El decreto de amnistía política cobró vigencia al cumplirse el término de 20 días posteriores a su publicación en el diario oficial La Gaceta, según lo establecido en el texto aprobado por el Congreso el 26 de enero. La resolución parlamentaria, que La Gaceta publicó el pasado 2 de febrero, no precisa los nombres de las personas beneficiadas por la amnistía, solamente los delitos que esta abarca y excluye.

La amnistía sólo favorece a los acusados por delitos políticos, pero no a aquellos implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, declaró a Radio América el diputado Germán Leitzelar, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD), uno de los autores del proyecto.

Se excluyen de la amnistía "todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción, como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos", añadió el texto.

Leitzelar explicó que, vigente ya la amnistía, en los casos de personas que estén siendo procesadas por algún delito político o común conexo, "los jueces devienen obligados a ponerle fin al procedimiento y a emitir los sobreseimientos definitivos".

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, sancionó la amnistía el 27 de enero pasado, durante su investidura, al día siguiente de que fuera aprobada por el Congreso Nacional, de 128 escaños. Según Lobo, la amnistía contribuirá a la reconciliación nacional después de la crisis y ha sido una exigencia de la comunidad internacional a pesar de que fue excluida del Acuerdo Tegucigalpa-San José, que fijó medidas para superar el conflicto.