Infolatam
Bogotá, 3 de noviembre de 2008

La reunión tenía el propósito de negociar una agenda de cinco puntos propuesta por los aborígenes, en la que se incluían la situación de los derechos humanos y la crisis humanitaria que viven los pueblos nativos debido a los desplazamientos originados por el conflicto armado.

El debate y la movilización continúan porque no hay nada claro. "Continuaremos debatiendo", indicó Aida Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, a lo que el presidente Uribe dijo que "el Gobierno acepta que continúe el debate".

Uribe, que aceptó que parte de su seguridad personal estuviera a cargo de la Guardia Indígena (que no está armada), dijo que para los aborígenes es mejor tener un gobierno que les diga la verdad, aunque no les guste en muchos aspectos, "pero que no les engañe".

Puntualizó que como presidente de Colombia no podía, por salir del paso, comprometerse "con obligaciones que no se puedan cumplir". En cuanto a las denuncias de las comunidades indígenas sobre violación de los derechos humanos, el presidente pidió al Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, que intervenga en la situación y ordenó a la Fiscalía General de la Nación que las investigue.

Uribe remarcó que en su gobierno pasó de hablar del asunto de los derechos humanos a defenderlos. "A este gobierno no le tiembla la mano para proteger los derechos humanos", puntualizó. Los indígenas reiteraron su oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC), pues a su juicio permitiría la llegada de las multinacionales, que explotarían las riquezas naturales sin contar con ellos.

En cuanto a la solicitud de retirar a la fuerza pública de estos territorios, Uribe insistió en que mientras él sea presidente "no hay un solo sitio de Colombia excluido para la Fuerza Pública". Enfatizó en que el Gobierno acepta la protesta social, pero ratificó que sin violencia, pues "no vamos a permitir que se bloqueen carreteras".