Ecuador: Correa presenta la nuevo Ley de Hidrocarburos
La nueva normativa establece una participación activa del Estado en el sector petrolero.
Infolatam/El Comercio
Quito, 22 de septiembre de 2009
El proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, presentado por el Ejecutivo ecuatoriano, entrega el manejo del sector a empresas públicas y mixtas, las cuales tendrán un único tipo de contrato, de prestación de Servicios, para la exploración y explotación de hidrocarburos.
La exploración y explotación petrolera son actividades de riesgo, donde las empresas invierten capital para hallar petróleo y extraerlo del subsuelo. La iniciativa, que será debatida con la ciudadanía hasta octubre próximo, supone un giro de 180 grados en el área energética, acorde a la nueva Carta Política, aprobada en octubre de 2008.
La nueva normativa establece una participación activa del Estado en el sector petrolero y reduce la participación privada a un tema excepcional. El sector hidrocarburífero es considerado estratégico para el país.
La propuesta de un contrato único de prestación de servicios tiene como objetivo que el 100% del crudo vaya al Fisco, el cual reconocerá los costos e inversiones que hagan las compañías privadas. Hoy, unos 200 000 barriles diarios de crudo del país son generados por firmas privadas. De ese volumen, las privadas entregan un 36% al Fisco y el resto (64%) se llevan como pago de costos, inversiones y utilidades.
La actual Ley de Hidrocarburos establece, además del contrato de Prestación de Servicios, otras formas de contratación: participación, alianzas para campos de difícil acceso por parte del Estado; marginales (cuando tiene menos del 1% de la producción petrolera total del país); y otros.
Los contratos de prestación de servicios se utilizaron en la década de los ochenta y fueron cambiados a mediados de los noventa. Actualmente solo la italiana Agip mantiene este tipo de contrato. El resto cambió a participación. El modelo de servicios es beneficioso cuando el precio del crudo es alto, pero si cae no genera ingresos suficientes para que el Estado devuelva los costos a las firmas.
Para evitar esto, el proyecto de ley crea un "fondo de soberanía petrolera", que obliga a las privadas a dar al Fisco el 20% de su ingreso bruto (sin descontar gastos). Esto garantiza un pago al Estado sin importar cuál sea el precio del crudo. Otro cambio importante del proyecto es que elimina la obligatoriedad de concursos para adjudicar contratos. Estos se podrán dar en forma directa.
