Infolatam
Santiago, septiembre de 2009
Por Javier Couso

Una de las novedades de la actual campaña presidencial chilena es que tres de los cuatro candidatos que siguen en carrera están planteando la necesidad de hacer profundas reformas constitucionales. En efecto, tanto el candidato de la coalición oficialista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como Jorge Arrate (del Partido Comunista) y el emergente Marco Enríquez-Ominami han hecho de la ‘cuestión constitucional’ elementos centrales de sus plataformas. Sólo el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, se ha pronunciado por dejar el orden constitucional tal y como está. Que candidaturas de grupos marginales o de políticos emergentes que han hecho del ‘establishment’ su foco de ataque propongan algo tan  radical como revisar el orden constitucional no es algo que debiera llamar la atención. Lo que si es sorprende es que un político tan consolidado como Eduardo Frei esté planteando lo mismo. 

El sólo hecho de que se plantee este debate puede aparecer como algo extraño para quienes siguen la política chilena desde fuera del país. En efecto, atendida la exitosa transición a la democracia y el enorme progreso económico-social que ha experimentado Chile en los últimos veinte años, es posible que muchos consideren que no se debieran alterar las reglas constitucionales que han gobernado esa virtuosa trayectoria política. El problema es que, detrás de la evidente estabilidad del proceso político chileno en las últimas dos décadas, se esconde un arreglo constitucional que aún exhibe elementos incompatibles con una democracia constitucional en forma. 

Como se sabe, la carta constitucional chilena fue elaborada en plena dictadura militar por la Junta de Gobierno (asistida por una comisión de juristas afines a ella nombrada a pocos meses del golpe de estado de 1973, y que sesionó por más de cinco años). La Constitución fue aprobada en 1980 en un plebiscito realizado sin las más mínimas condiciones democráticas, por lo que su legitimidad de origen ha sido siempre cuestionada por quienes se opusieron al régimen militar. Una vez derrotado Augusto Pinochet (en el plebiscito de 1988), su gobierno negoció con la oposición importantes modificaciones al texto constitucional que permitieron eliminar algunos de los elementos más autoritarios del mismo, aunque mantuvieron otros muy importantes (como los senadores no elegidos democráticamente, un ente de mayoría militar denominado ‘Consejo de Seguridad Nacional’ y la imposibilidad de que el Presidente de la República pudiera llamar a retiro a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas). Estos ‘enclaves autoritarios’ fueron, sin embargo, finalmente eliminados en la reforma constitucional del año 2005, lo que llevó al entonces Presidente Ricardo Lagos a anunciar solemnemente que con ella Chile tenía al fin una carta constitucional democrática. 

El problema es que, a pesar de las modificaciones mencionadas, la Constitución de 1980 continúa exhibiendo importantes enclaves autoritarios que –aunque menos ostensibles que los que exhibía hasta el 2005— siguen bloqueando el sistema político chileno. Esto último ha sido relevado en la propuesta de cambio constitucional de Eduardo Frei, que enfatiza que el orden constitucional chileno exhibe todavía un fuerte déficit democrático (aquí es necesario dejar constancia que quien suscribe participó en Océanos Azules, la entidad que elaboró la plataforma constitucional de su candidatura). 

La imputación de déficit democrático que se hace al sistema constitucional chileno se atribuye a tres instituciones que persisten en la carta de 1980. El primero, las llamadas ‘leyes orgánicas constitucionales’ que exigen la friolera de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio para ser modificadas (un 58 % del total, apenas por debajo del 60 % que demanda modificar la propia Constitución). El problema que subyace a este tipo de legislación súper mayoría es que la dictadura militar dejó promulgada buena parte de la legislación orgánica constitucional que debía dictarse, por lo que todas las reformas que se han podido introducir a las mismas han sido aquellas aceptadas por los herederos políticos del régimen militar. En este contexto, se hace extremadamente difícil que incluso un grupo que obtenga una sólida mayoría electoral en las elecciones pueda llevar a la realidad sus propuestas de cambio en materias que implican reformar leyes orgánicas constitucionales.  

El otro elemento del sistema constitucional chileno que dificulta la expresión de las mayorías democráticas es un sistema binominal que por sus características tiende a ‘empatar’ los resultados de las elecciones, ya que exige ‘doblar’ a la lista contraria para obtener mayoría en un distrito de diputados o circunscripción senatorial. Adicionalmente, el sistema binominal incentiva la competencia al interior de las coaliciones (por un ‘cupo’ parlamentario) y no entre ellas, lo que otorga un desmedido poder a las cúpulas de los partidos políticos. Esto ha erosionado la legitimidad del sistema de partidos en un país en que ellos han sido históricamente muy importantes para la estabilidad de su democracia. 

Finalmente, la Constitución de 1980 incluye un Tribunal Constitucional que cuenta con un excesivo poder (con escasos precedentes en el derecho comparado) que se está transformando en una suerte de ‘corte de los milagros,’ a donde acuden sectores minoritarios que han perdido la batalla electoral. Así por ejemplo, en un país en donde la abrumadora mayoría de la población exige que se distribuya gratuitamente la llamada ‘píldora del día después’ a mujeres que no cuentan con los recursos para adquirirlas, el Tribunal Constitucional falló el año 2008 que ello no era posible, dado el supuesto carácter abortivo de la ‘píldora’. 

La reacción a las propuestas de cambio constitucional se ha circunscrito por el momento a las elites. Los primeros en reaccionar fueron personeros ligados a la ‘vieja guardia’ del régimen militar, que derechamente defendieron la noción de ‘democracia protegida’. Luego, personeros cercanos a la candidatura de Piñera objetaron la propuesta basados en que el ex Presidente Ricardo Lagos había dado por zanjado el asunto el 2005. Finalmente algunos personeros de la derecha han dicho que plantear una nueva carta constitucional pondría a Chile en riesgo de seguir la suerte de países golpeados por el populismo, como Venezuela, Bolivia o Ecuador.  

Mirado con frialdad, este último temor es infundado. Eduardo Frei (que conoce bien el ‘negocio de gobernar’ y es conocido por su seriedad y pragmatismo) viene rumiando la idea de terminar con los encaves autoritarios que subsisten en la Constitución de 1980 desde hace años. Además, ha sido asesorado en su propuesta por constitucionalistas moderados, que son muy críticos del modelo Chavista y de los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador. En efecto, el modelo de cambio constitucional de Frei está fuertemente inspirado en el seguido por España en el año 1978. 

Finalmente, y ante la objeción que plantea que la Constitución de 1980 jugó un rol fundamental en la estabilidad del sistema político en la transición, los equipos de Frei han planteado que el que ello haya sido así en el pasado no significa que vaya a seguir haciéndolo en el futuro. De hecho, lo señalado más arriba sugiere que el empate permanente que la Constitución vigente en Chile propicia puede terminar socavando las bases del sistema democrático, por su poca adaptación al cambio.