Bolivia: Gobierno promete sanciones drásticas a corruptos de YPFB
Infolatam
La Paz, 4 de febrero de 2009
El Gobierno de Bolivia aseguró que quienes resulten responsables del caso de corrupción descubierto en la petrolera estatal YPFB irán a prisión con “las sanciones más drásticas” sin importar de quien se trate o su militancia, pero agregó que espera que el “compañero (Santos) Ramírez” demuestre su inocencia.
Las claves
- La Fiscalía asegura haber obtenido ?información importante? en un allanamiento a la vivienda del ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
- "No vamos a preguntar apellido, amistad o color político. El corrupto tendrá que ir a la cárcel sea quien sea", dijo García Linera.
"No vamos a preguntar apellido, amistad o color político. El corrupto tendrá que ir a la cárcel sea quien sea, no nos importa. Esa es la decisión del Presidente (Evo Morales)", enfatizó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera.
García Linera admitió que en el caso "se ha cometido un daño económico al Estado, hay un asesinato, un robo y un proceso de extorsión económica que afecta al Estado boliviano. Hay corrupción". Pero también agregó que espera que el "compañero Ramírez" demuestre su inocencia, "pero lo hará desde el llano, como cualquier ciudadano, sin privilegio alguno", si bien también prometió un "castigo implacable" a quienes resulten culpables.
De su parte, el fiscal Edward Mollinedo dijo que, además del crimen de O"Connor, se investiga la adjudicación de la construcción de la planta petrolera a Catler Uniservice, compañía cuya legalidad ha sido puesta en duda durante las investigaciones.
Dijo que sobre ese acuerdo entre Catler y YPFB se investiga la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y cohecho activo y pasivo.
Este miércoles continuaron las comparecencias ante la Fiscalía de algunos de los presuntos implicados en este caso como la esposa de Ramírez, Jovanna Navía, su hermano Javier Navía y su primo Gonzalo Aramayo.
La esposa de Ramírez y diputada suplente del MAS se acogió a su inmunidad parlamentaria para no declarar ante la Fiscalía, además de presentar certificaciones sobre su embarazo que, según su abogada, recomiendan que no sea sometida a presiones con interrogatorios. Ramírez fue citado a declarar el próximo lunes ante la Fiscalía.
