CEPAL
Santiago, 10 de diciembre 2005

En el capítulo sobre pobreza se presentan las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, que indican que en 2007 un 34,1% de la población se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. Así, el total de pobres alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes. También se señala que continuó la tendencia descendente desde 2002, con caídas que significaron 37 millones menos de pobres y 29 millones menos de indigentes. Sin embargo, el alza del precio de los alimentos de 2007 (y parte de 2008) habría impedido que ese año unos 4 millones de personas saliesen de la situación de pobreza e indigencia, contrarrestando parcialmente los avances logrados en
términos de crecimiento y distribución de los ingresos. No obstante, hasta 2007 América Latina se encontraba bien encaminada para cumplir con la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Asimismo, en el capítulo se analizan los factores asociados con la reducción de la pobreza.

Por una parte, la región sigue cargando con el estigma de ser la más desigual del mundo y persiste una notable disparidad distributiva, ya que el ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo decil supera por alrededor de 17 veces al del 40% de los hogares más pobres. Sin embargo, la mayor parte de los avances registrados en el período 2002-2007 obedece a un incremento de los ingresos medios de los hogares más pobres, principalmente los ingresos del trabajo.

En el marco de las disparidades sociales se consideran las percepciones que tienen sectores con distinto nivel socioeconómico respecto de su condición de exclusión e inclusión. En general, se observa que los latinoamericanos perciben que la inclusión social se relaciona con tener una profesión, contar con ingresos propios, tener una propiedad y disponer de educación superior, hablar un idioma extranjero y usar un computador. Por otro lado, las percepciones y sentimientos de soledad, impotencia y desorientación son mayores entre quienes residen en hogares con menos bienes y que tienen menores niveles educativos. En todo caso, las percepciones y sentimientos de exclusión no disminuyen sustancialmente las expectativas de movilidad social, que se vinculan más con las percepciones sobre el futuro de la economía.

En esta ocasión cabe destacar que, entre 1990 y 2002, algunos países enfrentaron dificultades para reducir la pobreza. El punto de partida de 1990 fue elegido para la medición de los avances de los países en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el año 2002 refleja las consecuencias del estancamiento económico mundial de comienzos del nuevo siglo y la crisis económica que afectó principalmente a la Argentina y el Uruguay.

Sin embargo, en el quinquenio pasado (2003-2007) se registró el mayor crecimiento del PIB por habitante desde los años setenta en América Latina, que superó el 3% anual. Para 2008 se prevé un crecimiento aún positivo pero menor, debido a la reciente irrupción de la crisis financiera internacional. La menor demanda de los bienes que exporta América Latina, la disminución de las remesas de los migrantes y el limitado acceso al crédito son tan solo algunos factores que afectarán negativamente la demanda agregada de los países de la región. Las limitaciones del mercado financiero internacional y particularmente la falta de liquidez constituirán obstáculos adicionales al mantenimiento del ritmo de crecimiento alcanzado en el último quinquenio.

En 2009 esta desaceleración tendrá efectos sobre la dinámica de la pobreza que posiblemente prolonguen el comportamiento menos favorable que ha comenzado en 2008 en comparación con el período 2003-2007, en que se registró un descenso significativo en la región. Si bien, según las proyecciones más recientes, la incidencia relativa de la pobreza en 2008 habría seguido bajando, aunque a un ritmo menor que en años anteriores, lo cierto es que habría crecido levemente el número absoluto de pobres extremos o indigentes. Esto se debe principalmente a que, ya a mediados de 2008, fundamentalmente por el alza de los precios de los alimentos, aunque también del petróleo, la indigencia habría aumentado ligeramente, cerca de 0,43 puntos porcentuales. Es evidente que los alimentos ocupan un lugar preponderante en la canasta básica de consumo, sobre todo en los hogares más pobres. Aunque los precios internos de alimentos y combustibles han dejado de subir, cabe prever un comportamiento aún menos favorable de la situación de la pobreza el año próximo, debido al menor crecimiento que experimentaría la región a causa de la crisis financiera internacional actual.

En general también cabría esperar que el empleo agregado se estanque o incluso disminuya durante 2009 y que las remuneraciones reales se mantengan, en promedio, sin variaciones o disminuyan en alguna medida. Tampoco son optimistas las previsiones sobre la distribución de este deterioro del ingreso de los hogares, que se concentraría en los trabajadores por cuenta propia y los asalariados precarios, cuyos empleos suelen ser más sensibles al ciclo económico. En este contexto, es probable que la pobreza y la indigencia crezcan, lo cual, si bien en una magnitud leve, extendería el comportamiento negativo que ya se habría iniciado en 2008.

Este panorama general presentaría diferencias según los grupos de países. Entre los más afectados estarían los países que dependen más de las remesas o tienen una conexión más directa con el mercado de los Estados Unidos, así como aquellos cuyas estructuras de exportaciones son menos diversificadas y se concentran en bienes cuyos mercados han sido
más golpeados por la crisis.

En el capítulo sobre el empleo se señala que el desempleo en América Latina sigue siendo elevado y, hacia 2006, superaba por 2,4 puntos porcentuales el nivel de 1990. Sin embargo, desde 2002 las tasas de desocupación bajaron en la gran mayoría de las áreas urbanas de los países de la región. No obstante, persisten fuertes inequidades, que en este caso se expresan en mayores tasas de desempleo entre los pobres, las mujeres y los jóvenes, lo que en parte se debe a que la tasa de participación de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, sigue aumentando (54,2% en 2006), mientras que la de los hombres se ha mantenido estable (78,9%), disminuyendo incluso entre los más jóvenes, aunque levemente.

