The Wall Street Journal
Nueva York, 22 de noviembre de 2009
Por Jorge Castañeda

La normalización de las relaciones de EE.UU. con Cuba fue vista por muchos como el objetivo de "altos valores" y de fácil alcance ideal para un presidente electo bajo la bandera del "cambio". Sin embargo, un nuevo y mordaz informe de Human Rights Watch (HRW), "Un nuevo Castro, la misma Cuba", hará más difícil para el presidente Obama levantar las sanciones (en los viajes, las remesas, el comercio) contra el régimen de Castro .

Lamentablemente, la situación de derechos humanos en la isla sigue siendo decepcionante, a pesar del nuevo liderazgo. Según HRW, el gobierno de Raúl Castro ha acosado y encarcelado disidentes mediante una disposición orwelliana del Código Penal cubano que castiga la "peligrosidad". Las autoridades pueden encerrar a los individuos sobre la sospecha de que puedan cometer un crimen en el futuro, o por incurrir en conductas que son "antisociales" o contrarias a la "moral socialista".

Entre las actividades que el gobierno ha considerado "peligrosas" están: la distribución de ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la falta de asistencia a los actos a favor del gobierno, o simplemente estar desempleado. En su informe, basado en más de 60 entrevistas realizadas en Cuba sin autorización o por teléfono desde el extranjero, HRW documentó más de 40 casos de disidentes que han sido condenados por "peligrosidad".

La ley cubana está repleta de leyes como la de disposición a la "peligrosidad" que pueden utilizarse para castigar a cualquiera que sea visto como crítico del gobierno. Periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas políticos y otras personas acusadas de infringir esas leyes se encuentran a merced de un sistema que viola prácticamente todo el derecho a un debido proceso.

A los detenidos políticos se les niega el acceso a un abogado y las visitas familiares. Están sometidos a interrogatorios abusivos, y pueden ser detenidos durante meses o incluso años sin ser acusados. Los juicios son puro teatro, en su mayoría a puerta cerrada y en pocos minutos.

Una vez en la cárcel, el abuso es muy común. El 10 de diciembre de 2008 -Día de los Derechos Humanos-, un preso político trató de leer en voz alta a los compañeros de prisión un libro de su esposa le había traído llamado "Tus Derechos". En respuesta, un guardia entró en su celda y le dijo que se comiera el libro. Cuando el prisionero se negó, fue golpeado y posteriormente condenado a seis años de prisión por "irrespeto a la autoridad".

Los disidentes son objeto de "actos de repudio" públicos, en el que las multitudes se reúnen fuera de sus hogares, arrojando piedras, gritando amenazas, y algunas veces son agredidos físicamente. Los etiquetados de "contrarrevolucionarios" son despedidos de sus puestos de trabajo, controlados, amenazados e impedidos de viajar. La paliza de la bloguera disidente Yoani Sánchez por dos hombres, que dice ella eran agentes cubanos vestidos de civil en La Habana hace apenas dos semanas, es una prueba más de este lamentable estado de cosas.

Sin presiones externas, la situación de derechos humanos en Cuba no va a mejorar. Pero la presión externa, (tristemente ausente hoy, en el caso de Europa o de América Latina) se ha revelado insuficiente. Al mismo tiempo, la política de embargo de EE.UU. ha sido un fracaso sin paliativos.

El camino lógico a seguir es el que HRW y otros han sugerido: Los EE.UU. deberían pasar de una política de promoción de cambio de régimen a una de promoción de los derechos humanos. La administración de Obama debería acercarse a la Unión Europea y las democracias de América Latina y ofrecer el levantamiento del embargo bajo la condición de que estos países se unan a los EE.UU. para presionar a Cuba en una sola demanda: la liberación de todos los presos políticos, incluidos los encarcelados por "peligrosidad".

Una vez que el gobierno de EE.UU. haya logrado este compromiso y exista una coalición multilateral, EE.UU. debe poner fin a su fallida política de bloqueo. Cuba debe disponer de un plazo breve y determinado -el informe recomienda seis meses-, para liberar a todos sus presos políticos.

Si el gobierno de Raúl Castro cumple, se pondrá en marcha un proceso cuyo objetivo final es la plena normalización de las relaciones con los EE.UU. y la UE, así como el cumplimiento de las normas democráticas de la Organización de Estados Americanos. Si no es así, esta coalición multilateral debería promulgar sanciones específicas dirigidas a la dirección del gobierno de Castro.

Los hermanos Castro saben que nada sería más amenazador para su monopolio de medio siglo sobre el poder que el fin del embargo de EE.UU., que utilizan como justificación de sus abusos en curso. De hecho, parece que están saboteando deliberadamente la normalización haciendo que la situación de derechos humanos sea peor.

Esta es la razón por la que un enfoque multilateral es crucial. Según el diario español El País, el presidente Obama le pidió al presidente español Rodríguez Zapatero hace tres semanas que les dijera a los cubanos que "estamos tomando medidas, pero si no las toman ellos también, será muy difícil para nosotros para continuar." La administración de Obama ya lo sabe. Ahora, ojalá pudiéramos lograr que más países latinoamericanos terminen con la tolerancia de las violaciónes a los derechos humanos en Cuba y pasen a desempeñar un papel constructivo.

(Artículo publicado en The Wall Street Journal, traducido por Infolatam)