Real Insituto Elcano (España)
Madrid, 3 enero 2010
Por Vicente Torrijos Rivera

"…. El Acuerdo Complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica (ACAT) de 3 de noviembre de 2009 constituye la más reciente manifestación de esta cooperación bilateral entre los gobiernos de Colombia y EEUU, por el que se amplía significativamente el espectro de actividades y recursos en los que harán sinergia frente a esta amenaza, históricamente compartida…. Técnicamente, este acuerdo sustituye el que existía con Ecuador en relación con el uso por parte de EEUU de la base de Manta, centro neurálgico de las actividades de monitorización e interdicción aérea en la lucha contra el narcotráfico. Ante la negativa de prorrogar los acuerdos existentes al respecto, fundada en una disposición constitucional que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, los gobiernos de Washington y Bogotá acordaron sustituir la base de Manta con el acceso a siete bases militares colombianas, con el fin de mantener activos los esquemas de control que venían desarrollándose desde Ecuador.

La esencia del ACAT es la de reforzar la cooperación colombo-norteamericana en materia de monitorización, seguimiento e interdicción de las actividades del narcotráfico desde Colombia hacia EEUU, a lo largo de las diversas rutas que emplean los cárteles para avituallarse de insumos y poner a circular el producto terminado. En ese sentido, el ACAT supone:

Un aumento cuantitativo en el personal norteamericano en Colombia dedicado a tareas técnicas y de inteligencia. El ACAT no supone la presencia de personal ni material de combate con carácter ofensivo, ni el despliegue de tropas norteamericanas en territorio colombiano.
El cupo máximo de estadounidenses permitidos para estas tareas técnicas y de inteligencia en Colombia es de 800 militares y 600 contratistas. En la actualidad hay en el país unos 230 militares, entre permanentes y temporales, y un flujo de unos 400 contratistas al mes.

Se acordó un estatuto especial de inmunidad para los militares que pasen por Colombia en cumplimiento del Acuerdo. Este estatuto de inmunidad no se extiende a los contratistas civiles y privados, y no obsta, en ningún caso, para que Colombia pueda pedir el levantamiento de la inmunidad en ciertos casos, o hacer seguimiento y pedir informes sobre el avance de las investigaciones. Las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad de los militares norteamericanos, en caso de producirse, serán asumidas por EEUU.
Se trata de un acuerdo simplificado, que desarrolla tratados internacionales previamente existentes y en vigor y, por lo tanto, no está sujeto a aprobación del Congreso, ni en EEUU ni en Colombia, aunque los respectivos Congresos mantienen su competencia constitucional en cuanto al control político y seguimiento de las condiciones de ejecución y cumplimiento.

Por último, Colombia permitirá el uso de frecuencias y el establecimiento de estaciones receptoras de satélite sin trámite legal alguno y sin licencia.

Con todo, más allá de su alcance operativo en la lucha contra los narcotraficantes, el acuerdo firmado con Colombia supone importantes implicaciones geopolíticas para ambas partes e incluso para terceros actores. Ello explica por qué tan pronto como se conoció la intención de ambos gobiernos de perfeccionarlo, se suscitó un intenso debate de alcance regional, impulsado especialmente por Venezuela, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tanto en la cumbre anual ordinaria celebrada en Quito como en la posteriormente convocada, con carácter extraordinario y con el fin exclusivo de analizar este asunto, en la ciudad argentina de Bariloche. La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, tuvo que asegurar por carta a sus homólogos de los 12 países reunidos allí que el acuerdo tenía un alcance bilateral. La mediación de Brasil y Argentina restó apoyo a las posturas más beligerantes de Venezuela y Bolivia, logrando que en la declaración oficial no figurara ninguna mención al contencioso.

