Infolatam
Salamanca, 16 de noviembre de 2009
Por Manuel Alcántara

Uno de los ejes cardinales sobre los que se articula la denominada democracia participativa está conformado por las consultas populares. Basadas en una supuesta superioridad de la democracia directa sobre la representativa, intentan revelar el carácter protagónico del pueblo en circunstancias relevantes cuya trascendencia deje fuera de toda duda su inequívoca oportunidad. Su uso muestra una gama variada de situaciones que van desde la fundamental ratificación de procesos constituyentes (re)fundadores a otras marcadas por la necesidad de desbloquear momentos de parálisis a través de impulsos exógenos al sistema político, sin olvidar su empuje a políticas concretas que requerirían, en un momento dado, del empujón popular para sacarles adelante. Este tipo de consultas también se ha introducido como mecanismo de regeneración democrática en los novedosos escenarios de revocatoria de mandatos.

Si bien hay una lectura positiva de esta parafernalia plebiscitaria que se identifica con el énfasis en la captura exclusiva de la soberanía popular sin intermediación alguna y ello con la calidad de la democracia, las cosas no parecen ser tan claras. En América Latina, los tres países que gozan de mayor calidad de sus sistemas democráticos hacen un uso muy diferenciado de la democracia directa. Mientras que en Uruguay es práctica bastante habitual, no lo es en Chile ni en Costa Rica, país éste que cuenta con una única experiencia plebiscitaria en su historia y que dirimió por muy estrecho margen el favor popular para con el Tratado de Libre Comercio hace apenas dos años.

Pero hay más, la sociedad uruguaya fue convocada en la reciente cita electoral del 25 de octubre para expresarse sobre dos consultas directas de naturaleza bien diferente. No obstante, el resultado fue el mismo: el rechazo del cuerpo electoral. Ni la pretensión de avalar popularmente el voto por correo, una iniciativa legislativa cabal aunque torpemente redactada, para facilitar el voto de medio millón de conciudadanos que viven en el extranjeros, ni el deseo de pasar página impulsado por miles de firmas demandantes frente a la oprobiosa ley de caducidad que mantiene, formalmente, una situación de cuasi amnistía para los violadores de la dictadura, contaron con el beneplácito de los electores. Dos iniciativas oportunas y sensatas, que con gran probabilidad habrían tenido apoyo popular suficiente para ser aprobadas en cualquier otro momento, quedaron en el olvido, enterrada la primera por apenas contar con el 37 por ciento, y aupada la segunda hasta el insuficiente 48 por ciento, porcentaje que traducía exactamente el caudal partidista del Frente Amplio y sin tener capacidad de trascender el alineamiento partidista de los propios convocadores.

Por otra parte, la historia enseña de un uso bonapartista de la democracia directa, según el cual la utilización del plebiscito pudiera enmarcarse en el marco de una estrategia simple de poder. Habitualmente es el Poder Ejecutivo quien la pone en marcha, pero su uso por parte del Legislativo no está excluido. En los últimos tiempos coincide con veleidades reeleccionistas y es planteada como fórmula para atajar impedimentos políticos, cuando no directamente constitucionales. Ha sido la práctica habitual de Chávez, de Uribe, que se dispone a repetirla. A ella parecen sumarse Ortega y Lugo. Solamente Pérez Balladares perdió el envite hace una década. Zelaya fue desalojado del poder por la fuerza y dio origen a una crisis cuyo desenlace se desconoce. Pero no sólo la pulsión reeleccionista ha estado en el origen de la apuesta por la herramienta del voto directo, ahora Alan García se apresta a recoger firmas para realizar un referéndum que posibilite la renovación parcial del Congreso y elimine el voto obligatorio. De esta manera las consultas directas populares se convierten en una muleta del poder y no en un instrumento de poder popular.