La precariedad en los mercados de trabajo de la región está altamente correlacionada con el empleo en sectores de baja productividad, que es por lo general de mala calidad y se caracteriza por la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones y la falta de acceso a la seguridad social, lo que se ha denominado informalidad laboral. En las áreas urbanas de América Latina, en 2006 el porcentaje de trabajadores informales era de un 44,9%. Preocupa sobre todo la alta proporción de mujeres urbanas ocupadas en sectores de baja productividad (50,7%), en comparación con los hombres (40,5%).
En particular, en el capítulo se realiza un examen de la nueva meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que plantea "lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes", y se destaca que entre 1990 y 2006 la tendencia regional de tres de los cuatro indicadores para monitorear la meta ha sido favorable: la productividad laboral y la tasa de ocupación han crecido y ha disminuido la pobreza entre los ocupados. Sin embargo, la vulnerabilidad de los trabajadores -medida como proporción de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados en el total de ocupados- se ha mantenido estable.

Por último, se señala que es imperativo mejorar la calidad de la inserción de la fuerza laboral, sobre todo de los más pobres, en el mercado de trabajo. Esto incluye proporcionar mejores salarios, contratos estables, condiciones de trabajo seguras, acceso a los sistemas de salud y afiliación y aporte a los sistemas de previsión social. Tales avances son decisivos para reducir tanto la pobreza como la desigualdad del ingreso. Una dimensión que debe tenerse en cuenta para determinar futuras oportunidades de desarrollo social es el escenario que abren las transiciones demográficas. En esta edición
del Panorama social de América Latina se incluye un capítulo en que se evalúan las ventajas que ofrece el bono demográfico, que beneficia a todos los países de América Latina. Dicho bono supone una proporción más favorable entre la población en edad productiva y la población en edad dependiente (niños y personas mayores). Tal situación tiene fecha de término cuando aumenta considerablemente la población de mayor edad. Se destaca al respecto la heterogeneidad del avance demográfico, pues para algunos países la ventana de oportunidades está finalizando mientras que para otros recién comienza.

En este sentido, en la mayoría de los países ya se observa claramente un impacto demográfico positivo en el sector educativo, pues en las próximas décadas continuará bajando la demanda de educación primaria (por el descenso relativo y absoluto de la población infantil) y empezará a reducirse la demanda de educación secundaria (por el descenso relativo y luego absoluto de la población adolescente). Durante este período se abre la oportunidad para que los gobiernos se planteen metas ambiciosas a fin de aumentar los niveles de cobertura y calidad del ciclo educativo secundario.

Sin embargo, como se señala en esta sección del informe, los beneficios derivados de este período no se apreciarán de manera automática; dependen de la adopción de políticas macroeconómicas que incentiven la inversión productiva, aumenten las oportunidades de empleo y promuevan un ambiente social y económico estable, propicio para un desarrollo sostenido. Dependen también de un esfuerzo especial en materia de políticas educativas e inversión en educación, que anticipen oportunamente los efectos virtuosos del bono demográfico, sobre todo para extender la matrícula secundaria, aumentar la calidad de la oferta pública y apoyar a los sectores de menor capital educativo para mejorar su aprendizaje efectivo y su progresión y egreso del ciclo secundario.

La agenda social de esta edición se centra en el tema de la violencia juvenil y familiar en América Latina. Se destaca que la violencia desde y hacia los jóvenes tiene múltiples formas de expresión, que incluyen la violencia autoinfligida, la violencia delincuencial, la violencia asociada al crimen internacional (narcotráfico), la violencia doméstica y la violencia territorial. Tal violencia se nutre, a su vez, de diversas formas de exclusión social y simbólica en la juventud, como la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso al empleo, la desafiliación institucional, las brechas entre el consumo simbólico y el consumo material, la segregación territorial, la ausencia de espacios públicos de participación social y política y el aumento de la informalidad.

Las autoridades de gobierno consultadas en esta ocasión, a las que les cabe enfrentar los problemas de violencia juvenil, señalan que el principal problema de violencia que enfrentan es la delincuencia, las pandillas, la violencia callejera y el porte de armas que afecta a determinadas zonas urbanas de varios países de la región latinoamericana. Preocupa especialmente la articulación de las pandillas juveniles con el consumo de drogas, el narcotráfico y el tráfico de personas. Por otra parte, las autoridades consultadas destacan la violencia intrafamiliar, en la pareja e intergeneracional. Aun cuando la denuncia de la violencia de género ha aumentado, persiste una grave desprotección para los niños y jóvenes que sufren abusos. También son relevantes las conductas violentas autoinfligidas o las vinculadas al consumo de alcohol y drogas.

En la región latinoamericana se han establecido diversos enfoques de prevención de la violencia juvenil. Entre ellos se encuentran el enfoque de riesgo, el de seguridad ciudadana, el de la teoría del tratamiento de conflictos y el enfoque de derechos. Sin embargo, se requiere un abordaje integral a cargo de las instituciones gubernamentales y políticas que respalden y articulen las iniciativas provenientes tanto de tales instituciones gubernamentales como de las no gubernamentales. Los expertos recomiendan que las políticas orientadas a la reducción de la violencia sean específicas, concertadas, descentralizadas y participativas. Además, formulan medidas de carácter preventivo primarias, junto con una adecuada reinserción social para los jóvenes rehabilitados.

Por último, en la sección sobre la agenda internacional se hace referencia a los acuerdos de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo tema central fue "Cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica", celebrada en Santiago en noviembre de 2007.