Infolatam
Quito, 19 de enero de 2010
Por Simon Pachano

Fander Falconí, ministro de Relaciones Exteriores hasta el martes 12 de enero, es el primer integrante del gabinete de Rafael Correa que ha salido por decisión propia y, según sus propias palabras, por diferencias políticas claras con el primer mandatario. Hasta ahora, todos los cambios de ministros y en general de integrantes del equipo de gobierno se habían realizado únicamente por la decisión presidencial. Por consiguiente, la renuncia de Falconí marca una diferencia clara, que es mucho más significativa si se considera que se trata de un régimen que ha buscado por todos los medios -y siempre lo ha logrado- que no trasciendan públicamente las discrepancias internas.

El hecho puntual que provocó la renuncia del Canciller fue la andanada de calificativos que lanzó el Presidente acerca de los términos en que se venía desarrollando la negociación, con varios países, para dejar bajo tierra el petróleo que se encuentra en un área protegida (Yasuní-ITT). El objetivo era obtener recursos a cambio de la preservación ambiental de esa zona amazónica. Ecuador se comprometía a no extraer el petróleo a cambio de recursos aportados por un grupo de países desarrollados, entre los que se contaban España y Alemania.

El equipo liderado por el Canciller encontró que la fórmula adecuada era constituir un fideicomiso, en el que participaran los países donantes y representantes ecuatorianos. Aunque estos últimos conformarían la mayoría y la presidencia sería ejercida por un representante gubernamental, Rafael Correa consideró a esta modalidad como vergonzosa y atentatoria a la soberanía nacional y expresó su decisión de extraer el petróleo. Con ello desautorizó a Falconí y puso punto final a una negociación de largos meses que parecía ir por buen camino.

Más allá de ese hecho puntual, lo cierto es que Correa jamás demostró una decisión clara para impulsar ese proyecto. Desde que se planteó la iniciativa, él se reservó la facultad de continuar las negociaciones con empresas petroleras -especialmente chinas- para la explotación de esos campos. La enorme voluntad política, que ha caracterizado a sus actos en otros aspectos, estuvo ausente en éste y, por el contrario, emitió señales equívocas que no podían pasar inadvertidas para los potenciales aportantes. Por ello, fue muy difícil crear la confianza necesaria para una operación de esta naturaleza. Tampoco mostró interés cuando dejó abandonado a su equipo en la Cumbre de Copenhague, que era el espacio ideal para plantear y suscribir el acuerdo.

En el fondo del asunto se encuentra no solamente la disyuntiva entre la explotación o la preservación del campo amazónico -que es importante en sí misma por su biodiversidad-, sino que está en juego el modelo de desarrollo económico y la modalidad de acción política de la llamada revolución ciudadana. Mientras Fander Falconí buscaba materializar la propuesta de un desarrollo sustentable -que constituyó el eje de la campaña de Acuerdo País y que se plasmó en múltiples capítulos y artículos de la Constitución-, Rafael Correa apostaba a la opción que le aseguraría un flujo inmediato y cuantioso de recursos. La política clientelar, que le ha dado resultados óptimos desde el inicio de su gobierno, le señalaba el camino que finalmente impuso. Lo hizo, como es su estilo, con la imposición de su voluntad, aunque el costo fuera el alejamiento de los fundadores de la utopía transformadora.

De acuerdo a lo expresado en reiteradas declaraciones -hechas al calor de la celebración del tercer aniversario de su gobierno- el Presidente interpreta lo sucedido como un triunfo doble. Por un lado, ve como una posibilidad cierta la explotación del petróleo en esa zona amazónica, lo que le garantizaría recursos para el alto gasto público en que basa su acción política. Por otro lado, considera que ha obtenido una victoria política en el interior de su partido, ya que la salida de Falconí sirvió para romper definitivamente con el sector histórico de la cúpula de Alianza País.

Este sector, en el que ocupa un lugar destacado el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, venía cuestionando la orientación económica "extractivista" del Presidente, lo que ponía sobre la mesa una disputa entre ambientalistas y pragmáticos que no podía permanecer represada por mucho tiempo.

Sin embargo, ninguno de esos dos resultados parece constituir un triunfo claro y seguro para el Presidente. La explotación del campo Yasuní-ITT se encontrará con una buena cantidad de obstáculos que tienen la forma de artículos y capítulos enteros de la Constitución que aprobaron sus seguidores hace poco más de un año. Para superarlos deberá contar con la aprobación de la Asamblea Nacional o estará obligado a convocar a un referendo.

En cualquier caso, requerirá de mucho tiempo y se verá enfrentado no sólo a buena parte de su partido, sino a sus propios planeamientos de cambio en la orientación de la economía. Por tanto, será un proceso muy complejo en el que no están asegurados los resultados positivos. Por su parte, las disputas internas le han llevado a una situación desconocida para él, en la que los problemas de gran magnitud se ventilan públicamente sin que él pueda controlarlos.

Sin duda, el caso Yasuní-ITT marca el fin de una etapa, la del utopismo romántico de la revolución ciudadana. A la vez, abre la fase de la confrontación interna que, como suele suceder en los procesos que se consideran revolucionarios, está cargada de acusaciones de traición y marcada por la reivindicación de la pureza ideológica.