Semana
Bogotá, 16 de noviembre de 2008
Por Alfredo Rangel

"Desde el punto de vista estrictamente económico, algunas de las mal llamadas pirámides son tal vez la expresión más 'benigna' del lavado de recursos del narcotráfico. Son una especie de redistribución masiva de parte de los enormes ingresos de esa actividad ilícita entre centenares de miles de personas. Su modalidad comercial incrementa el consumo de productos de empresas legales, beneficia la generación de empleo y, por tanto, aumenta los ingresos fiscales del Estado. Hay otras formas más perversas de lavado de dinero como son el contrabando, que arruina la industria nacional, destruye empleos y, al no pagar impuestos, reduce los ingresos fiscales. O la masiva inversión inmobiliaria, que distorsiona el mercado, produce inflación de precios de la vivienda y, a la larga, ocasiona burbujas especulativas que cuando estallan causan graves daños sociales.

Obviamente, frente a las pirámides las autoridades se ven ante complicados dilemas éticos y legales. No pueden dejar de perseguirlas, puesto que su músculo financiero proviene de una actividad ilícita. Actividad esta que, dicho sea de paso, presenta situaciones muy paradójicas: la siembra de coca es un delito, pero los productos derivados de la coca se venden legalmente en las tiendas naturistas, así como se sospecha su uso en la elaboración de cierta afamada bebida gaseosa. Pero, con la dimensión que ha alcanzado el fenómeno, perseguir las pirámides y cerrarlas se ha convertido en un problema social y de orden público que se ha vuelto explosivo. Las asonadas, los motines con heridos y homicidio incluidos, que obligaron a las autoridades a imponer toque de queda durante varios días en diversas poblaciones, en última instancia se originaron por la acción de control sobre una de esas pirámides por parte de las autoridades.

Porque, a pesar de lo tardío de su actuación, es hasta cierta medida injusto acusar a las autoridades de inacción o pasividad frente al fenómeno, puesto que, a pesar del ensañamiento de los medios contra el Ministro de Hacienda, el Superintendente Financiero y el Fiscal General, es evidente para cualquier observador desapasionado que fue precisamente la inminencia de la acción de las autoridades lo que llevó a los directivos de DRFE a tomar la decisión de cerrar sus oficinas, suspender sus pagos y levantar el negocio, con lo cual decenas de miles de ciudadanos vieron amenazada la recuperación de sus inversiones en esa empresa. La cruda conclusión es que es probable que esa situación calamitosa no se habría presentado si la acción de las autoridades de control no hubiera llegado hasta donde llegó. Así pues, inacción y pasividad no ha habido, falta de diligencia, sí…".

Extracto del artículo publicado por la revista Semana