Elecciones sin referendo
Infolatam
oxford, 28 febrero 2010
Por Eduardo Posada Carbo
(Especial para Infolatam).- “…. Al acatar el fallo de la Corte, el Presidente Uribe envió un claro mensaje a quienes respaldaban el referendo: los mecanismos de participación ciudadana (como el referendo), son bienvenidos, pero “con acatamiento a la Constitución, a las normas legales, y con sometimiento a las sentencias de las instituciones del Estado de Derecho”. La sentencia de la Corte y la declaratoria presidencial han reafirmado una larga tradición constitucional en Colombia, al tiempo de ponerle fin a cualquier especulación sobre las posibilidades de la continuidad de Uribe en el poder al terminar su período presidencial el próximo 7 de agosto”.
Desde el atardecer del viernes pasado, tras conocerce el fallo de la Corte Constitucional, la política colombiana recuperó su rumbo. Hasta entonces, dominaba la incertidumbre sobre las posibilidades de un tercer período consecutivo del Presidente Alvaro Uribe, como consecuencia de la convocatoria a referendo –aprobada por el Congreso- que buscaba reformar la constitución para permitirle a Uribe ser candidato una vez más. Sin embargo, ese viernes la Corte sentenció –por una contundente mayoría- que la convocatoria a referendo había violado los procedimientos legales, además de contradecir el espíritu mismo de la constitución. Se puso fin así a la atmósfera de suspenso que se había apoderado de la campaña electoral, a pesar de que faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales en mayo. Sin referendo a la vista, la atención ahora está fija en la sucesión de Uribe, frente a un diverso menú de candidatos con opción de triunfo.
La convocatoria a referendo, como lo comprobó la Corte, estuvo plagada de serias irregularidades que habían sido expuestas ampliamente por los medios de comunicación. La ley de referendo tuvo orígenes en una “iniciativa ciudadana” que recogió más de cinco millones de firmas en apoyo de la convocatoria. Pero la financiación de este proceso violó reglas contables y leyes estatutarias, al aceptar aportes individuales superiores “hasta casi treinta (30) veces lo permitido, y gastar más de seis veces la suma autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, una vez presentado el proyecto de ley de referendo en el Congreso, se violaron varios procedimientos en su trámite: éste se inició sin una certificación de la Registraduría sobre la financiación de la recolección de firmas; el Congreso modificó la pregunta del referendo que originalmente había sido respaldada por los millones de firmantes; la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes que aprobó la ley se llevó cabo sin la debida autorización legal; los votos de cinco representantes del partido Cambio Radical –que sirvieron para aprobar la ley- eran inválidos pues contradecían la decisión de su bancada que ellos mismos había previamente apoyado.
A esta serie de irregularidades de procedimiento, la Corte sumó razones de fondo: otra reelección desconocería “ejes estructurales de la Constitución…, como el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos prestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes”. En conclusión, para la Corte Constitucional, los vicios de la ley de referendo no son “meras irregularidades formales sino… violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien”.
Si las razones de la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la convocatoria a referendo eran tan evidentes, ¿cómo explicar que los defensores de la iniciativa creyesen hasta última hora en la posibilidad del referendo? La única explicación se encuentra en la altísima popularidad del Presidente Uribe y en la creencia equivocada que dicha popularidad estaba por encima de la Constitución. Al acatar el fallo de la Corte, el Presidente Uribe envió un claro mensaje a quienes respaldaban el referendo: los mecanismos de participación ciudadana (como el referendo), son bienvenidos, pero “con acatamiento a la Constitución, a las normas legales, y con sometimiento a las sentencias de las instituciones del Estado de Derecho”. La sentencia de la Corte y la declaratoria presidencial han reafirmado una larga tradición constitucional en Colombia, al tiempo de ponerle fin a cualquier especulación sobre las posibilidades de la continuidad de Uribe en el poder al terminar su período presidencial el próximo 7 de agosto.
Sin Uribe en la perspectiva electoral, la campaña presidencial colombiana salió del extraordinario y prolongado suspenso en que se le había mantenido. El cuadro de candidatos finales está aún por definirse. La conformación de las fuerzas pro-gubernamentales está pendiente del resultado de una consulta del partido conservador para seleccionar la candidatura presidencial el 14 de marzo, en una disputa que lideran la exembajadora Noemí Sanín y el ex ministro Andrés Felipe Arias. El 14 de marzo también se llevará a cabo otra consulta para definir el candidato de oposición del Partido Verde, entre tres exalcaldes de Bogotá: Antanas Mockus, Enrique Peñaloza y Luis Garzón.
Pero ni los sectores afines al Gobierno, ni la oposición irán a la primera vuelta con candidatos de unión. Dentro del uribismo, quien más destaca en las encuestas es el ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, candidato por el partido de la U. Se ha especulado sobre una eventual candidatura de coalición pro-gubernamental entre la U y los conservadores, pero es una posibilidad remota sobre todo si la consulta conservadora favorece a Noemí Sanín. Un candidato cercano a la plataforma de seguridad de Uribe, pero cada vez más alejado de su gobierno es el ex senador Germán Vargas Lleras, candidato por Cambio Radical. Los partidos de la oposición, Liberal y Polo Democrático, seleccionaron sus respectivos candidatos –Rafael Pardo y Gustavo Petro- en sendas consultas en meses pasados. En una posición de centro, “ni uribista, ni antiuribista”, se ha colocado como candidato independiente, el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo.
Después del 14 de marzo, cuando se llevarán a cabo también las elecciones a Congreso, el panorama será más claro. De cualquier manera, todo hace preveer una primera vuelta disputada por seis o siete candidatos con alguna opción. Aunque las encuestas hasta el viernes pasado (afectadas por el factor Uribe) no eran buen indicativo, sí sugieren preferencias electorales bien dispersas entre dichos candidatos. Con lo que se puede predecir una campaña bien competitiva que se irá a segunda vuelta. Despejado el camino, sin referendo, Colombia se prepara para unas elecciones sin precedentes en su historia.

























