Colombia: alarma por enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema
Infolatam
Bogotá, 15 de junio de 2009
El enfrentamiento entre las Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Álvaro Uribe ha encendido las alarmas en Colombia por el temor a que desemboque en una crisis institucional. El ejecutivo acusa a los magistrados de recibir dinero del narcotráfico y el poder judicial investiga a los diputados que apoyaron la convocatoria del referendum para la reelección de Uribe.
Las claves
- Ministerio de Hacienda asegura que existen "operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo".
- La Corte inicia investigación preliminar a 86 congresistas denunciados por votar el referendo sin tener el aval del Registrador Nacional.
Doble triunfo
La culminación del proceso de primarias arrojó dos espléndidos resultados, de un lado le dio al país el candidato, Henrique Capriles Radonski, que tendrá la enorme responsabilidad de conducir la campaña electoral contra Hugo Chávez y derrotarlo y, del otro lado, la descomunal participación popular en el proceso de primarias, que no tiene ningún precedente en Venezuela. (Tal Cual. Venezuela)
La pelea entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema se remonta a hace dos años (2007), pero se ha reavivado desde el pasado mes de mayo. La Corte ha seguido investigando los nexos entre políticos (muchos de ellos aliados de Uribe) y paramilitares (la conocida como "parapolítica"). Por su parte, el ejecutivo ha acusado a algunos magistrados de haber recibido dineros de dudosa procedencia.
En los últimos días se ha visto como la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), del Ministerio de Hacienda, asegura que existen "operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo" y a renglón seguido menciona que "podrían verse involucrados algunos magistrados".
Además, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, acusó a la Corte Suprema de Justicia de estar politizada y la Comisión de Acusaciones del Congreso abrió una investigación contra los magistrados citados en ese informe de la Uiaf.
Todas estas decisiones se producen tras las sentencias de la Corte del mes de mayo que golpearon duramente al uribismo. La Corte Suprema condenó a seis años al senador Iván Díaz Mateus, por presionar a la excongresista Yidis Medina para que votase a favor de la reforma que permitió la primera reelección de Uribe.
Luego, condenó a ocho años de cárcel al ex congresista Teodolindo Avendaño por los beneficios que obtuvo del gobierno por no asistir al Congreso el día de la votación de la reforma para la reelección de Uribe.
Por último, la Corte ha abierto una investigación preliminar a 86 congresistas que fueron denunciados por haber votado el pasado 17 de diciembre el referendo sin que éste haya cumplido un supuesto requisito que es el del aval del Registrador Nacional.
La pugna entre poderes comenzó en julio de 2007 cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en contra de los beneficios jurídicos que la Ley de Justicia y Paz ofrecía a más de 25.000 desmovilizados de los grupos paramilitares.
La ley era una de las columnas vertebrales del gobierno de Uribe para lograr la desmovilización. Uribe tachó entonces a la Corte de "sesgada" y de "enemiga de la paz". Luego, la Corte abrió una investigación contra el entonces senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente.
Y todo vino a enredarse cuando el entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, dijo públicamente que el primer mandatario lo llamó para preguntarle por el proceso contra su primo. Uribe lo negó y demandó al jurista por calumnia.
