Infolatam
Oxford, 1 de marzo 2009
Por Eduardo Posada Carbo

La declaración reciente sobre la "guerra de las drogas" -firmada por tres expresidentes latinoamericanos, entre otras personalidades de la región-, se ha publicado en un momento oportuno. Tras la inauguración de la presidencia de Barack Obama en los Estados Unidos, existe expectativa sobre el curso que tomará la política de drogas bajo su administración. Dentro de un par de meses, la Organización de las Naciones Unidas estará evaluando una década de implementación de la política sobre drogas adoptada en su asamblea general especial de 2008. Mientras tanto, los problemas asociados con el tráfico de estupefacientes parecen agravarse en el continente. La ocasión es pues propicia para reexaminar un tema de tanto significado, sobre todo cuando las políticas desarrolladas alrededor del mismo se ven con frustración o indiferencia a pesar de las serias dimensiones del problema.

Tal habría sido la motivación detrás de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia -una iniciativa liderada por los expresidentes Fernando Enrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), cuyos miembros se reunieron por primera vez en Río de Janeiro en abril de 2008-. La declaración de la Comisión, publicada el 11 de febrero pasado, plantea abrir el debate en términos de "romper el tabú" que suele rodear la discusión sobre las drogas. Su punto de partida es el "reconocimiento de los fracasos de las políticas vigentes" -un planteamiento crítico frente a las políticas prohibicionistas de los Estados Unidos y del sistema de las Naciones Unidas, como también de las políticas frente al consumo de drogas de la Unión Europea. "Hacia un cambio de paradigma", es el título del documento suscrito por la Comisión Latinoamericana, que además incluye notables intelectuales de la región, como Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Tomás Eloy Marínez, Enrique Santos Calderón y Moisés Naím.

¿En qué consiste el cambio de paradigma? Básicamente, la Comisión propone abordar el problema del consumo de las drogas como un tema de salud pública en vez de tratarle predominantemente como un asunto criminal. Este nuevo "paradigma" estaría acompañado de dos "directrices" adicionales: desplegar esfuerzos para reducir el consumo "mediante acciones de información y prevención", y mantener las políticas represivas contra el crimen organizado.

La Comisión advierte que su propuesta no significa "condenar en bloque" las políticas llevadas a cabo con enormes sacrificios en las últimas décadas. En materia de descriminalizar el consumo, su propuesta específica es cautelosa, al sugerir la evaluación de "la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal", tras señalar que su "enfoque no es de tolerancia con las drogas" -que éstas "provocan daños a las personas y a la sociedad". Lo que persigue es la disminución de su consumo a través de políticas alternativas, que permitan simultáneamente concentrar los esfuerzos represivos contra el crimen organizado del narcotráfico.

Tras advertir que no es su interés señalar culpables, la Comisión sí reitera el principio de la co-responsabilidad que le caben a los Estados Unidos y a la Unión Europea como países consumidores, por ser los mayores mercados para las drogas latinoamericanas. De allí las exigencias para que "apliquen políticas que efectivamente disminuyan el nivel de consumo y que reduzcan significativamente el tamaño de este negocio criminal". La declaración, sin embargo, está dirigida no tanto a los Estados Unidos y la Unión Europea como a la opinión pública y los gobiernos de América Latina.

Ni el diagnóstico ni las propuestas de la Comisión Latinoamericana Sobre Drogas y Democracia parecen ser muy novedosas. Han abundado desde antes las denuncias sobre el fracaso de la "guerra de las drogas". Se reconoce generalmente que las ambiciosas metas de "eliminar o reducir significativamente" el problema de las drogas ilícitas, trazadas por la asamblea especial de la ONU hace una década, están lejos de haberse cumplido. Las presiones para que el problema sea prioritariamente abordado desde la perspectiva de la salud pública son cada vez más crecientes. Las demandas latinoamericanas a Estados Unidos y Europa por unas políticas más intensas y efectivas frente al consumo han sido recurrentes desde hace ya mucho tiempo.

No obstante, la iniciativa misma de la Comisión es novedosa y de gran significado e importancia. A pesar de haber sufrido por décadas el problema de las drogas ilícitas, Latinoamérica no ha dado mayores muestras de articular una "visión" con la fuerza suficiente para influir en el debate internacional de manera determinante. Su posición ha tendido a ser a veces la del espectador secundario, o la del recipiente de políticas diseñadas por otros, y, de cualquier manera, fragmentada por los diversos intereses nacionales. La Comisión sugiere avanzar hacia "una sola voz" continental, una propuesta algo ingenua y sin sugerencias concretas sobre cómo diseñar una política multilateral efectiva, más allá de vagas alusiones al marco de las Naciones Unidas o de las Organización de Estados Americanos. Lo que sí es cierto es que, dadas las graves dimensiones del problema, correspondería a la región -como lo señala la declaración de la Comisión-, el llevar la delantera en proponer "soluciones innovadoras para la cuestión de las drogas".

La declaración de la Comisión es, ante todo, una invitación a la región para que se tome el tema más en serio y no deje en manos ajenas la búsqueda de la solución a un grave problema que le es propio.