Infolatam
Bogotá, 17 de noviembre de 2008

El estado de emergencia le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros confiados a esas empresas.

Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron los cuatro primeros decretos, entre ellos uno que eleva a 20 años de cárcel el castigo al delito de recaudación masiva de dineros, que antes era penado con hasta seis años de prisión. Otro decreto faculta a los alcaldes y gobernadores para que cumplan funciones de policía y puedan cerrar establecimientos donde detecten que se capte dinero ilegalmente.

''Con la incautación de bienes y dinero (de las empresas cerradas)… la idea entonces es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros'' a los clientes, indicó Valencia. El ministro no dijo de inmediato cuánto dinero pensaban que podían decomisar en esas empresas cerradas ni cuántos clientes estarían afectados o habrían perdido dinero en ellas y pidió al público respaldar las medidas y tener "mucha calma".

El fenómeno de las "pirámides" entró en crisis en Colombia la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento, dejando estafados a los clientes.

Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares y quebraron al no poder cumplir su oferta. En varias ciudades del país hubo que decretar el toque de queda para contener los disturbios de los estafados, que dejaron tres muertos, y el viernes pasado renunció el superintendente financiero, César Prado.

El presidente Uribe, había anticipado el viernes y sábado que se emitirían medidas especiales para detener esas firmas captadoras de fondos y pedido abandonar la "cultura mafiosa del enriquecimiento fácil". El ministro del Interior pidió aprender la lección: "no podemos patrocinar nada ilegal. Siempre eso termina mal, como terminó en muchas partes del mundo donde se dieron estas 'pirámides'", puntualizó, en alusión a la quiebra de Albania.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, explicó en la misma rueda de prensa que a los afectados con las pirámides les será ''devuelto máximo el capital aportado'' inicialmente, sin reconocer ningún interés. La devolución del dinero será inversamente proporcional a la cantidad invertida, es decir, quienes más invirtieron tendrán menos posibilidad de recuperar su capital, añadió.