Argentina: anuncian recursos contra la recién aprobada Ley de Medios

Este sábado se convirtió en ley un proyecto que Cristina Kirchner había girado a finales de agosto al Parlamento.

Infolatam
Buenos Aires, 11 de octubre de 2009

El Gobierno argentino se apuntó una clara victoria política al conseguir este sábado que el Senado aprobara una polémica Ley de Medios Audiovisuales que era rechazada por sectores de la oposición y las principales empresas periodísticas del país. Sin embargo, la disputa por la nueva Ley se trasladará a la Justicia, a la que una provincia y empresarios periodísticos ya adelantaron que recurrirán al sentirse afectados por la polémica norma.

Las claves

  • Los artículos más polémicos: la creación de la Autoridad de Aplicación, controlada por el Gobierno, y el referido al período que tienen los medios para acogerse a la ley.
  • El jefe del gabinete reconoció el derecho de acudir a la Justicia de quienes se sientan perjudicados, aunque opinó que esas presentaciones "no tendrán ningún sustento".
  • El constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que se viene una ola de litigios debido a que la mayoría de medios "son titulares de licencias que vencen dentro de varios años".

La política del vacío

El análisis
Manuel Mora y Araujo

Manuel Mora y Araujo

(Especial para Infolatam) “El gobierno argentino logró su propósito: el Senado aprobó la nueva ley de medios de prensa. Para qué le servirá es todavía algo incierto. En la perspectiva de la política de poder cortoplacista, el gobierno puede ver el lado lleno de su botella: demostró que todavía controla al Congreso y que tiene la iniciativa.
Pero también es posible ver el lado vacío: el costo de hacer pasar leyes de la manera en que lo hace acumula resentimientos y odios, profundiza el desgaste del gobierno y erosiona la legitmidad de su liderazgo”
(sigue)

Los presagios de tiempos muy difíciles

El análisis
Eduardo Van der Kooy

Eduardo Van der Kooy

“…. La política -también el periodismo- se ha acostumbrado a bautizar siempre esos enjuagues como cándidos trueques. Habría otra manera más sincera de denominarlos: extorsión. ¿Cómo entender que un debate que incursionó en la libertad de expresión, la propiedad privada y los derechos adquiridos se canjee por un montón de billetes?”. Clarin (Argentina):

En declaraciones que publica el diario La Nación, el ex juez Rodolfo Barra, que representa a la provincia de San Luis, aseguró que ese distrito del centro de Argentina presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. "La nueva ley viola la Constitución argentina porque afecta el derecho de la provincia a legislar sobre los medios que operan en su territorio", destacó.

En declaraciones al mismo periódico, el constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que se viene una ola de litigios debido a que la mayoría de los medios de comunicación "son titulares de licencias que vencen dentro de varios años". "Pensando en ese largo plazo hicieron inversiones para modernizar la televisión, la radio y el cableado. Nadie aceptará perderlas", consideró al aludir a uno de los artículos de la nueva ley que limita la cantidad de medios que puede tener una empresa o un particular.

El jefe del gabinete argentino de ministros, Aníbal Fernández, reconoció este sábado el derecho de acudir a la Justicia de quienes se sientan perjudicados, aunque opinó que esas presentaciones "no tendrán ningún sustento".

Tras casi 20 horas de debate, el Senado convirtió este sábado en ley un proyecto que el Gobierno de la peronista Cristina Kirchner había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983). Mientras el oficialismo interpretó que la ley aprobaba permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.

Dirigentes de fuerzas políticas que han rechazado la nueva ley señalaron que se pondrán a trabajar para que la norma sea revisada después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y el oficialismo pierda la mayoría propia en el Parlamento.

Los artículos más polémicos del proyecto son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al período que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.

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