Infolatam
Quito, 3 de julio de 2009
Por Simon Pachano

Su propio hermano se encargó de amargarle a Rafael Correa la fiesta de ingreso al Alba. El presidente ecuatoriano llegó hasta Venezuela, a encontrarse con sus pares del socialismo del siglo XXI, arrastrando la pesada carga del escándalo producido por la divulgación de los contratos millonarios que mantiene su hermano Fabricio con varias entidades del gobierno.

La contundente investigación periodística de diario Expreso dio inicio a la formación de una bola de nieve que aún sigue aumentando de tamaño y que puede llegar a aplastar la confianza en la honradez del mandatario. Su bien más preciado se ha puesto en entredicho con cada revelación adicional que han hecho los medios de comunicación, pero sobre todo con cada una de las abundantes e imprudentes declaraciones del incómodo hermano.
 
Rafael Correa ofreció una revolución que tenía más contenido ético que económico y social. Los “corazones ardientes y manos limpias” de su eslogan apuntaban en esa dirección. El uso de su apellido como sinónimo del cinturón con el que castigaría a los corruptos, caló en una población hastiada del abuso que se hacía con los fondos públicos. La percepción de limpieza y honradez explica en gran medida el enorme respaldo popular mantenido a lo largo de treinta meses de administración y los triunfos en seis procesos electorales. Sin embargo, la ética ha sido la principal víctima de la tormenta desatada en las dos últimas semanas.
 
La reacción presidencial solamente echó más sombras sobre el asunto e incrementó las dudas sobre su actuación. Desde el primer momento, Rafael Correa se aferró a la legalidad de los contratos, sin prestar atención al posible tráfico de influencias, a la utilización de los estados de emergencia para adjudicarlos sin concurso y a los numerosos subcontratos que mantiene su hermano (con empresas a las que pudiera haber ayudado a obtenerlos en las instituciones públicas que, según sus propias declaraciones, le dan un trato preferencial). Sin embargo, en medio de su programa radial del sábado, el Presidente expidió un decreto por el que declaraba ilegales a los contratos de entidades estatales con las denominadas “empresas de papel” radicadas en paraísos fiscales, que fue la figura utilizada por su hermano. La compra de dos empresas panameñas –calificada como “cortina” por el propio Fabricio Correa- fue sin duda el elemento que levantó más sospechas en este caso.
 
Pero, el decreto tiene varios aspectos que llevan a suponer que hay más interés en pasar rápidamente la página y en castigar a los denunciantes que en superar los problemas de fondo. En primer lugar, nada impedirá que en el futuro el mismo Fabricio o cualquier pariente de una autoridad pública haga contratos con el estado, si para ello utiliza empresas nacionales. La prohibición es para las “empresas de papel” y para las personas naturales, mas no para las personas jurídicas. En segundo lugar, como lo dijo el propio Presidente, la vigencia de ese decreto impedirá que algunos medios –precisamente los que hicieron las denuncias- puedan hacer contratos de publicidad con el Estado, ya que cuentan entre sus accionista a “empresas de papel”. Hay en ello un fuerte olor a venganza y a retaliación, que se añade a las acciones que ha desarrollado el gobierno en contra de los medios más críticos. En tercer lugar, en términos estrictos el decreto no debería tener ningún efecto, ya que es claramente inconstitucional en la medida en que reforma a la Ley de contratación pública. Una ley no puede ser reformada por un instrumento de menor jerarquía, como es un decreto presidencial, de manera no tiene validez.
 
Pero, inconstitucional e inútil jurídicamente, el decreto tiene un objetivo político. Está hecho para apuntalar la estrategia gubernamental de poner a salvo al Presidente mientras se condena la conducta de su hermano y se ataca a los medios de comunicación. Sin embargo, ahí es cuando surgen las dudas mencionadas antes. De manera especial, hay muchas razones para poner en tela de juicio el desconocimiento que aduce el Presidente sobre la existencia de esos contratos. No se le puede atribuir ingenuidad a un mandatario, como Rafael Correa, que sigue al milímetro las acciones de sus ministros y que tiene como arma política la revisión microscópica de las cuentas públicas y privadas. Su locuaz hermano ha descrito con lujo de detalles conversaciones y manejos de dinero que llevan a suponer que Rafael sabía de las andanzas de Fabricio. Su virulento ataque a los medios –perversos portadores de lo que no debía hacerse público- dice mucho al respecto.