American Interest
Washington, 23 marzo 2009
Por Francis Fukuyama

"Una de las iniciativas políticas más claras que los Estados Unidos podrían emprender ya es incrementar seriamente la cantidad de ayuda que se concede a México para reforzar la seguridad a lo largo de la frontera entre México-Estados Unidos, y ayudar a reformar el sistema judicial mexicano. Empezamos este proceso el año pasado con la Iniciativa Mérida, pero ahora necesita ser ampliada y mejor financiada. Esto es lo que ellos llaman un "no-brainer".

La guerra contra las drogas en México comenzó a ser noticia recientemente por el esfuerzo personal del presidente mexicano Felipe Calderón para eliminar el poder de los narcotraficantes tras su elección en diciembre de 2006. La guerra se ha librado en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, justo en la frontera con los Estados Unidos, así como en el sur de Estados como Sinaloa y Guerrero. Desde que comenzó la actual guerra a principios de 2007, casi 10.000 personas han sido asesinadas, 6.286 de ellas en 2008 solamente.

La razón por la que México tiene un gran problema con los narcotraficantes, además de la existencia de un enorme mercado de drogas hacia el norte, es la debilidad de ciertas instituciones mexicanas, y en particular su sistema judicial. México, como los Estados Unidos, es un estado federal y la responsabilidad de tratar el tráfico de drogas está dividida entre jurisdicciones federales, estatales y locales. Durante los años en que el PRI estuvo en el poder, muchos gobernadores estatales y funcionarios locales llegaron a tener relaciones de complicidad con los señores de la droga.

La policía mexicana tiene mala fama por su corrupción y por el grado en que ha sido infiltrada por las bandas de narcotraficantes. Los ciudadanos mexicanos mantienen sus propios puntos de vista sobre la policía, a la que tienden a considerar como parte del problema. De hecho, una de las más peligrosas bandas de narcotraficantes fue reclutada a partir de una fuerza de élite para la lucha contra las drogas. Calderón ha llevado el ejército a sitios como Ciudad Juárez en sustitución de la policía local, porque estaban intimidados o corrompidos, pero también se corre el riesgo de corrupción de militares.

Es difícil saber cuánto se ha progresado en esta lucha. Uno de los motivos de la reciente escalada de asesinatos radica en que al principio de esta batalla se logró la eliminación de muchos de los mas importantes jefes de las bandas del narcotráfico, y ahora hay una lucha abierta por quien se queda con el poder, con una gran violencia entre las bandas.

El gobierno mexicano ha iniciado una serie de reformas, y habría que aprobar otras más si se quiere ganar esta guerra. Se ha intentado crear unas directrices nacionales para la contratación y formación de la policía local. El gobierno federal necesita un poder policial más fuerte y la capacidad de implementar algo así como un FBI de los Estados Unidos. Los sistemas judiciales están obstruidos y débiles. Un número creciente de estados mexicanos como Nuevo León, han experimentado nuevas reformas judiciales en los últimos años; sería necesario extenderlas a otras partes de México.

Como muchos observadores han señalado, el problema de las drogas en los países latinoamericanos como México se origina en los Estados Unidos por culpa del alto nivel de la demanda de drogas ilegales por consumidores estadounidenses. En los últimos decenios la política antidroga de EE.UU. se centró casi exclusivamente en el suministro, más que en la demanda. Muchos economistas que estudian el problema de las drogas han señalado que las interdicciones pueden elevar temporalmente los costes de las drogas ilegales en los EE.UU. pero que los mercados responden encontrando rutas y fuentes de abastecimiento alternativas.

… Hay, en cambio, otra serie de consideraciones a favor de una nueva iniciativa: la democracia y la estabilidad política en México son muy importantes para los Estados Unidos. Como resultado de los últimos acontecimientos en la batalla contra la droga se ha hablado muy a la ligera acerca de que México pueda convertirse en un "estado fallido". Esta retórica es muy exagerada, pero lo cierto es que el tráfico de drogas es altamente corruptor de las instituciones políticas mexicanas. Será imposible que México actúe en materia de inmigración o cualquier otro problema si su gobierno no puede gobernar, es invadido por la corrupción, o es incapaz de hacer cumplir la ley en las zonas fronterizas.

México tiene un presidente serio y pro-americano que ya ha invertido una enorme cantidad de capital político en la guerra contra las drogas. Felipe Calderón, del centro-derecha (PAN), casi perdió las ultimas elecciones presidenciales contra el populista del PRD Manuel López Obrador. La pobreza en México hace que la alternativa populista continúe siendo atractiva para los mexicanos, y Estados Unidos necesita reforzar la credibilidad de los demócratas entre sus vecinos. No necesitamos otro Hugo Chávez en nuestra frontera.

La mejora de la seguridad contra los narcotraficantes se puede lograr con medidas políticas. Aunque las medidas de seguridad reforzadas no puedan parar el tráfico de drogas, es posible derrotar a las mafias y aumentar los niveles de seguridad. La prueba es el Plan Colombia, iniciado por la administración de Bill Clinton y  continuado con la de Bush, que ha surgido como una de las más exitosas iniciativas hemisféricas de las últimas décadas. Si bien el efecto del Plan Colombia en la producción de cocaína colombiana puede ser temporal, el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos de ese país ha sido enorme. Los niveles de seguridad de la vida cotidiana en ciudades como Bogotá y Medellín han mejorado enormemente en los últimos seis años.

Bajo la administración Bush, los Estados Unidos ha puesto en marcha la denominada Iniciativa Mérida, que el Congreso ha financiado de mala gana con US $ 1,4 mil millones. La Iniciativa Mérida está prácticamente copiada del Plan Colombia, pero no ha sido financiada tan generosamente. El nacionalismo mexicano ha dificultado que los gobiernos de México sean muy cooperadores con los Estados Unidos, pero en el transcurso de la reciente guerra contra la droga 150 mexicanos han sido deportados judicialmente a los Estados Unidos. Felipe Calderón se reunió con Barack Obama el 12 de enero y propuso una "asociación estratégica" con los Estados Unidos sobre esta cuestión que la administración Obama aún tiene que asumir. Los tres años y medio que quedan del mandato de Calderón suponen una gran oportunidad para avanzar en la ampliación de la Iniciativa Mérida.

La ampliación de la iniciativa debería centrarse no sólo en su contenido y en una mayor cooperación policial, sino en ayudar a reformar el sistema judicial de México en un sentido más amplio. Los Estados Unidos han participado en iniciativas de reformas legales en muchas partes del mundo y podrían iniciarse programas similares en México. No tenemos respuesta para la reforma del sistema judicial, pero su estructura federal permite una considerable capacidad experimental.

Una cuestión difícil será el suministro de armas. Como ha quedado claro tras recientes informaciones, las bandas narcotraficantes mexicanas son capaces de comprar rifles de asalto y armas pesadas en Estados Unidos y utilizarlos contra la policía local. Esfuerzos para controlar este tráfico irritarán a los defensores de los derechos de armas en los Estados Unidos, pero puede haber alguna manera para que podamos reforzar la capacidad de controlar el flujo de armas a través de la frontera…".

Extracto del artículo publicado en American Interest. Estados Unidos