Infolatam
Salamanva 18 febrero 2009
Por Manuel Alcántara

La tensión entre el estado y el mercado ha dominado la vida política a lo largo de los dos últimos siglos y es uno de los componentes clave de cualquier opción de gobierno. América Latina ha contemplado en su seno el alcance de la polaridad de este binomio pesando enormemente el mismo en el juego político de las últimas tres décadas que ha coincidido con el avance irrestricto de la poliarquía. Es un lugar común, repetido tanto por la literatura académica como por la sabiduría convencional, que tras una etapa de predominio del liberalismo económico la política en la región giró hacia un esquema de sustitución de importaciones, que algunos autores denominaron “matriz estado-céntrica”. Esta fue la época de casi medio siglo de duración en la que predominaron diferentes modelos de populismo conformando el estado nacional popular.

El agotamiento (para otros, fracaso) de este diseño abrió las puertas a un nuevo proyecto conocido genéricamente como neoliberalismo. Sin embargo, desde hace apenas un lustro las cosas parecen dar un nuevo bandazo, en el seno de un momento mundial pletórico de incertidumbre, Ahora bien, y como ocurre siempre que se intenta hablar de América Latina como un todo homogéneo, los matices nacionales permiten hoy contemplar una casuística muy variada, la dualidad a la que me refería al principio se está viendo de diferentes maneras en la clase política y en la percepción ciudadana con el consiguiente disloque de la representación política.

Diputados de doce países latinoamericanos entrevistados a lo largo de las presentes legislaturas por un equipo de investigación de la Universidad de Salamanca (Proyecto Elites Latinoamericanas) muestran un posicionamiento en torno al referido binomio levemente sesgado hacia el polo estatista (ver Elites. USAL). En efecto, a la pregunta a cerca del nivel de control de la explotación y gestión de los recursos naturales (gas, petróleo, minería) la posición media en una escala de 1 a 5 (1 significa máximo control por el estado y 5 por empresas privadas) es de 2,52. En la misma dirección su posición media es de 2,63 al posicionar su opinión en la misma escala (1 vuelve a significar el estado y 5 las empresas privadas) sobre la gestión de la prestación de servicios públicos (como el agua, la electricidad o el transporte). Sin embargo este estatismo se ve reinvertido en el autoposicionamiento sobre una pregunta más directa y genérica con relación a si la economía debe estar regulada por el Estado (valor 1 en la escala) o por el mercado (valor 5 en la escala), la media se sitúa en 3,17.

Ahora bien, los datos de Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, una encuesta realizada en 2008 a 31,470 individuos en 18 países (ver Americasbarometer) contrastan seriamente con las opiniones de sus representantes. En este caso se evidencia una posición más marcada a favor del estado. Aquí la escala aplicada es de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo) y cuando se pregunta sobre si es el estado, no la empresa privada, el principal responsable de crear empleos la respuesta promedio inclinada hacia aquél se sitúa en 5,6; mientras que la aceptación promedio es del 4,4 para la pregunta sobre si debe ser el estado, y no el sector privado, el dueño de las principales empresas. Por otra parte, el promedio de aceptación del estado como principal responsable del bienestar de la gente es de 5,5 (en la misma escala de 1 a 7) y de 5,7 la opinión favorable sobre la implementación estatal de políticas para reducir la desigualdad.

Si bien estos datos deben matizarse vinculándolos al nivel de país de las respuestas la tendencia regional parece clara toda vez que los datos individualizados nacionalmente muestran la misma inclinación. En concreto, países como Costa Rica, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Chile, Uruguay, República Dominicana, Argentina y Paraguay muestran valores muy altos (superiores a 6,0-sobre 7) evidenciando un enorme consenso a la hora de considerar que el estado debe actuar para disminuir la desigualdad. De la misma forma, en Nicaragua, Uruguay, República Dominicana, Argentina y Paraguay se da igualmente un nivel máximo de proclividad estatista a la hora de asegurar el bienestar de la gente. Estos datos proyectan un escenario donde la inclinación social a demandar una presencia clara del estado parece estar fuera de duda y pueden ayudar a entender, en términos de rentabilidad electoral, el éxito político de diferentes propuestas estatistas de los últimos años.