Infolatam
Bogotá, 8 diciembre 2009
Por Román Ortiz

Winston Churchill lo expresó de un modo muy gráfico al subrayar que la democracia es la peor forma de gobierno con excepción de todas las otras que se han intentado. Los sistemas liberales son los que ofrecen una vida más justa y libre a los ciudadanos; pero también los que empujan a los políticos a ofrecer soluciones demagógicas para satisfacer a un electorado hambriento de recetas milagrosas y alérgico a aceptar la existencia de fenómenos sin fácil solución. El caso se aplica perfectamente al debate sobre la lucha contra el narcotráfico.

Durante los pasados meses, los tradicionales murmullos sobre la futilidad de los esfuerzos para controlar las drogas y la necesidad de avanzar hacia su legalización han crecido de tono en toda América Latina. Para un buen número de políticos e intelectuales, el fracaso del combate es tan visible que alguna forma de despenalización parece inevitable en un plazo más o menos largo. Ahí están, solo a modo de ejemplo, las posiciones defendidas por figuras como el antiguo portavoz de la presidencia mexicana, Rubén Aguilar, o el ex-canciller del mismo país, Jorge Castañeda. Sin embargo, los términos de la ecuación a favor de legalizar los narcóticos son mucho menos claros de lo que tienden a plantear los partidarios de esta opción. Ni existen evidencias definitivas de que las actuales estrategias antidroga hayan fallado, ni la legalización es una opción realista.

En principio, se alegan dos razones básicas para denunciar el fracaso de las estrategias antidroga. Por un lado, se sostiene que los esfuerzos de erradicación en los Países Andinos han sido incapaces de reducir significativamente la superficie de narcocultivos. Por otra parte, se señala que la presión sobre el tráfico de drogas no ha frenado su llegada a los mercados en EE.UU. y Europa. Ambas afirmaciones no se corresponden con la realidad. El combate contra la producción de heroína en Colombia se saldó con la total eliminación de los campos de amapola. En el caso de la coca, lo más que se puede afirmar es que las estadísticas de la superficie ocupada por los cultivos ilícitos no arrojan resultados concluyentes.

Durante los pasados años, el Departamento de Estado norteamericano y la ONU han introducido cambios en la metodología para medir los campos de coca. El resultado es que no se pueden comparar las cifras de unos periodos con otros y se hace imposible saber con precisión el impacto de los esfuerzos de erradicación. En cualquier caso, lo que parece claro es que los narcóticos son ahora más costosos y menos puros en los mercados de consumo. Al menos, así lo señalan las cifras de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de EE.UU.

Estos progresos son especialmente destacables si se tiene en cuenta que el combate al narcotráfico tiene dos grandes lunares en Venezuela y Bolivia donde sus gobiernos no sólo han desmantelado los programas antidroga sino que además están profundamente corroídos por la corrupción. Visto así, si alguien tiene la culpa del limitado progreso en la reducción del narcotráfico, no es la estrategia en si misma si no decisiones políticas como las tomadas por Caracas y La Paz.

Frente a esta realidad, la mirada a la legalización como una solución mágica ignora sus potenciales consecuencias. En principio, parece lógico pensar que la despenalización hará más fácil el acceso a la droga y tenderá a incrementar el consumo. Históricamente, la prohibición fue impuesta por los gobiernos como una reacción a un crecimiento exponencial de la adicción capaz de crear una crisis sanitaria de grandes proporciones. Basta con recordar como China fue a la guerra con el Reino Unido a comienzos de la década de 1830 para defender la prohibición del tráfico de opio a la vista del crecimiento de una población de drogodependientes que superaba los 4 millones de personas.

Algo parecido se puede decir de la decisión del gobierno estadounidense de ilegalizar la cocaína en 1914 después de que dos años antes hubiese informado de la muerte de 5.000 personas por causas relacionadas con el consumo de esta droga. En este sentido, la ilegalización se concibió como una barrera para frenar la extensión de una epidemia que podría crecer en intensidad si se opta por la despenalización.

Más allá de sus riesgos, la legalización es imposible desde un punto de vista político. De hecho, el entusiasmo de algunos intelectuales latinoamericanos por avanzar en la despenalización no parece encontrar mucho eco entre las sociedades afectadas por el consumo. Las opiniones públicas de Europa y EE.UU. se oponen a legalizar el acceso a unos productos que amenazan la salud de sus jóvenes. Los nuevos miembros del triste club de los consumidores tienen posiciones particularmente radicales.

Rusia mantiene un respaldo cerrado a la prohibición y China tiene uno de los regímenes antinarcóticos más duros del mundo que incluye la pena de muerte para los traficantes. En América Latina, las simpatías a favor de la legalización están declinando a medida que crece la adicción. De momento, Brasil ya es el segundo mercado de cocaína detrás de EE.UU. y México ha visto como el consumo de drogas crecía un 20% solamente en el 2008. Así las cosas, parece más realista olvidar los cantos de sirena de la legalización y asumir un "prohibicionismo inteligente". Nadie duda que el tratamiento de los adictos es sobre todo un problema de salud pública.

Pero frenar la extensión de la epidemia pasa por limitar el flujo de droga disponible y crear barreras que hagan más difícil a los potenciales consumidores acceder a unas sustancias con efectos fatales sobre su biografía. Esto necesariamente implica atacar el narcotráfico en todos sus eslabones, desde los campos de cultivo en Perú hasta los "dealers" en las calles de Nueva York o Madrid, desde los vendedores de precursores químicos en las selvas colombianas hasta los narcobanqueros en los paraísos fiscales del Caribe.

Ciertamente, no es realista pensar que se podrá alcanzar una victoria definitiva en esta guerra. Se trata de una confrontación sin final al igual que otras como el combate a la prostitución infantil o el terrorismo. Pero resulta razonable aspirar a que una estrategia sólida, global y sostenida en el tiempo reduzca el fenómeno. Abandonar el esfuerzo sería algo parecido a proponer la legalización de la piratería sencillamente porque la comunidad internacional no ha sido capaz de erradicar el crimen de los mares.