Infolatam
La Paz, 16 de marzo de 2009

En las puertas de la cárcel de La Paz en la que está recluido Fernández, su esposa se concentró junto a unas veinte personas, quienes intercambiaron insultos con el casi medio centenar de afines al Gobierno que también llegaron al lugar.

Separados por un cordón policial, los dos grupos estuvieron unas dos horas profiriendo insultos, sólo interrumpidos cuando los oficialistas comenzaron a cantar el himno boliviano a lo que se unieron los opositores.

Entre los oficialistas, la policía detuvo a Adolfo Cerrudo, activista conocido por haber agredido a varios periodistas y sobre el que, según los medios, pesaba una orden de aprehensión.

Leopoldo Fernández se encuentra recluido desde el 19 de septiembre de 2008 a la espera de juicio por su supuesta vinculación con los enfrentamientos violentos del 11 de septiembre de 2008 en su departamento.

Ese día, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno en varias regiones del país en un choque armado entre autonomistas y oficialistas murieron en Pando entre 13 y 20 personas, la mayoría campesinos afines al presidente Morales.

La abogada de Fernández, Sandra Almansa, dijo a los medios que su cliente sigue exigiendo un "juicio de responsabilidades" ante la Corte Suprema, a lo que cree que tiene derecho por su condición de máxima autoridad departamental cuando se produjeron los hechos. Además, la letrada denunció que "en estos 6 meses no se ha hecho ninguna actividad de investigación, lo único que se ha hecho es una serie de ilegalidades (…) tanto de jueces como de fiscales".

Por su parte, el senador por Pando Roger Pinto, de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos), afirmó de Fernández que es un "preso político y símbolo de una región que ha sido perseguida por pensar diferente".

Hasta Pando llegaron representantes de los comités cívicos de Santa Cruz y Beni para expresar su rechazo a la detención de Fernández en una concentración en la pequeña localidad de Porvenir, donde se produjo la mayoría de las muertes en septiembre pasado.

Por otro lado, la abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, descartó que la solicitud de liberación de Fernández vaya a tener efecto alguno ya que para ello se requiere una orden judicial.