Autoritarismo electoral y libertad de información

Infolatam
Sao Paulo, 4 de octubre de 2009
Por Lourdes Sola

(Especial para Infolatam)..- “… El problema es que en condiciones mínimas de competencia electoral y de libertad de información, peligra que “la voluntad del pueblo soberano” se vuelva volátil y, por otra parte, se muestre dividida. Por lo tanto, el control de la arena política pasa necesariamente por la restricción de la libertad de prensa y la tendencia al monopolio de la información”.

En los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos elegidos democráticamente, utilizan fórmulas anti-democráticas a fin de controlar la arena política y por lo tanto reducir al mínimo la competencia electoral pre-existente. Buscan deshacerse de uno de los atributos de la democracia electoral que les garantizaba el acceso al poder. Es justamente este impulso regresivo lo que llama la atención como una de las características de los experimentos de "gobierno popular" que se desarrollan en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Insisto: una de las marcas.

Esta regresión se combina además con el componente popular, inaugurando así una lógica y una nueva dinámica política, de la que las nociones de "populismo" o "neo-populismo" no dan cuenta. Los cientistas sociales deberían tener en cuenta el nuevo fenómeno, sin eludir la tarea de nombrarla correctamente, recurriendo a una innovación conceptual, si es necesario. Puede ser útil para los políticos democráticos y aquellos interesados en reflexionar sobre las fórmulas de terapia preventiva más adecuadas.

Esos son los gobiernos que gobiernan en el marco de dos contradicciones ineludibles que conviene analizar mejor, porque de ellas derivan su fortaleza y sus debilidades. La primera contradicción se refiere a la actitud hacia la competencia electoral. Por un lado, se ven obligados a jugar el juego de las elecciones multipartidistas periódicas, mínimamente competitivas para seguir legitimandose. Es el optimismo democrático que barrió América Latina desde 1980 y el mundo a partir de los años 90, para establecer la preferencia por las elecciones populares como el principal criterio de legitimidad para el acceso al Ejecutivo y a las Asambleas Nacionales.

Por otro lado, donde hay competencia y, por lo tanto, oportunidad de respuesta, el nivel de incertidumbre en cuanto a los resultados de las urnas se eleva. Esta incómoda contradicción se resuelve mediante el control de la arena electoral, lo cual puede tomar varias formas: restricción de los derechos políticos y libertades civile; restricciones sobre los medios de comunicación de masas y su financiación, cuando están en manos de la oposición; normas electorales discriminatorias.

Lo que acabo de enumerar son las características típicas de un nuevo animal – el autoritarismo electoral. Se trata de una variedad de sistemas, cuyo sello es una profunda ambigüedad institucional. Celebran elecciones multipartidistas, socialmente inclusivas, porque están basadas en el sufragio universal y son mínimamente pluralistas, porque la oposición tiene el derecho a competir, y aunque nunca va a ganar, consigue votos y escaños en el Congreso.

El autoritarismo electoral, en definitiva, se caracteriza por hacer de las elecciones competitivas un instrumento de gobierno autoritario, no de democracia. La lista comprende los países de la antigua Unión Soviética, incluida Rusia, el Oriente Medio y Norte de África, como Egipto, Argelia y Tunez; algunos del este y sur de Asia, como Singapur, Camboya. Malasia, junto con varios otros en el África subsahariana.

Los experimentos de autoritarismo electoral de América Latina son una especie única de este género por que son el resultado de una dinámica política regresiva. A diferencia de los otros que en su gran mayoría nunca han experimentado las instituciones representativas y/o sistemas de contrapesos entre los poderes. Estos tienen matrices autoritarias y son experimentos de liberalización política incompletos.

La segunda contradicción se refiere al control de la arena política, a través de la manipulación de la participación popular. Por un lado, el uso de elecciones mínimamente competitivas implica el reconocimiento oficial de un principio de cepa liberal, es decir, la "voluntad del pueblo soberano". Por otro lado, implica dar al votante y a la oposición los recursos institucionales – y los valores – que les permitan responder a las elecciones y al propio régimen. Con las elecciones, la coalición gobernante corre el riesgo de delegitimarse, viendose obligada a elegir entre dos alternativas desagradables, apretar el control de la arena política o dar más espacio a la oposición.

Esta definición se aplica al género, pero la especie dominante en nuestra región se distingue por el hecho de que los gobiernos en cuestión tienen (o tenían) sus raíces populares. Es esta condición, la que les sirve como un incentivo para erigir la participación mayoritaria del electorado en "la voluntad del pueblo soberano". De ahí el impulso revisionista (de las constituciones) y la vocación para legitimarse a través de plebiscitos.

El problema es que en condiciones mínimas de competencia electoral y de libertad de información, peligra que "la voluntad del pueblo soberano" se vuelva volátil y, por otra parte, se muestre dividida. Por lo tanto, el control de la arena política pasa necesariamente por la restricción de la libertad de prensa y la tendencia al monopolio de la información.

Esto se debe a dos tipos de problemas inherentes a la democracia de masas y que una prensa libre contribuye a mitigar – junto con las instituciones que obligan a los gobiernos a dar cuentas. La primera es que la operación ideológica por la que el electorado se convierte en "la voluntad del pueblo soberano" pasa de largo el quid de la cuestión: ¿cuánto sabe o puede saber el electorado y la opinión pública de los asuntos de interés público?. Pero hay un segundo problema que se agudiza en los países periféricos.

En las democracias de masas hay una gran diferencia entre, por un lado, la democratización de la información, a la que la población tiene acceso por la radio, televisión, periódicos, Internet y la capacidad que tiene la población para elaborar las informaciones. En el corto plazo, es la prensa la que reduce el espacio de ese vacío, siempre y cuando se presente y publique las formas y alternativas de desarrollo de la misma información por diferentes actores políticos. En estas circunstancias, ejerce un papel educativo.  La fórmula para terminar de reducir la brecha en el largo plazo es invertir en la educación de calidad.

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