Incertidumbres electorales en Bolivia

Infolaram
La Paz, 14 junio 2009
Por Horst Grebe

(Especial para Infolatam).- “A seis meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas por mandato constitucional para el 6 de diciembre de 2009, todavía no están dadas las condiciones básicas que aseguren su realización sin tropiezos ni cuestionamientos. En las pasadas semanas se han agudizado los problemas sociales, políticos e institucionales que añaden dificultades a un proceso que intermitentemente amenaza con salirse de control”. (sigue) 

En ausencia de condiciones técnicas para contar con un nuevo padrón biométrico confiable antes de las elecciones, existen varias iniciativas legislativas para encontrar alguna fórmula mixta de padrón, que incorpore al actual (calificado por el ex Presidente de la Corte Nacional Electoral como no fiable en un 30%) los nuevos registros biométricos para determinadas circunscripciones. Un arreglo político de tal naturaleza añadiría nuevas complicaciones a un proceso de por sí vulnerable a diferente tipo de críticas.

No cabe duda que algunas fuerzas políticas están interesadas en la postergación de las elecciones porque suponen que en un plazo más largo podrían resolver las dificultades que les impiden aspirar por de pronto a resultados más favorables. En cambio, los círculos más próximos al Presidente Morales ponen de manifiesto una cierta urgencia de realizar los comicios en la fecha constitucional, porque esperan mantener los niveles de inversión pública de efecto clientelar y represar todavía los impactos sociales de la crisis económica en ciernes. La perspectiva menos probable parece consistir en la postergación de las elecciones generales de diciembre hasta mediados del próximo año.

En este difícil contexto, los dilemas institucionales incluyen la desaparición de facto del Tribunal Constitucional a raíz de la renuncia de su única magistrada, provocada por la decisión de recorte presupuestario a tal institución. Se suma también el juicio contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por prevaricato y retardación de justicia, situación que ha dado lugar a su destitución y el consiguiente debilitamiento crítico del Poder Judicial en su totalidad.

El equilibrio de poderes y las instituciones republicanas nunca han sido muy sólidas en Bolivia, pero en pocas ocasiones se asistió a semejante grado de debilitamiento del Estado de Derecho y la vigencia de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos.

La situación de las diferentes fuerzas políticas es también complicada, sobre todo luego del Decreto de confiscación de propiedades de presuntos financiadores de actividades terroristas o secesionistas, acción que implica una clara violación de los principios constitucionales y los pactos internacionales sobre la materia. Sin embargo, el objetivo supremo y la línea de conducta del oficialismo es clara: asegurar a cualquier precio la continuidad de Evo Morales en la Presidencia de la República, contando con más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Entre las herramientas utilizadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) se cuenta el amedrentamiento a los adversarios más peligrosos en el campo electoral, mediante su enjuiciamiento por las responsabilidades emergentes de los trágicos sucesos de octubre de 2003 o por acciones administrativas en diferentes campos de la gestión gubernamental.

Lamentablemente también ocurren hechos condenables como vejámenes y castigos físicos a líderes sociales en nombre de la mal llamada justicia comunitaria. Además, algunos disidentes del MAS que han anunciado su intención de organizar fuerzas electorales alternativas, han sido amenazados en su integridad física y prohibidos de retornar a sus comunidades de origen. En diferentes circunscripciones rurales se impedirá que ciudadanos y candidatos de la oposición realicen sus campañas proselitistas, sobre todo en zonas muy pobladas que, hasta ahora, han sido cotos cerrados de apoyo a Evo Morales.

A nivel nacional, existen muy pocos candidatos potenciales de la oposición para la Presidencia de la República; tampoco hay fuerzas políticas que cuenten con estrategias claras, estructuras organizativas, militancia experimentada y comprometida, además de recursos financieros suficientes para llevar a cabo sus campañas.

Probablemente, para la próxima legislatura, existe un acervo de candidatos regionales y municipales para ocupar curules de oposición, con credenciales profesionales y políticas para contribuir a la producción del cúmulo de leyes necesarias para devolverle al país un andamiaje legislativo adecuado a sus necesidades políticas, económicas y sociales. Sin embargo, el problema estriba en que por de pronto no existen las organizaciones políticas capaces de incluir tales candidaturas como opciones sólidas en la competencia electoral y la reconstrucción de los espacios públicos plurales y democráticos.

Para viabilizar el establecimiento de una nueva institucionalidad democrática se requieren liderazgos renovados que demuestren visión, coraje y desprendimiento de ambiciones personales en la medida suficiente para lograr pactos democráticos, transparentes y programáticamente consistentes. El país necesita opciones alternativas que no tengan el objetivo primordial de enfrentar a Evo Morales o revertir el proceso de cambio, sino el propósito de dotar de un elevado nivel de idoneidad personal, capacidad jurídica y representación legítima a la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional.

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