Infolatam
Sao Paulo, 23 agosto 2009
Por Lourdes Sola

"La democracia se compone de dos cosas: una maquinaria, es decir, una estructura constitucional, y un universo de maquinistas que pone la máquina a funcionar. Mi visión es que la democracia es todavía una maquinaria decente que está ampliamente trastornada y maltratada por sus actuales operadores" (Sartori)

Toda vez que atravesamos una coyuntura de incertidumbre un espectro vuelve a rondarnos: la revisión constitucional. Puede tomar varias formas, una reforma tópica, parcial o total y responder a circunstancias diversas. El universo de proponentes varía e incluye parlamentarios, juristas, OAB. Es esa fluidez la que hace difícil al analista político descifrar su razón de ser, a diferencia de Hamlet, que desde la primera aparición supo a qué venía el espectro de su padre.

Con la crisis en el Senado, el espectro vuelve a aparecer bajo un nuevo ropaje: con propuestas de un Congreso unicameral, en la práctica, se propone la eliminación del Senado. No llegan a pautar la agenda pública, pero obligan a reflexionar sobre nuestros impulsos revisionistas. Por dos razones: una de ellas es la singularidad de la coyuntura actual, que evidencia de forma dramática los fallos de nuestro sistema de representación. Se habían combinado las evidencias de un Senado de espalda a la opinión pública y el dominio, ahora al descubierto, del Ejecutivo sobre el Legislativo.

Sobre todo esto caben muchas preguntas. ¿Cómo remediar el grave déficit en el sistema de contrapesos, indispensable para moderar el poder avasallador del Ejecutivo y la desenvoltura del Presidente basada en altos índices de popularidad? ¿Cómo superar el autismo de un Senado indiferente al electorado de cuyos votos, en principio, depende? El tema de la reforma política debe resurgir. Pero, ¿cuál? ¿O cuáles?

Hay otra razón para reflexionar sobre esas cuestiones. Analizados desde una perspectiva regional, nuestros impulsos revisionistas son una versión suave del tipo de constitucionalismo vigente en América Latina. En un registro más optimista cabe preguntarse ¿por qué Brasil sale bien en la foto (aunque Chile salga mejor)? Es conveniente saber cuáles son los anticuerpos que nos protegen para estimularlos y contrarrestar los ataques oportunistas.

Descarto la hipótesis de que nuestra inmunidad dependa de una postura gubernamental coherente. La ambigüedad de nuestra política externa refleja la ambigüedad de sus artífices en relación a la cuestión democrática. La tarea preliminar es identificar el animal nuevo que se convirtió en parte del paisaje regional y que se caracterizó como "constitucionalismo iliberal". Sí, sé bien que suena como una contradicción en los términos – pero da igual. Pues, desde el punto de vista de la teoría democrática y con la experiencia de las democracias consolidadas, las constituciones se anclan en dos presupuestos: deben capacitar el gobierno para gobernar, y por lo tanto para controlar a los gobernados; pero el poder de gobernar es otorgado en base a la premisa de que sólo es democrático el gobierno que "se controla a sí mismo". El sistema de contrapesos integrado por los poderes Legislativo y Judicial es la característica definitoria del constitucionalismo. Bien…más de aquello que de esto.

El "constitucionalismo iliberal" es ante todo un híbrido. Su punto de partida es que el acceso al poder se hace a través de elecciones – un criterio de legitimación política de cepa liberal. A partir de ahí el modelo original sufre una decantación. Destaco sólo tres filtros. Primero: el supuesto de que una constitución es una caja de herramientas que debe garantizar ante todo la capacidad de gobernar – la gobernabilidad – de ahí la prevalencia del Ejecutivo, en detrimento de los contrapesos que lo limitan. Segunda: la maquinaria puede ser actualizada y "modernizada" por sus operadores, como portadores de "fines superiores". La operación mágica, aquí, consiste en presuponer que toda una sociedad quiere marchar hacia un mismo fin. Eso permite eliminar del modelo original, un ancla fundamental, pues en él las Constituciones se definen sólo como las normas que deben ser creadas para alcanzar determinados fines. Tercero, las preferencias mayoritarias de la población, medidas en votos o en popularidad, son idealizadas y erigidas a la categoría de "voluntad del pueblo soberano".

Llama la atención la emboscada autoritaria inserta en esa concepción de democracia, cuya lógica conduce sus operadores a congelar la vida política a través de la incesante escritura de constituciones. Por un lado, las preferencias del electorado y de la opinión pública varían, pues dependen de las condiciones de competencia electoral. Donde ella existe, la intención concreta del "pueblo soberano" es volátil y puede estar dividida. Por otro, tanto la "capacidad de gobernar" cuanto la definición de "fines superiores" encuentran otro límite incómodo: la participación política. Cuando es libre, refleja la diversidad de los fines que existen y que se contraponen en toda sociedad compleja.

Así, para continuar erigiendo un electorado concreto en "voluntad del pueblo soberano" los operadores tendrán que domesticar los dos motores básicos de la democracia: competencia electoral y participación política. La solución es la constitucionalización de la vida política, (otra contradicción en los términos). Su complemento natural es la descalificación del tercer elemento perturbador – la libertad de prensa, pues sólo ella puede atenuar un problema inherente a la democracia de masas: ¿cuánto saben el electorado y la opinión pública de los asuntos de interés público?

¿Cuáles son los anticuerpos? La competencia electoral es irreversible. El sistema de justicia actúa como un contrapeso. La prensa es competitiva a nivel nacional (pero, no local). El sector privado dinámico, diversificado, es un estabilizador, pues es crítico con los excesos de experimentación política. ¿Los riesgos? Un Ejecutivo avasallador, la descalificación de la prensa y el activismo del Presidente que maximiza los déficits en el sistema de representación. Otro riesgo, dramático, es la domesticación de uno de los motores de la democracia, la participación política, por la incorporación de los intereses organizados y de los movimientos sociales a las estructuras del Estado.