Estudio económico de América Latina y el Caribe 2008-2009, Perspectivas.
Infolatam
Santiago de Chile, 15 de julio de 2009
“…En suma, hacen falta políticas públicas que contribuyan a que la región alcance un nivel de competitividad adecuado para asegurar una inserción externa que permita crecer con mayor cohesión social… Esta estrategia de desarrollo productivo y de búsqueda simultánea de mayor equidad a su vez requiere de recursos para el financiamiento de las políticas necesarias y de un fortalecimiento del Estado para que sea capaz de abordar con éxito estos desafíos.” (Estudio Económico de América Latina y el Caribe)
Dentro del estado crítico que a mediados de 2009 aun caracteriza a la economía internacional, se observa un detenimiento del deterioro e incluso, en algunos casos, una reversión de la tendencia y una incipiente mejoría de algunos indicadores económicos y financieros, cuya confirmación habrá de verse con el transcurso del tiempo….
…La necesidad de un rol más activo de los organismos financieros internacionales sería aún mayor en caso de que la recuperación del sistema financiero internacional se demore y las condiciones de acceso al financiamiento externo continúen siendo precarias. Una situación de este tipo podría provocar dificultades en algunos países para cubrir sus obligaciones externas.
También es importante la manera en que el financiamiento de los organismos financieros internacionales llega a los países. Es preciso por lo menos que la condicionalidad no sea procíclica, como lo ha sido en el pasado, pero importa también que los costos y los plazos del financiamiento se ajusten a las necesidades de los países en desarrollo. Asimismo, sería beneficioso que los distintos organismos actúen de manera coordinada, consistente y complementaria a fin de potenciar sus efectos.
Es necesario tomar, en el muy corto plazo, los recaudos tendientes a aumentar la capacidad de financiamiento de los organismos internacionales, a fin de que estos puedan aportar los niveles de liquidez necesarios para ampliar el espacio de política destinada a acelerar la recuperación de las economías de la región, evitando o al menos morigerando los efectos negativos que dejan secuelas económicas, sociales y políticas muy difíciles de revertir.
Más allá de la coyuntura, la crisis brinda la oportunidad de analizar las características de las políticas macroeconómicas que permitirían determinar una tendencia sostenida de crecimiento para lograr salir de la crisis y limitar la vulnerabilidad de las economías de la región ante las turbulencias de origen externo o interno. La región ha avanzado en este aspecto, pero aún queda mucho por hacer y la necesidad de aprovechar las coyunturas favorables para ahorrar recursos con el fin de financiar las políticas contracíclicas es, tal vez, una importante lección que deja esta crisis.
Asimismo, es un momento oportuno para interrogarse acerca de los cambios que se avecinan en la economía mundial y de la manera en que los países de América Latina y el Caribe se insertarán en ese nuevo escenario. Es probable que los países desarrollados crezcan menos y que, consecuentemente, aumente la importancia de los países en desarrollo en el sostenimiento de la demanda mundial. Esto plantea nuevos desafíos en términos de competitividad y torna perentorio diversificar las exportaciones por producto, pero sobre todo por mercado de destino.
Es posible que los sistemas financieros internacionales estén sujetos a regulaciones y supervisiones mucho más estrictas, en cuyo caso puede reducirse el dinamismo de los mercados de crédito y aumentar las tasas de interés. Un escenario de este tipo haría necesario mantener niveles adecuados de ahorro interno y lograr que este fluya ágilmente hacia el financiamiento de la actividad económica, pero plantea también importantes desafíos en términos del diseño de una arquitectura financiera internacional que se ajuste a las necesidades de las economías en desarrollo.
Asistimos a un cambio de paradigma que implicará un reposicionamiento de la actividad del Estado en la economía, no solo en la regulación de la actividad económica para controlar que la búsqueda de la rentabilidad privada no conspire contra el bienestar general de la sociedad, sino también en la promoción de un tejido productivo que incorpore más conocimiento y criterios de eficiencia ambiental, privilegie la innovación y, sobre todo, la protección de los sectores más vulnerables para asegurar un desarrollo inclusivo. Cabe preguntarse entonces acerca del Estado que se necesita para llevar adelante estas tareas y las reformas que son necesarias para lograrlas.
Los desafíos de mediano y largo plazo planteados precedentemente ahondan, en última instancia, las carencias que deja al descubierto una crisis que, aunque no con el dramatismo de otras veces, afecta duramente a la región. Se interrumpió un proceso de seis años consecutivos de crecimiento y mejora de los indicadores sociales y se proyecta una caída del PIB regional del 1,9%, un aumento del desempleo al 9% y un probable incremento de la informalidad. Todo esto tendrá un impacto negativo en la pobreza en una región en la que aún hay más de 180 millones de pobres y más de 70 millones de indigentes, y pone de manifiesto la imperiosa necesidad de retomar la senda del crecimiento a tasas acordes con las necesidades sociales.
En suma, hacen falta políticas públicas que contribuyan a que la región alcance un nivel de competitividad adecuado para asegurar una inserción externa que permita crecer con mayor cohesión social. Como se señala en CEPAL (2008) esto requiere de la combinación de políticas económicas y sociales organizadas en torno a tres ejes: progreso técnico, empleo productivo y capital humano. Esta estrategia de desarrollo productivo y de búsqueda simultánea de mayor equidad a su vez requiere de recursos para el financiamiento de las políticas necesarias y de un fortalecimiento del Estado para que sea capaz de abordar con éxito estos desafíos.
(Perspectivas del Estudio de la Cepal)

























