Infolatam
La Paz, 16 de diciembre de 2008
Por Horst Grebe

Cuando faltan apenas seis semanas para la realización del referéndum sobre la propuesta de nueva Constitución Política del Estado (CPE), elaborada en primera instancia por la Asamblea Constituyente y luego modificada por acuerdos parlamentarios peculiares, el país se encuentra sumergido en una situación que se caracteriza por profundas incertidumbres institucionales, ampliación de los escenarios de confrontación y cada vez más aguda crispación en las relaciones entre los poderes del Estado. Los abruptos cambios de humor del propio Presidente Morales contribuyen además a exasperar nuevos frentes de conflicto, que podrían poner en serio riesgo su objetivo supremo de reelección a fines del próximo año.

Ocurre, en efecto, que algunas encuestas confiables de opinión indican que la propuesta oficial de nueva CPE todavía no tiene garantizado un triunfo rotundo en términos cuantitativos (amplia mayoría en el cómputo nacional agregado) y cualitativos (voto mayoritario favorable en al menos cinco Departamentos). A lo que se añade que tampoco están aseguradas todas las condiciones para que se lleve a cabo, en términos constitucionalmente válidos, el referéndum previsto para el próximo 25 de enero.

Mientras se superan las crecientes histerias, conviene señalar que aún falta resolver la situación de la Corte Nacional Electoral (CNE), instancia que podría quedar sin el quórum reglamentario debido a la finalización del mandato de uno de sus vocales antes de fin de año. Por otra parte, tampoco existe acuerdo en el Senado para completar las designaciones pendientes de ocho miembros del Tribunal Constitucional, dos vocales de la CNE, un ministro de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República. Asimismo, en los próximos días vence el período legal del Defensor del Pueblo, institución imprescindible para todos los efectos de protección de los derechos ciudadanos ante los cada vez más frecuentes abusos y atropellos ocurridos en todo el territorio nacional.

Nada permite suponer que existan condiciones políticas para lograr acuerdos parlamentarios sobre tal cantidad de designaciones del Poder Judicial, además de que una eventual aprobación de la nueva CPE estipularía que dichos cargos deberán ser objeto de elección popular.

En segundo lugar, en todos los pasillos circula el rumor de que entre los acuerdos por bajo cuerda entre el MAS y PODEMOS, se incluyó la postergación de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta que se elija el nuevo gobierno a fines del 2009, puesto que ambas fuerzas estarían interesadas en evitar que, una vez completada la composición del mecanismo de control constitucional, éste admita recursos de amparo o emita fallos que aniquilen la constitucionalidad de los diversos referendos que se llevaron a cabo en el pasado inmediato y los acuerdos políticos concomitantes supralegales que los hicieron posibles.

Como tercer punto importante tenemos el hecho de que en las últimas semanas, el Gobierno ha ampliado el abanico de sus confrontaciones hacia la jerarquía de la Iglesia Católica y los medios de comunicación, con provocaciones que tendrán desenlaces aún inciertos en la opinión ciudadana de a pie y en el importante gremio comunicacional.

Si todo lo descrito fuera cierto, un lector avezado tendría que preguntar ¿y la oposición dónde está?, ¿qué está haciendo para aprovechar las circunstancias a su favor?, ¿qué propuestas alternativas presenta?

De cara a tales preguntas lo cierto es que, por de pronto, en Bolivia no existe una oposición efectiva, ni como bloque ni como fuerzas individuales con proyección de futuro político. Los liderazgos cívicos están amedrentados por la persecución y el acoso del Gobierno, que se ha tornado cada vez más eficaz al empujarlos hacia la ilegalidad. Los prospectos de líderes políticos nacionales alternativos siguen mirándose en el engañoso espejo de las encuestas sobre una supuesta popularidad imposible de consumarse cuando, a la hora de la verdad, los bolivianos emitan sus votos.

En todo caso, se equivocan todos aquellos líderes opositores que apuestan a que su principal aliada será la crisis económica general. Es cierto que la caída de precios de los minerales ya ha ocasionado el cierre de operaciones de un importante número de empresas y cooperativas mineras en el Departamento de Potosí, y se anticipa también que las remesas de los trabajadores emigrados podrían reducirse en una proporción importante. Sin embargo, la estimación de tal impacto sobre el voto emitido en las urnas, tiene que tomar en cuenta el enorme grado de informalidad que caracteriza a la economía boliviana; el hecho de no regirse por la legislación vigente sino por la situación de los mercados que atienden, representa una útil coraza para estos electores.

Y para mayor abundamiento, el Estado ha acumulado un monto muy elevado de reservas monetarias y dispone de una importante holgura fiscal, lo que le proporciona todos los requisitos para llevar a cabo un manejo prudente y equilibrado de las políticas monetarias y fiscales en la primera mitad del próximo año, segundo elemento que podría atenuar los efectos de la turbulencia económica externa.