ya se adivina, entre los bártulos y cordajes de construcción, la silueta de un cadalso y, encima de éste, una guillotina. Una guillotina simbólica, por supuesto, como son simbólicas casi todas las maquinarias -y maquinaciones- de las revoluciones "posmodernas". La guillotina simbólica no saca las cabezas de los cuerpos, pero sí decapita las almas. Así no hay sangre que salpique y todos pueden gozar de un buen sueño: los verdugos, los observadores internacionales, el público que aplaude frenético…

En el futuro inmediato no habrá presos políticos en Bolivia, como no los hay en Cuba. Todos serán reos comunes, incluyendo a los encerrados en las catacumbas por corrupción. El más vil de los motivos. Así, además de la libertad, perderán su nombre. O tendrán que desterrarse antes de que ocurra su simbólico ajusticiamiento, también deshonrados. La sanción perfecta. Anula el cuerpo y el espíritu, todo por el mismo precio. El gobierno prevalece, la oposición se convierte en una manada de zombis. Y esta su desgracia -igual que una cabeza exhibida en la picota- funciona como una eficaz advertencia para los insumisos por venir.

Quizá más de un lector, harto de la orgía de venalidad que se desató en las décadas anteriores, piense que el país necesitaba de una ley anticorrupción draconiana como la aprobada. Pero se equivoca. En primer lugar, porque una ley dura jamás puede ser virtuosa cuando el aparato judicial carece de independencia frente al gobierno (es decir, mientras rige la ley número uno del nuevo Estado, que ya hemos mencionado).

Segundo, porque no se puede combatir la corrupción con más corrupción. Y juzgar a una persona por lo que supuestamente hizo hace diez años con una ley que acaba de redactarse, o permitir que alguien sea investigado a consecuencia de una denuncia anónima, o que sea juzgado en ausencia, son, donde los haya, actos torcidos, impuros… corrompidos, finalmente. Son abusos que podrían tolerarse contra un culpable, pero que resultan inadmisibles contra un inocente.

Y claro, el problema está en que no hay forma de saber anticipadamente quién es lo uno o lo otro. Justamente por eso existen garantías como las que esta ley se salta. Al ignorarlas, entonces, los legisladores oficialistas anuncian, indirectamente, que suponen que todos aquéllos que se procesarán con esta ley son culpables.
Y, en efecto, pueden apostar a que lo serán.