HRW: persiste la “maquinaria represiva” en Cuba

"Un nuevo Castro, la misma Cuba", informe de HRW.

Infolatam
Washington, 18 de noviembre de 2009

El Gobierno cubano ha cambiado de manos, pero mantiene una vieja “maquinaria represiva” con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la “ley de peligrosidad”, encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados. Esa es la principal denuncia que se desprende de un análisis divulgado por Human Rights Watch (HRW), en su primera evaluación sobre Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl.”Un nuevo Castro, la misma Cuba”

Las claves

  • Cuba ha logrado avances "significativos" en asuntos como la educación y la salud, pero "estos avances no han ido de la mano del respeto de los derechos".
  • HRW afirmó que la comunidad internacional debe ejercer la "presión necesaria" para efectuar cambios en la isla.
  • "Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan implacable como su hermano", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El documento

“Un nuevo Castro, la misma Cuba”Recomendaciones

“…Sin duda, el gobierno cubano es el único y absoluto responsable de los abusos que comete. Sin embargo, mientras continúe vigente el embargo, el gobierno de Castro continuará manipulando la política de Estados Unidos para mostrarse como un David latinoamericano que se enfrenta ante el Goliath estadounidense, un rol que sabe aprovechar hábilmente.” (Informe HRW)

El documento

“Un nuevo Castro, la misma Cuba”Recomendaciones

“…Sin duda, el gobierno cubano es el único y absoluto responsable de los abusos que comete. Sin embargo, mientras continúe vigente el embargo, el gobierno de Castro continuará manipulando la política de Estados Unidos para mostrarse como un David latinoamericano que se enfrenta ante el Goliath estadounidense, un rol que sabe aprovechar hábilmente.” (Informe HRW)

La organización, que también ha criticado medidas represivas en Colombia y Venezuela, dijo que el encarcelamiento, las palizas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso son algunas de las tácticas que usa La Habana contra los detractores de sus políticas.

El informe de 123 páginas denominado "Un nuevo Castro, la misma Cuba" muestra que el gobierno de Raúl Castro se ha apoyado, en particular, en la disposición sobre "peligrosidad" del Código Penal, que permite a las autoridades encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre "peligrosidad" es netamente política, y define como "peligrosa" a cualquier conducta contraria a las normas socialistas de Cuba.

"Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan implacable como su hermano", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno viven bajo un temor constante, pues saben que pueden terminar en prisión tan sólo por expresar su opinión".

A partir de una misión de investigación llevada a cabo en Cuba y más de 60 entrevistas exhaustivas, Human Rights Watch documentó más de 40 casos de personas que fueron encarceladas por el gobierno en virtud de la disposición sobre "peligrosidad" por ejercer sus derechos básicos.

Ramón Velásquez Toranzo, quien inició una caminata pacífica a través de Cuba para exigir el respeto de los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos, fue detenido y condenado a tres años de prisión por "peligrosidad" en enero de 2007.

Raymundo Perdigón Brito, un periodista que escribía artículos en los cuales documentaba los abusos del gobierno y los publicaba en sitios web extranjeros, fue condenado a cuatro años de prisión por "peligrosidad" en diciembre de 2006. Ha recibido reiteradas golpizas por parte de los guardias y ha sido sometido a reclusión en régimen de aislamiento.

El gobierno de Raúl Castro también recurre a otras tantas leyes excesivamente severas para acallar la libertad de expresión, suprimir los derechos laborales y penalizar todas las formas de disenso. Los defensores de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que son juzgados en virtud de estas leyes son objeto sistemáticamente de violaciones del debido proceso, como interrogatorios abusivos, denegación de asistencia letrada y juicios que no son más que una parodia.

Los presos políticos son sometidos a abusos generalizados, como reeducación ideológica forzada, reclusión en régimen de aislamiento por períodos prolongados y denegación de tratamiento médico en casos de enfermedad grave.

Además de encarcelar a los disidentes, el gobierno de Raúl Castro también impone el consenso político mediante golpizas, detenciones por períodos breves, actos públicos de repudio y denegación de trabajo, entre otras tácticas. En conjunto, estas formas habituales de represión generan un clima de temor que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos fundamentales en la sociedad cubana.

El defensor de derechos humanos Rodolfo Bartelemí Coba señaló a Human Rights Watch en marzo de 2009: "Vivimos las 24 horas del día pensando que podemos ser detenidos". Diez días después de realizar esta declaración, Bartelemí fue arrestado y trasladado a prisión, donde permanece hasta el momento.

Las medidas del gobierno estadounidense destinadas a impulsar cambios a través de un embargo indiscriminado han demostrado ser una decisión costosa y equivocada, señaló Human Rights Watch. El embargo ha impuesto profundas privaciones a la totalidad del pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos y ha logrado que Washington perdiera el apoyo de posibles aliados.

"Un nuevo Castro, la misma Cuba" recomienda al gobierno de Obama conseguir que la Unión Europea, Canadá y los aliados de América Latina se comprometan a ejercer presión conjunta sobre Cuba para que esta cumpla una única demanda concreta: la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en el término de seis meses.

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