Fin de la encrucijada
El Tiempo (Colombia)
Bogotá, 28 febrero 2010
Por El Tiempo (Colombia)
“ … lo primero que se impone afirmar es que (el fallo) debe ser acatado de manera integral, respetuosa y sin esguinces por parte de los colombianos. Así lo entendieron todos los dirigentes, tanto los de la oposición como los cercanos al Gobierno, comenzando por el propio presidente Uribe. Al aceptar el pronunciamiento, Colombia dejó claro ante el mundo que es un Estado de derecho, en el cual opera la división de poderes y el respeto a las reglas de juego”. (Editorial de El Tiempo. Colombia)
Tras el histórico fallo de la Corte Constitucional que este viernes declaró inexequible la ley que convocaba a los colombianos a un referendo para definir si Álvaro Uribe podía aspirar a un tercer mandato, quedó despejada una incertidumbre que había durado más de 18 meses. Desde cuando los promotores de la iniciativa entregaron a las autoridades electorales más de 5 millones de firmas que apoyaban la idea, el país enfrentaba el doble interrogante de si esta superaría los obstáculos que se le presentaban, y de si el Presidente de la República, en efecto, aspiraría a continuar en la Casa de Nariño.
Aunque nunca despejó la incertidumbre, que él mismo denominó como "una encrucijada del alma", en los meses recientes el Primer Mandatario se fue mostrando más inclinado a la idea de buscar otra reelección. Paralelamente, la suerte del referendo se complicó cada día más. A las demoras en el Congreso, que gastó más de un año en el estudio y aprobación de la ley, se sumaron las limitaciones con miras al calendario electoral. Pero el comienzo del fin tuvo lugar cuando trascendió que el magistrado Humberto Sierra Porto había inscrito una ponencia ante sus colegas, con un largo listado de vicios de procedimiento que, en su opinión, debían llevar a la Corte a declarar inexequible la iniciativa.
Después de semanas de rumores y de tensión política, esto finalmente ocurrió. Frente al fallo, proferido por la corporación en un tiempo mucho menor del que el tribunal tenía como límite, lo primero que se impone afirmar es que debe ser acatado de manera integral, respetuosa y sin esguinces por parte de los colombianos. Así lo entendieron todos los dirigentes, tanto los de la oposición como los cercanos al Gobierno, comenzando por el propio presidente Uribe. Al aceptar el pronunciamiento, Colombia dejó claro ante el mundo que es un Estado de derecho, en el cual opera la división de poderes y el respeto a las reglas de juego.
Además de constatar esa realidad, el comunicado de la Corte trae elementos que merecen ser destacados y reflexiones profundas que, sin duda, serán ampliadas cuando se conozca el texto completo del fallo, en unas semanas. En tal sentido, hay que destacar que, sin desconocer el justificado valor que la Constitución le otorga al pueblo para pronunciarse sobre determinados temas por medio de un referendo, la misma Carta y el ordenamiento legal establecen reglas muy claras sobre los requisitos que deben cumplirse. Para los magistrados, "más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático".
Así, los vicios en el trámite de la iniciativa ciudadana y en el proceso legislativo que culminó con la Ley 1354 del 2009, que convocaba al referendo, supusieron para la Corte el desconocimiento de importantes principios y procedimientos formales que el alto tribunal no toma a la ligera. Ese es un mensaje para futuros ensayos populares, que reitera el respeto a las normas y rechaza conceptos como el dado en su momento por el Procurador sobre este asunto.
Dicho lo anterior, queda un punto que seguirá siendo objeto de un gran debate jurídico y que tiene que ver con los supuestos vicios de fondo de la propuesta derrotada. Y es que en su comunicado el alto tribunal sostuvo que "no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991, pudiendo realizarse el control incluso sobre la ley misma que las convoquen". Esa posición abre interrogantes y cuestionamientos, pues, para algunos, se le está imponiendo una camisa de fuerza al pueblo, el propio constituyente primario.
No obstante, sin entrar en ese debate, lo cierto es que, a partir del fallo, se da la largada para una campaña presidencial en la que ya no hay posibilidad de que esté el nombre de Álvaro Uribe. Esta será la más corta de la historia colombiana, con apenas 12 semanas en un país acostumbrado a meses y meses de proselitismo. Por su brevedad, será una época intensa en la que, en estos momentos, media docena de aspirantes aparece en las encuestas con posibilidades ciertas de pasar a la segunda vuelta.
El presidente Uribe ha pedido a los colombianos que reelijan sus políticas, incluyendo la de seguridad democrática. Pero, como varios de los postulantes han dicho que habrá continuidad, es evidente que hará falta mucho más que ese tema para definir al ganador de la contienda. En la medida en que no habrá mucho tiempo, resulta fundamental que el proceso se desarrolle con el mayor nivel posible de claridad, para identificar con certeza los mensajes y las diferencias entre los candidatos. También es deseable que el debate se cumpla con el menor ánimo belicoso y sin ataques personales. Un país en el que, a pesar de los avances, persisten problemas de violencia, agravados por el desempleo, la pobreza y la corrupción, merece una campaña de ideas, seria y responsable.
En cuanto al Presidente de la República, no hay duda de que el fallo puede haber significado un golpe para su ánimo, siempre dispuesto a trabajar por el país. Pero seguramente será cosa pasajera y pronto lo veremos, como a lo largo de sus casi ocho años de gobierno, dedicado a todos y cada uno de los temas de la agenda y con el aliento y la decisión de darles a sus dos mandatos, que -más allá de errores y falencias- tantos beneficios trajeron a Colombia, el cierre que merecen.
Editorial de El Tiempo. Colombia

























