La Nación
Buenos Aires, 2 de noviembre 2008
Por La Nación (Argentina)

"El mismo día en que se conoció la decisión del juez norteamericano Thomas Griesa de congelar fondos de las administradoras de fondos de jubilaciones argentinas en los Estados Unidos, con el fin de preservar los derechos de bonistas que demandaron al Estado nacional por el no pago de su deuda, tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como su esposo salieron a desmentir que el proyecto de reforma previsional que impulsan constituyera una "estatización".

… Lamentablemente, los Kirchner han hecho del doble discurso una estrategia central en su proceso de acumulación de poder. Más de una vez, por ejemplo, se han declarado partidarios de la discusión de ideas. Sin embargo, a lo largo de más de cinco años en el gobierno, apenas hubo una conferencia de prensa armada más o menos seriamente y jamás convocaron a un diálogo genuino a sectores de la oposición. La verdadera discusión de ideas no puede darse desde un atril enfocado por las cámaras de televisión, sin derecho a la pregunta.

El matrimonio gobernante también habló en muchas ocasiones de la política de la no impunidad, sin aclarar que procuraron dejar fuera de la revisión de nuestro pasado trágico a muchos asesinos que actuaron desde la clandestinidad, o que aquella lucha contra la impunidad excluye a quienes toman comisarías o hacen apología del delito cuando ocupan cargos gubernamentales o son financiados por el oficialismo.

Más de una vez, quienes ocupan hoy la Casa Rosada hablaron de la importancia del federalismo y de que exista un país cada vez más federal. No obstante, pocas veces se vio tamaña concentración de recursos que no se coparticipan con las provincias en manos del gobierno nacional. La presidenta de la Nación controla actualmente alrededor del 70 por ciento del total de lo recaudado y esto hubiese sido más grave si se aprobaba el proyectado aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas. El federalismo se proclama, pero no se ejerce.

Del mismo modo, el papel del Congreso de la Nación en la política tributaria y en la confección del presupuesto, al menos en los últimos años, ha sido más que limitado. Porque mientras la Presidenta insiste en su compromiso con la calidad institucional, los congresistas del oficialismo continúan delegando facultades legislativas, expresamente prohibidas por la Constitución, al Poder Ejecutivo.

Desfigurar la realidad, engañar a la población sobre los reales propósitos de una iniciativa legal, ocultar actos y sus consecuencias -el destino de los fondos de Santa Cruz, por ejemplo-, difundir las escandalosas cifras del Indec, efectuar promesas vacías de contenido, manosear determinadas informaciones con objetivos meramente electorales y disfrazar el pasado constituyen diferentes formas de mentira. Y faltar a la verdad desde un cargo público equivale a un abuso de poder y a un fraude político, que tarde o temprano, será castigado por la ciudadanía".

Extracto del editorial publicado en La Nación (Argentina)