Infolatam
Quito, 14 de enero de 2009
Por Simon Pachano

Rafael Correa puede celebrar sus primeros dos años en la presidencia con un balance positivo para su proyecto político. El entierro de los partidos tradicionales y, con ellos, la anulación de cualquier forma de oposición, el control de todos los poderes del Estado, la expedición de una nueva Constitución que le ofrece posibilidades de continuar por varios años más en el cargo y el apoyo masivo de la población son elementos que juegan claramente a su favor. La gran disponibilidad de recursos extraordinarios, provenientes de los altos precios del petróleo en el mercado internacional, fue el factor que configuró el ambiente favorable que no pudieron tener sus antecesores. A ello se sumó el rechazo a la vieja política, que se venía haciendo evidente por lo menos desde mediados de la década de los noventa. Para decirlo con una frase trillada, Rafael Correa estuvo en el lugar preciso en el momento indicado. 

Pero, por esas casualidades de la vida y de la política, justamente cuando inicia su tercer año las cosas han comenzado a cambiar. Tanto por la crisis mundial como por sus propios errores en la conducción económica, está comprobando en estos días que el margen de acción se ha estrechado significativamente. Esta nueva situación es una grave amenaza para la política de gasto a manos llenas y de enormes subsidios que han sido el combustible para mantener en funcionamiento a las clientelas políticas. Pero, precisamente por eso, porque allí radica el núcleo de su proyecto político, es poco probable que siga evadiendo la definición de medidas de austeridad como lo ha hecho hasta ahora. Por lo menos, se puede dar por seguro que no acudirá a ellas antes de las elecciones de abril, en que buscará la reelección. Lo que venga después dependerá en gran medida del resultado de esas elecciones, especialmente de las legislativas y municipales (ya que la presidencial parece casi definida de antemano). 

Hace pocas semanas habría sido relativamente fácil pronosticar un holgado triunfo en esas elecciones para Acuerdo País, el movimiento del Presidente. Sin embargo, ahora no se puede decir lo mismo, ya que junto al cambio en el plano económico se hace evidente también un cambio de la escena política. Por primera vez en lo que va de su gestión se han producido movilizaciones populares en oposición a sus políticas. Hasta ahora había sido el gobierno el único actor con capacidad para poner grupos de manifestantes en la calle, pero el debate de una nueva ley de minería ha sido el detonante para que ese espacio –tan apreciado dentro de la política ecuatoriana- sea ocupado por sectores de oposición. La sorpresa adicional en todo esto es que esa oposición no surge desde la derecha, sino que se sitúa a la izquierda del Presidente. Los indígenas y otros sectores que apoyaron incondicionalmente a Correa lo acusan ahora con los mismo términos que él utilizó a lo largo de estos dos años para descalificar a los escasos opositores, a los anteriores gobiernos, a los empresarios y a los medios de comunicación. 

A ellos se suman las universidades, que han comenzado a expresar su malestar por el traslado de sus recursos a la Cuenta Única del Tesoro, lo que ha sido interpretado como una limitación de su autonomía. Los profesores de la educación media se aprestan también a plantear sus reivindicaciones salariales, de la misma manera que lo hicieron ante los gobiernos anteriores, en la calle y con paralización de su servicio. Paralelamente, desde la derecha del espectro político se advierte una reactivación de los sectores empresariales, que habían permanecido en silencio o que apenas expresaron críticas aisladas a la conducción económica. A todo esto se añade el descontento ya no tan silencioso de los militares, provocado por la decisión gubernamental de reducir sus pensiones, pero también por los anuncios de compra de armamento a Irán. 

Esta nueva situación tiene como telón de fondo el enorme apoyo que mantiene Correa, que se expresa, según las encuestas, en un 70% de aprobación a su gestión. Se trata, por tanto, de un presidente que puede sentirse cómodo y confiado cuando debe enfrentar procesos electorales como el que se avecina, pero que a la vez deberá hacer frente por primera ocasión a grupos organizados que tradicionalmente han mostrado gran capacidad de movilización. 

Es poco probable que esto se traduzca en la desestabilización del gobierno, como ocurrió con los tres mandatarios anteriores, pero sí le obligará a adecuarse a unas condiciones que son radicalmente diferentes a las que le han permitido extender su luna de miel por dos largos años. Rafael Correa deberá, desde el inicio del tercer año de su “revolución ciudadana”, adecuarse a la negociación y al diálogo que impondrán los grupos organizados. Habrá que ver si está preparado para esto y si lo puede manejar con la habilidad que ha demostrado en estos dos años, cuando todo empujaba a su favor.