La Nación
Buenos Aires, 8 septiembre 2009
Por Carlos Pagni

"Los fogonazos de la guerra entre el Gobierno y los medios audiovisuales, sobre todo el Grupo Clarín, igual que la operación oficialista para capturar Telecom, no han dejado ver, hasta ahora, pasajes muy relevantes de la reforma a la ley de radiodifusión que se debate en el Congreso. Son regulaciones que dejan al descubierto el marcado intervencionismo al que aspiran los Kirchner. Con su iniciativa, ellos ponen al Estado en el centro de la comunicación social. Y, como se sabe, en la Argentina el Estado es el Gobierno, el Gobierno es el partido, y el partido es el caudillo.

… Este criterio general se refleja en la organización económica que la ley prevé para los medios. Las empresas privadas que operan en la actualidad deberán superar tres tipos de competencia desleal. Una es la de las empresas de servicios públicos habilitadas, que cuentan ya con una red instalada y con un caudal de recursos difícil de equiparar. Otra, la de las emisoras del Estado, que, además de solventarse con la venta de la publicidad, cobrarán el 35% del gravamen que paga el resto del sistema. La tercera es la de las ONG, que no pagan impuestos. Tal vez este tipo de instituciones terminen subalquilando las licencias, como sucedió entre 1955 y 1999, y como ocurre con los bingos bonaerenses, que han sido otorgados a asociaciones con las más nobles finalidades.

La nueva normativa revolucionará el mercado de la publicidad. Los anunciantes verán que sus costos aumentan porque se les exige que los avisos sean de producción nacional (art. 72). Las empresas dedicadas a la exportación de cortos deberán pensar en otro negocio: al cerrarse el mercado local, es posible que en el exterior dejen de comprar sus creaciones. La Argentina se había vuelto un país muy competitivo en ese campo. La ley también establece que las agencias de publicidad paguen un gravamen especial.

Con su iniciativa, los Kirchner halagan a los organismos de derechos humanos y de las comunidades indígenas (art. 16, 142 y 143). También la Iglesia Católica podrá celebrar: es la única confesión mencionada (art. 31). Pero la corporación que más se beneficia con la reforma es, como siempre, la gremial, a la que la ley le abre las puertas de las empresas. Los sindicalistas integrarán el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (art. 16). Además, la norma eleva las cuotas de producción local (art. 57) e impone una nueva obligación para los aspirantes a una licencia (art. 23): tener saldadas sus deudas sindicales.

La nueva ley está llena de mordazas. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sustituye al Comfer (art. 12, 13 y 14), será una especie de Consejo de la Magistratura de la prensa. Estará integrada por cinco miembros del Ejecutivo y dos más a propuesta de una Comisión Bicameral del Congreso. La redacción es, en este punto, confusa: dice que uno deberá representar a la segunda minoría y el otro, a la tercera. ¿Y la primera minoría? ¿Qué sucede, por ejemplo, si la segunda minoría del Congreso fuera del mismo partido que el Ejecutivo?
La autarquía de esta Autoridad (art. 11) queda desvirtuada porque funcionará en el Poder Ejecutivo. Eso sí, tendrá más de 80 filiales en todo el país. Para comparar: la Policía Federal tiene 76 delegaciones.

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión queda condicionado al previo cumplimiento de numerosas obligaciones, casi todas de poca entidad, que se expresan en el inciso 12) del artículo 12 del proyecto. A la Autoridad Federal, la ley le agrega el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 35 consejeros designados por el Poder Ejecutivo.

A quienes suponen que los medios de comunicación están al servicio de una ingeniería social les encanta regular contenidos. La ley establece cupos de producción nacional (art. 57); 70% para las radios y 30% en el caso de la divulgación de música. Para la TV abierta la proporción es de 60%. Un 30% debe ser producción propia, que incluya informativos. Muchas empresas se verán asfixiadas con estas pautas. Las redes de TV por suscripción deben tener una señal propia, con los mismos balances de programación. Para controlar que se cumplan, habrá un ejército de auditores recorriendo el país con una calculadora en la mano. "

Extracto del artículo publicado en (La Nación. Argentina)