Infolatam
Salamanca, 24 mayo 2009
Por Manuel Alcántara

La democracia, incluso la democracia representativa, es algo más que elecciones. Esta es una cuestión sobre la que desde el siglo XVIII gira buena parte de la discusión de la teoría política. Todavía hace apenas tres décadas la confrontación entre los que abogaban por la "democracia real" frente a la "democracia formal" dominaba la liza política al menos en el ámbito del discurso. Enfrentaba, entre otras dimensiones, a quienes denostaban el papel de los comicios como algo insuficiente para proyectar una representación popular efectiva siendo reproductor de los esquemas de dominación de clase, frente a los supuestos mantenedores del statu quo. Hoy, la repetida confrontación entre la democracia representativa y la democracia participativa vuelve a reproducir el diferendo, aunque sea en una nueva dimensión donde la primera no es totalmente repudiada.

En la actualidad hay un común denominador a la hora de aceptar a las elecciones como mecanismo de selección y cambio de las elites políticas pero, sobretodo, como instrumento de legitimación de quienes alcanzan el poder. Las críticas que numerosos generadores de opinión vierten sobre Hugo Chávez no pueden soslayar la decena larga de procesos electorales, razonablemente desarrollados, que se han dado en Venezuela durante la última década.

La aceptación de las elecciones como uno de los principales ejes articuladores de la política actual en América Latina, salvo Cuba, no obstante, debe recordar el carácter técnico que conlleva el proceso y la necesidad de poner en marcha medidas precisas que garanticen el correcto desarrollo de su fin último que no es otro que transferir impecablemente y en un tiempo lo más corto posible las preferencias de los electores. En este sentido, la encuesta a diputados latinoamericanos que realiza periódicamente la Universidad de Salamanca muestra una preocupante desconfianza, incluso entre la clase política de los últimos comicios celebrados en cada país de la región.

En una escala de valoración del grado de confianza (1 es mínima y 5 máxima), solamente en tres países sus diputados confieren un grado de confianza a las últimas elecciones nacionales celebradas superior a 4,5 (Uruguay, Panamá y Chile), el grado en cinco países está comprendido entre 4 y 4,5 (Paraguay, Argentina, Bolivia, Guatemala y Costa Rica). Por el contrario, en Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua la media se sitúa entre 3,5 y 4, siendo inferior a 3,5 en El Salvador, México, República Dominicana, Honduras y Ecuador. Todo ello evidencia un estado regional que se aleja del óptimo deseable.

Lo relevante de esta situación es que la desconfianza electoral no se vincula al fraude, cuyas denuncias son escasas y se centran básicamente en los comicios mexicanos de 2006 por parte exclusivamente del PRD, sino que tiene un fuerte componente de administración electoral. En este sentido y en estas mismas fechas y centrándome en el mundo andino, se suceden situaciones realmente preocupantes que abundan en el argumento de estar frente a un proceso desprolijo en lo atinente a cuestiones electorales. La Corte Nacional Electoral de Bolivia acaba de adjudicar a una empresa privada la elaboración del Padrón Electoral con el consiguiente riesgo de dejar esta información sensible en manos de una firma externa.

Por otra parte, el Concejo Nacional Electoral de Ecuador un mes después de celebradas las elecciones no ha hecho público todavía los resultados de legisladores y concejales y tardó tres semanas en ofrecer los resultados oficiales de las presidenciales dando pie al repudio de los mismos por parte del candidato Lucio Gutiérrez. Hoy, las cuestiones electorales son más que nunca administrativas, pero no por ello debe haber negligencia a la hora de abordarlas.