Infolatam
La Paz, 3 marzo 2009
Por Horst Grebe

Después del referéndum realizado el pasado 25 de enero, Bolivia cuenta con una nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por primera vez por voto popular. Sin embargo, el país carece de un proyecto nacional consensuado que le proporcione rumbo a largo plazo y le asegure la arquitectura institucional capaz de arbitrar los distintos intereses de una sociedad económicamente heterogénea y culturalmente diversa.

Por de pronto, el texto constitucional propiamente dicho y los procedimientos mediante los cuales fue redactado, aprobado y promulgado, no han sentado las bases para que la siguiente etapa constituyente de desarrollo de leyes y reorganización de potestades y competencias en todos los niveles de la administración estatal, se cumpla a partir de un plan sistemático de transición constitucional.
Tampoco se han generado las condiciones para el establecimiento de un sistema político pluralista, idóneo para construir una mejor democracia, impulsar un genuino diálogo intercultural y sentar las bases de un modelo económico de productividad creciente y cohesión social reforzada.

Las dificultades orgánicas que se han presentado a lo largo de los años pasados en la gestión de las políticas públicas y en la propia administración del proceso constituyente, se han vuelto tanto más visibles a la hora de poner en vigencia efectiva la nueva Carta Magna.

El propio Presidente Morales ha adoptado decisiones contradictorias con la letra y el espíritu de la nueva Constitución. Tal es el caso, por ejemplo, de la conformación del nuevo equipo de ministros, muy lejos aún de satisfacer el requisito de su composición plurinacional que, en contra de todo principio de racionalidad administrativa, fue una de las banderas del Movimiento al Socialismo (MAS).
Se estima que la duración mínima de la transición constitucional podría durar entre seis a diez años, dependiendo de la capacidad legislativa de la Asamblea Plurinacional que se elegirá en diciembre del 2009.

Hasta ahora, el MAS no ha sido un partido en forma; se ha mantenido en cambio como el instrumento político de algunos movimientos sociales con intereses particulares muy concretos, pero carentes de una base doctrinal y una mínima experiencia en cuestiones de gestión estatal. Las consecuencias se están viendo precisamente ahora que es cuando los preceptos adoptados deben transformarse en leyes concretas y prácticas institucionales acordes. Es evidente que el personal encargado de tales tareas no se adiestra en las organizaciones sindicales.

Ocurre, al mismo tiempo, que las diversas fuerzas de la oposición tampoco han logrado establecer un mecanismo de coordinación y una base política capaces de contrarrestar las insuficiencias orgánicas del oficialismo. En consecuencia, existe una muy alta probabilidad de que la etapa subsiguiente a la promulgación del texto constitucional se interrumpa hasta que se elija la Asamblea Legislativa y el nuevo cuerpo de legisladores demuestre capacidad suficiente para cumplir con su compleja función legislativa.

Conviene traer a colación que, hace tiempo, el Parlamento en Bolivia abdicó su función legislativa a favor del Poder Ejecutivo, y nada hace suponer que esto cambie en el futuro. Por tanto, no es arbitrario suponer que la iniciativa legislativa en la larga transición constitucional que se anticipa, no estará en el Poder Legislativo sino en un conjunto de organizaciones formales e informales del Poder Ejecutivo.
El hecho de que los futuros asambleístas jugarán un cierto rol apenas al final del proceso, cuando se llegue a la estación de votación, es lo que precisamente permite pronosticar que la futura Asamblea Legislativa enfrentará las mismas dificultades de la pasada Asamblea Constituyente. Esta situación sólo podría evitarse si las fuerzas opositoras lograran superar, de alguna manera, su incapacidad para proponerse objetivos algo más ambiciosos que el mero bloqueo a las estrategias y políticas de los nuevos titulares del poder político en el país.

Es preciso reconocer, en este contexto, que el Presidente Morales y su partido no son los únicos responsables de las dificultades institucionales en que se debate el país en esta coyuntura. La actual fragilidad institucional y la ausencia de soportes profesionales y éticos mínimos en el ejercicio de la función pública, también es responsabilidad de las élites que en el pasado detentaron el poder y se beneficiaron de todos los privilegios imaginables. Un mínimo de ecuanimidad tiene que apuntar, también, hacia el neoliberalismo doctrinal y los estilos de conducción estatal correspondientes, que son los que iniciaron el `proceso de debilitamiento del Estado nacional, que ahora es preciso revertir.

Por cierto, la polarización impulsada desde los flancos extremos del actual espectro político, no conduce a mejorar la gobernabilidad y fortalecer la democracia mediante reformas institucionales acordes con las aspiraciones centrales de mayor justicia social en el actual proceso boliviano. Las escasas fuerzas que podrían contribuir a organizar el nuevo sistema político "desde el centro" tampoco cuentan con las condiciones mínimas para abordar esa tarea, en buena medida porque también carecen de experiencia probada en la construcción institucional desde el poder o desde el llano.

Mientras no se organicen las reservas morales e intelectuales con que ciertamente cuenta el país, Bolivia será más territorio que Estado y más demografía que sociedad, puesto que lejos estamos todavía de ver surgir acuerdos y alianzas pertrechadas de liderazgos con autoridad moral, organizaciones de masas y mecanismos de educación democrática de la gente.