Infolatam
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
Por Daniel Zovatto

Bienvenida la convocatoria de la Presidenta para llevar a cabo una profunda reforma política con el concurso de todos los sectores. Es cierto que en estos momentos existen otras cuestiones de mayor urgencia para la gente como la economía, los problemas sociales, la pobreza y la justicia. Pero ello no debe opacar la relevancia de la reforma política, siempre y cuando la convocatoria sea seria y hablemos de una reforma profunda e integral y, por ende, que vaya más allá del tema de las internas partidarias.

Desde hace años afirmo que Argentina necesita una reforma político-electoral profunda e integral. Si sumamos a la reciente celebración de un cuarto de siglo de vida democrática que en 2010 festejaremos el Bicentenario -y que, además, durante ese año no se celebrarán elecciones-, las circunstancias que coinciden para llevar adelante esta reforma no podrían considerarse más propicias. Sería un grave error que las desaprovecháramos.  Pese a múltiples promesas, tanto de éste como de anteriores gobiernos, los avances en esta materia han sido escasos y, por consiguiente, hemos quedado al margen de la ola de reformas políticas que  recorre América Latina.

Cito tan sólo dos ejemplos para demostrar el actual dinamismo de la mayor parte de la región, orientado a innovar y ajustar los sistemas político-electorales a las nuevas realidades del contexto. El de México, con sus reformas de 1996 y 2007, entre cuyos puntos esenciales destacan el establecimiento del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral, un amplio financiamiento público para generar condiciones de mayor equidad en la competencia electoral y la prohibición absoluta de comprar propaganda política comercial, así como la reciente regulación dirigida a blindar a los partidos y a las campañas de la penetración del dinero del crimen organizado, especialmente del narcodinero. Y el de Brasil que, hace más de una década, incorporó exitosamente el voto electrónico. Pero no son los únicos casos. Hoy se discuten importantes reformas en Costa Rica, Colombia, y Chile, entre otros países.

La única excepción a este inmovilismo se manifestó en la reforma cordobesa de diciembre de 2008, que incluyó, entre sus modificaciones más importantes, la adopción de la boleta única. Por eso la Presidenta no debería mirar únicamente a Santa Fe sino también a Córdoba.

Reforma profunda e integral
La reforma política no sólo debe ser profunda sino también integral. Graves déficits, en especial las deficiencias de nuestro sistema electoral (boleta múltiple, elecciones anticipadas, candidaturas testimoniales, listas espejo y colectoras, etcétera), la profunda crisis de representación y la clara debilidad de nuestro sistema de partidos, no se solucionan con simples parches o cambios parciales. Por ello, la reforma debe contener un doble anillo de modificaciones encaminadas a dotar a nuestra democracia de mejor calidad institucional y a dar respuesta a la crisis de representación, al mismo tiempo que contribuyan a democratizar e institucionalizar a los partidos y coadyuven al fortalecimiento del régimen republicano y del estado de derecho.

El primer anillo de reformas debe proponerse como objetivo central una verdadera democratización y fortalecimiento de los partidos políticos, a la vez que una adecuada institucionalización del sistema partidario. Sin verdaderos partidos y sin un sistema de partidos debidamente institucionalizado es imposible que la democracia funcione con eficiencia. Lamentablemente, en Argentina los partidos se concentran más en la competencia electoral que en la formulación de políticas públicas. Ello produce falta de credibilidad y confianza en nuestros representantes y en la dirigencia política en general.

Todas las encuestas muestran el enorme abismo entre los políticos de la ciudadanía. Es imprescindible, asimismo, introducir cambios en la legislación para desincentivar su excesiva fragmentación; aumentar los niveles de democracia interna (sugiero adoptar el modelo uruguayo); mejorar el sistema de financiación política incrementando la transparencia y asegurando mejores condiciones de equidad (acceso a los medios de comunicación gratuitos a cargo del Estado, prohibición del uso de los recursos públicos durante las campañas), y fortalecer los mecanismos de control y el régimen de sanciones. Los sistemas vigentes en México, Brasil y Chile constituyen buenos modelos a estudiar.

El segundo anillo debe incluir, por su relevancia, la reforma de la arquitectura electoral y la incorporación de la boleta única (como mínimo) o el voto electrónico. Resulta esencial fortalecer la justicia electoral mediante el rediseño del modelo vigente (transfiriendo todas las competencias del Ministerio del Interior a la Justicia Electoral), siguiendo la fórmula dual mexicana o el sistema unificado de Brasil. Pero también hace falta adoptar la boleta única o incluso considerar la introducción del voto electrónico; en mi opinión, de forma gradual. Todos los países latinoamericanos han regulado la boleta única salvo Brasil, que cuenta ya con voto electrónico; Uruguay, que se rige por la ley de lemas, y Argentina, con su arcaico sistema de boleta múltiple. Hay que mejorar, asimismo, lo relativo a las autoridades de mesa y a la presencia de los fiscales partidarios.

Si queremos de verdad mejorar la calidad institucional, la reforma política debe ser parte integral de un proceso más amplio dirigido a reducir el hiperpresidencialismo (sobre todo en materia de leyes de emergencia y manejo administrativo del presupuesto, y regulación de los decretos de necesidad y urgencia) y a modificar el Consejo de la Magistratura. Es imprescindible, asimismo, sacar adelante la ley sobre coparticipación federal y garantizar un pleno acceso a la información pública, siguiendo sobre este último punto el modelo de Chile y de México.

Una reflexión final, pero no menos importante: en una sociedad anómica como la nuestra no basta con disponer de nuevas y mejores regulaciones. Resultan imprescindibles, también, mejores prácticas políticas (el compromiso de cumplirlas) y la existencia de órganos eficaces de control que garanticen su observancia e impidan la impunidad en caso de incumplimiento.