Defender a Santos
Semana
Bogotá, 5 de julio de 2009
Por Alfredo Rangel
“…Como absurda e improcedente se puede calificar la decisión del juez ecuatoriano que pretende judicializar al ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos por haber estado al frente de la operación militar que produjo la muerte de 'Raúl Reyes' en territorio de ese país. Para Colombia, la legitimidad de esta operación está indisolublemente ligada al carácter de inimputable del ex ministro Santos. Por esta razón, la defensa de Santos debe ser una causa nacional”. (Semana. Colombia)
"…Descartada entonces la responsabilidad individual, llegamos nuevamente a la cuestión de fondo: la legitimidad de la acción militar del Estado colombiano contra el campamento permanente que 'Raúl Reyes' como jefe guerrillero tenía establecido en Ecuador. Esta fue una acción lícita de legítima defensa ante la agresión ilegítima que significaba el hecho de que las autoridades ecuatorianas permitieran la existencia en su territorio de un campamento perteneciente a un grupo guerrillero que permanentemente atenta contra la sociedad y contra el Estado colombiano.
… En el caso de la Operación 'Fénix', se trataba de proteger la seguridad nacional de Colombia frente a la existencia de un campamento permanente de las Farc en Ecuador. Así, la legítima defensa, cuando está justificada, no puede ser antijurídica. El artículo 51 de la Carta de la ONU así lo establece al afirmar que "ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas". Y el artículo 22 de la Carta de la OEA llama a sus miembros a no utilizar la fuerza, "salvo en los casos de legítima defensa".
… En la reivindicación de la legitimidad de esa operación los colombianos debemos tener una sola voz, a pesar de nuestras diferencias internas. Es la defensa de nuestra seguridad colectiva frente a la amenaza común del terrorismo. En estas circunstancias, todos los colombianos, sin distingos de ningún tipo, debemos estar en la primera línea de defensa de nuestra seguridad y nuestra democracia. En procura de este objetivo, bien ha obrado el gobierno colombiano al crear un equipo de alto nivel para defender a los servidores públicos que de manera injusta se pretende judicializar por el "terrorismo jurídico", sólo por cumplir de manera legítima y legal su deber de luchar contra las múltiples expresiones de la amenaza terrorista.
De otra parte, cabría esperar que la actitud del juez de Sucumbíos no represente la postura del gobierno ecuatoriano…Correa exige para normalizar las relaciones bilaterales, entre las que se cuenta, por ejemplo, que el gobierno colombiano desista de su afirmación según la cual algunos funcionarios ecuatorianos tuvieron relaciones con las Farc. La misma Fiscalía ecuatoriana ha demostrado que este señalamiento es cierto. Pero la condición continúa ahí, inamovible.
Y ahora el presidente Correa, que si tuviera verdadera voluntad de normalizar las relaciones con Colombia habría al menos lamentado la decisión del juez ecuatoriano, ha optado por lavarse las manos y por boca de sus voceros parece avalar esa estrambótica decisión. Así las cosas, la defensa de Santos se convierte para los colombianos en un asunto de dignidad y de soberanía nacional".
