Infolatam
La Paz, 25 enero 2009
Por Horst Grebe

El referéndum constitucional se ha llevado a cabo sin violencia ni mayores sobresaltos. Una vez más la población boliviana ha confirmado su enorme espíritu democrático y cívico mediante una concurrencia ordenada a las urnas. Los resultados preliminares indican que cerca de un 60% de los votos favorece a la propuesta de nueva Constitución Política del Estado emergente de un proceso irregular, primero de la Asamblea Constituyente y luego alrededor de acuerdos políticos pactados a última hora en el Congreso. Por el otro lado, el rechazo a la propuesta oficial alcanzaría el 40%.

Resulta de la mayor importancia que en cuatro Departamentos del Oriente y el Sur los resultados preliminares sean claramente desfavorables para la propuesta del Presidente Evo Morales, quien no escatimó esfuerzos para conseguir una victoria abrumadora que le viabilice su reelección en los comicios planificados para el 6 de diciembre de presente año.

Si el conteo definitivo confirmara que también el Departamento de Chuquisaca se ha sumado al rechazo de la nueva Constitución, la situación institucional del país se complica enormemente, puesto que se profundiza la división política en términos territoriales, ratificando que el Movimiento al Socialismo (MAS) es fuerza mayoritaria únicamente en el Occidente boliviano, y basa su fuerza política en la población rural y en la ciudad de El Alto.

Aún es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre los resultados del referéndum y sus consecuencias para los meses venideros. Ello no obstante, se puede afirmar que los bolivianos han adoptado una nueva Constitución Política del Estado que favorece ampliamente a las mayorías históricamente postergadas y excluidas. Al mismo tiempo se ha manifestado un rechazo general a la concentración del poder en todas sus formas, sea que se haga la lectura de la naturaleza plebiscitaria de la consulta a favor de Evo Morales o que se interprete el resultado de la pregunta sobre la extensión máxima de la propiedad agraria, que también formó parte del referéndum de este domingo. En efecto, nótese que más del 70% se ha pronunciado a favor de un límite máximo de 5.000 hectáreas.

En cuanto a las consecuencias hacia adelante, es posible anticipar que el proceso constituyente continuará bajo nuevas condiciones políticas. Mientras que esta primera etapa estuvo caracterizada por una conducción sectaria y poco inclinada a construir acuerdos con las demás fuerzas políticas, es imprescindible que en las siguientes etapas se superen las insuficiencias procedimentales, de contenido y de construcción de institucionalidad, que ocurrieron desde la instalación de la Asamblea Constituyente en 2006 hasta el referéndum de este domingo.

Las tendencias que se perfilan en el futuro inmediato se pueden describir en los siguientes términos: el proceso constituyente tendría que continuar en etapas sucesivas, cada una de las cuales será más exigente en materia de contenidos y procedimientos para la elaboración de los textos de las leyes derivadas. No se descarta incluso la posibilidad de un acuerdo para convocar a una nueva Asamblea Constituyente, dependiendo de los resultados de las elecciones generales en diciembre de 2009.

Se puede esperar una prolongada fase de inestabilidad constitucional hasta que exista un nuevo armazón de normas e instituciones que regulen las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento ordenado de la economía, la sociedad y la política en el país. Esto no será posible mientras no se instale la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya composición será a su vez la resultante del accionar de todas las fuerzas políticas y sociales en los meses venideros.

Una tercera tendencia consiste en un elevado grado de conflictos y desorden ocasionados por las asimetrías de las autonomías creadas en varios niveles, junto con los incentivos para la constitución de autonomías indígenas en los niveles municipal y regional. Por último, también se puede prever situaciones de riesgo para el orden democrático derivados de los cuatro aspectos mencionados anteriormente y de los impactos de la crisis económica que tendrá un efecto significativo en el curso de las conductas sociales y políticas de los meses venideros.

Por su carácter y orientación, la nueva CPE no proporciona mejores incentivos que los contenidos en la Carta Magna anterior para el desarrollo económico, la equidad distributiva y el uso de los recursos naturales según pautas sostenibles. En cambio, la nueva Constitución abunda en aspectos reglamentarios del régimen económico que sería preferible que se atiendan mediante leyes sectoriales y políticas públicas.

Una vez más se hace evidente que, en el país, la discusión sobre los medios sobrepasa de lejos a la deliberación de los fines y objetivos últimos de las normas superiores. Todo dependerá de la impronta que adquiera la gestión gubernamental concreta para atender la transición constitucional, la preparación jurídica y política de las próximas elecciones generales y la respuesta a los desafíos de la crisis económica en ciernes.

En todo eso, la responsabilidad no es exclusiva del Presidente Evo Morales y su partido, sino que compete también a las fuerzas políticas que se preparan para terciar en los futuros eventos electorales y tendrían que interpretar correctamente los resultados de este domingo.