Infolatam
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008

La iniciativa fue aprobada con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, tras un debate de seis horas y media en el que el oficialismo hizo pesar su mayoría. El proyecto propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación".

La declaración también alcanza al resto de las compañías controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa). De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5 por ciento) y de los casi 9.000 trabajadores de la firma a través del Programa de Propiedad Participada (0,59 por ciento).

En el debate, las principales fuerzas de la oposición se manifestaron a favor de la "recuperación" de la empresa, pero no de que la compañía sea expropiada en su conjunto. La oposición defendió la expropiación solo de aquellos activos utilizables, para que el Estado no se haga cargo de la pesada de deuda de Aerolíneas, cercana a los mil millones de dólares.

"Estamos asumiendo una deuda fenomenal que el pueblo argentino no contrajo y que es por lo menos fruto de un manejo brutal empresarial y de la incapacidad brutal de control a la empresa", dijo el diputado Jorge Sarghini, del peronismo disidente. "Esta operación es ruinosa para el gasto público del país", coincidió el radical Oscar Aguad, que destacó que la empresa tiene un déficit operativo de 50 millones de dólares mensuales.

Finalmente, el oficialismo introdujo en el proyecto original un artículo que aclara que el Estado sólo se hará cargo de las "deudas legítimas", que deberán ser identificadas y diferenciadas de las "ilegítimas" generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.

Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", señala el proyecto, que podría debatirse en el Senado dentro de 15 días.