,,,,el ACAT transmite también un mensaje muy claro: el de que la asociación con Colombia no se ha relajado, así como tampoco lo ha hecho el interés norteamericano en la región, en la que intentará por la vía disuasoria mantener el statu quo y evitar cualquier intensificación desbordada de la actividad de las potencias externas o de algunos actores regionales que, como Venezuela, y a juicio del Departamento de Estado, dejan mucho que desear en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Un importante instrumento disuasorio interno y externo

A nivel interno colombiano el acuerdo cumple una importante función disuasoria. Tras el éxito obtenido por la Fuerza Pública en desarrollo de operaciones de refinada complejidad como la "Fénix" y la "Jaque", que supusieron importantes golpes a las organizaciones narcoterroristas,[3] la intensificación de la actividad de interdicción, monitorización e inteligencia por parte de unidades norteamericanas -de conformidad con el acuerdo de cooperación- constituye un elemento adicional que viene a añadirse a la batería de instrumentos desarrollados por el Estado en el marco de la consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática colombiana para reforzar su capacidad disuasoria y anticipatoria frente a las organizaciones armadas ilegales.

Pero, adicionalmente, el acuerdo tiene también un poderoso recurso de disuasión frente a los intereses injerencistas de vecinos manifiestamente hostiles, especialmente Venezuela, que durante los últimos años ha tenido una posición ambigua en relación con las organizaciones armadas ilegales colombianas y más recientemente parece embarcada en una espiral armamentista claramente ofensiva.

Aunque el ACAT no prevé un despliegue permanente de fuerzas de combate norteamericanas en territorio colombiano, ni es como tal una alianza (concebida frente a una agresión externa a una de las partes), no deja de generar un importante efecto de contención ante potenciales agresores externos que podrían aprovecharse del hecho de que Colombia se encuentra en cierta desventaja, dado que sus recursos militares han sido planificados, acumulados y reforzados en función de las exigencias de la guerra irregular, a escala intraestatal, y no con el supuesto de una agresión externa. En ese sentido, no hay duda de que la presencia norteamericana transmite el mensaje -efectivamente percibido por sus destinatarios potenciales, lo que explica la agitación que han provocado- de que Colombia no se encuentra desprotegida.

Algunos costos evidentes

Con todo, el acuerdo también genera algunos costes, difícilmente asimilables, para Colombia y para EEUU. Tales costes se derivan del hecho de que el acuerdo podría leerse -y presentarse propagandísticamente por los sectores más antinorteamericanos del espectro político latinoamericano- como prueba de que en medio del "desdén" por la región que tanto se le reprocha a la Casa Blanca, su único interés obedece casi exclusivamente a la lógica militarista, mientras que -aparentemente- no hay signos de cooperación en otros niveles especialmente relevantes para los países latinoamericanos, como el desarrollo social y económico. De hecho, desde su solo anuncio, y tal como se mencionó, el ACAT suscitó una encendida polémica que es poco probable que remita con facilidad en el futuro próximo.

… Conclusiones: El Acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano responde a una necesidad interna claramente percibida por el gobierno colombiano y se relaciona de manera sustancial con el interés nacional al más alto nivel. El Acuerdo es el último eslabón de una cadena de cooperación bilateral que se ha ido profundizando y ampliando con el tiempo y con el incremento de los riesgos y amenazas comunes.

En efecto, no sólo es una herramienta de apalancamiento de la cooperación norteamericana en la lucha contra el narcoterrorismo en el país (y en el área) sino que cumple funciones disuasorias significativas tanto en el plano interno (de cara a las organizaciones armadas ilegales) como en el plano externo (frente a posibles agresores extranjeros), incluso aunque en estricto sentido no se trate de una alianza.

Sin embargo, su suscripción e implementación también entraña costes y vulnerabilidades que están siendo intensivamente evaluados y valorados con el fin de diseñar e implementar estrategias de anticipación que los contengan y compensen, a fin de no acentuar los antagonismos regionales sino, más bien, fortalecer las medidas de promoción de confianza como columna vertebral de un eventual régimen de seguridad cooperativa y preventiva basado en el respeto a los principios de la convivencia internacional.

Estos antagonismos regionales, por lo demás, son anteriores al acuerdo mismo, cuya naturaleza, por otra parte, no debería despertar suspicacias ni recelos, de no ser porque en él han encontrado algunos gobiernos un nuevo "caballito de batalla" para sus intenciones tanto de hostilizar a Colombia en el escenario regional como para alimentar una retórica antinorteamericana de la que derivan enormes réditos propagandísticos".

Extracto del documento publicado por el Real Instituto Elcano (España)