Paraguay: queja ante Honduras por caso Montanaro
Infolatam/Efe
Asunción, 5 mayo 2009
El Gobierno de Paraguay expresó su preocupación al de Honduras tras la llegada del ex ministro paraguayo de Interior Sabino Augusto Montanaro, quien permaneció asilado allí durante 20 años. La Cancillería en Asunción remitió hoy una nota a la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, en la que detalló la serie de trámites que había realizado Paraguay para lograr la extradición de Montanaro por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Las claves
- El ex ministro de Interior con Stroessner llegó inesperadamente a Asunción sin que el Gobierno de Honduras, donde permanecía exiliado, notificara su salida.
Montanaro, de 86 años y aquejado de varias complicaciones de salud, llegó inesperadamente el pasado viernes a Asunción sin que el Gobierno de Honduras, que no tiene acuerdo de extradición con Paraguay, haya notificado todavía su salida. Esa situación fue calificada por la Cancillería paraguaya como una situación que "no condice con los tradicionales vínculos de amistad y cooperación existentes entre ambos países".
En su nota detalló que ha tramitado el 30 de abril de 2008 a través de la Embajada de Paraguay en Costa Rica, concurrente ante el Gobierno de Honduras, el pedido de extradición de Montanaro con el "ruego de imprimirle celeridad al trámite". Además, que dicho pedido fue seguido por el encargado de negocios de Paraguay en Costa Rica y por su homóloga de Honduras, Koritza Suazo.
Tras su llegada al país y luego de ser sometido a un chequeo médico en un sanatorio privado, Montanaro fue derivado bajo arresto al policlínico de la Policía Nacional, ante cuyo edificio permanecen en vigilia grupos de activistas de derechos humanos que piden su encarcelamiento.
Montanaro ejerció como ministro de Interior entre 1966 y 1989, la época más dura de Stroessner, y afronta en el país causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en los años 70 y 80 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Stroessner, indicó en su conclusión divulgada el 28 de agosto de 2008 que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante la dictadura. Además, la Comisión situó en 128.076 el número de perseguidos a partir de 2.069 testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos.
