Infolatam
La Paz, 13 de enero de 2010
Por Fernando Molina

La prensa boliviana de estos días se pregunta monotemáticamente cómo salió del país Manfred Reyes Villa, eludiendo un arraigo judicial, pero sin decir al mismo tiempo una palabra sobre la anormalidad que entraña, en sí misma, la fuga de este personaje.

El que el principal político de la oposición, que acababa de recibir el 27 por ciento de los votos, y poseía un importante patrimonio inmobiliario y empresarial en Bolivia, se vea obligado a trasponer una frontera perdida del oriente y atravesar dos naciones vecinas para llegar finalmente a Estados Unidos, huyendo con su esposa y su familia, no es algo propio de la historia última del país; está sacado de otros tiempos que -ingenuamente- los bolivianos creímos definitivamente superados.

¿Por qué Reyes Villa tomó una decisión tan drástica? Tal es la pregunta que muy pocos periodistas se hacen, porque la mayoría hoy parece inclinarse por seguirle la corriente al gobierno (junto a muchísimos intelectuales, empresarios, etc.) Si el ex candidato fugó, es clara prueba de que era culpable…, tal es la conclusión más cómoda. Por tanto, muchos medios -incluso algunos que hace no tanto eran adversarios extremosos del MAS- tratan al huido como si fuera un delincuente confeso.

Sin importar la evaluación objetiva de los cargos de corrupción de los que se acusa a Reyes Villa (no nos corresponde entrar en ella), se "olvida" así que en su caso, igual que en otros, el gobierno anuló las condiciones de celebración de un debido proceso. La mejor prueba de ello se encuentra en una declaración del mismísimo Presidente, quien confesó hace poco que había "ordenado capturar" al político opositor -una orden a la que ninguna ley le da derecho-, proclamando de este modo, a los cuatro vientos, que él en persona rompió la imparcialidad que debe guardar el Ejecutivo respecto a las acciones del Poder Judicial.

Esta confesión espontánea de Morales hace creíbles las alegaciones de los abogados de Reyes Villa, en sentido de que el gobierno presionó a los fiscales y jueces para que metieran a la cárcel a su defendido, como, durante la campaña, Evo había prometido a su hinchada electoral. No necesitamos decir que semejante comportamiento no tiene cabida en un Estado de derecho, el cual requiere, como indica su nombre, la sujeción del Estado a la autoridad del Derecho, a la ley. Cuando tal subordinación no se produce, ya no estamos ante la persecución legítima de un ciudadano, al cual se le han garantizado sus derechos de defensa, sino frente a la "cacería" de un individuo prejuzgado, al que únicamente se pretende escarmentar (y al mismo tiempo a todos los que son como él).

Poniéndose a despotricar contra los departamentos policiales que no impidieron la fuga de marras -como Alicias que lamentaran la impericia de la Reina para cortar cabezas-, o, sencillamente, mirando a otro lado, muchos medios, columnistas y "analistas" están, hoy, contribuyendo indirectamente a la cacería. Quizá así se sienten más seguros, pero es una sensación engañosa.

Ya se anuncia la celebración de juicios "especiales" contra otras ex autoridades y políticos, inclusive contra el ex presidente Carlos Mesa. Nunca fue tan al caso, como en este momento, recordar el célebre texto de Bertold Brecht sobre quienes "no dicen nada" cuando el poder viene por personas que no pertenecen a su credo, y después ya nada pueden decir cuando viene por ellos mismos, porque entonces "ya es muy tarde".