Infolatam
Bogotá, 18 de junio de 2009

El presidente Álvaro Uribe había pedido unas horas antes, a un grupo de parlamentarios afines, que no respaldaran la iniciativa al considerar que supondría "un trauma irreparable a las finanzas del Estado" y una "grave amenaza" a su política de seguridad democrática.

Por norma legislativa en Colombia, toda ley para ser aprobada debe tener el sí mayoritario de las dos cámaras.

El Gobierno, en un comunicado expedido horas antes de la votación y tras la cita de Uribe con senadores oficialistas, solicitó "encarecidamente no aprobar" el texto conciliado en un comité del Senado y de la Cámara de Representantes. Ese texto, advirtió, constituye "una grave amenaza a la Seguridad Democrática", la política oficial contra la violencia y las drogas.

También unas horas antes, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, consideró como "inviable" la aplicación de la Ley de Víctimas por su alto costo, que alcanzaría desembolsos por 36.209 millones de dólares.

La Cámara de Representantes aprobó la norma el martes pasado y el miércoles la "comisión de conciliación" decidió incluir el texto original que había sido votado previamente por el Senado.

La cámara baja le había dado el sí a una ley que diferenciaba entre las víctimas de la Fuerza Pública y las de grupos armados ilegales.

Según ese texto, quienes han perdido familiares o han sido desplazados por cuenta de las guerrillas o los paramilitares, podrían acceder más fácil a una reparación,Sin embargo, establecía que quienes fueron blanco de abusos de soldados, policías u otros agentes del Estado, debían esperar una sentencia judicial.

Para las víctimas, organizaciones de derechos humanos y los senadores que impulsaron esta ley, lo aprobado por la Cámara no era un punto menor.
Consideraron que, precisamente, cuando el Estado es el responsable directo porque uno de sus agentes le violó los derechos a un ciudadano a quien debió proteger, con más razón es cuando debería reconocer esos derechos.

Pero, según el comunicado del Gobierno colombiano, horas antes de ser desaprobada, tal como fue "conciliada" la ley, ésta "iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener (…) una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos".

Una vez la norma fue "hundida", el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, anunció que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley de víctimas "que sea responsable y eficaz".

"Presentaremos un proyecto que sea equilibrado entre la realidad fiscal del país, los estándares internacionales y las leyes nacionales", dijo Valencia.
Según el ministro, ese nuevo proyecto de ley asegurará a quienes han sufrido los efectos de la violencia durante medio siglo que "tendrán del Estado la reparación justa".