Infolatam
Sao Paulo, 10 de noviembre de 2009

El Ministerio Público Federal en la ciudad de Sao Paulo anunció en un comunicado que escuchará a partir de este martes y hasta el 17 de noviembre próximo a todos los interesados en pronunciarse sobre la operación y sus posibles repercusiones. Según la nota, la intención es establecer si la millonaria adquisición, con un costo calculado en hasta 2.700 millones de euros (casi 4.000 millones de dólares), puede comprometer la capacidad de inversión de Telefónica en la calidad de los servicios que ofrece en el estado de Sao Paulo a través de su subsidiaria Telesp.

El Ministerio Público dijo que espera recibir cualquier tipo de documento o información sobre "la adquisición de GVT por parte de Telefónica, aspectos de competencia, aspectos de consumo y su repercusión en la capacidad de inversión en la red y en los servicios". "A partir de las fallas registradas en la red de Telefónica este año, la Procuraduría de la República (Ministerio Público) en Sao Paulo quiere saber si la adquisición va a comprometer la capacidad de inversión de la operadora", agrega el comunicado.

Las citadas fallas, especialmente en la Internet de banda ancha, ya obligaron este año al Ministerio Público a prohibir a Telefónica que firmara nuevos contratos con clientes de este servicio por cerca de dos meses. La intención de la medida era obligar a la empresa a invertir en la mejoría del servicio antes de proseguir en la expansión del mismo.

El Ministerio Público dijo que también espera establecer si la compra de GVT por parte de Telefónica puede impedir la entrada de un nuevo operador al mercado y permitir que la empresa española, sin ese competidor, "congele las inversiones o comprometa la calidad de los servicios en Sao Paulo".

El nuevo competidor sería la empresa francesa Vivendi, que también ha manifestado interés en adquirir GVT y llegó a realizar una oferta cuyo valor fue superado por el presentado por Telefónica. Según versiones de prensa, la principal preocupación de Telefónica es impedir la entrada al mercado de Sao Paulo de un competidor como Vivendi.

El Ministerio Público indicó que ya le solicitó a Telefónica y a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) informaciones sobre el estado del proceso de compra de GVT. El procurador Marcio Schusterschitz Araújo, citado en el comunicado, asegura que el proceso de apertura de las telecomunicaciones al sector privado en Brasil tiene como objetivo aumentar la competición en el mercado pero la compra de GVT por parte de Telefónica "puede subvertir esa lógica".